ARGENTINA

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Argentina tiene un poco de respiro en el caso de YPF, al conseguir una orden judicial que impide a los acreedores ─cuyo reclamo judicial es por 16.100 millones de dólares contra YPF─, obtener información sobre los activos pasibles de embargo hasta que un tribunal federal de apelaciones de Nueva York se pronuncie sobre la impugnación del laudo por parte del país.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos suspendió el miércoles los esfuerzos de Burford Capital, para obtener las comunicaciones de funcionarios argentinos ─actuales y anteriores─, así como para recabar pruebas relacionadas con la ubicación de los lingotes de oro que el banco central del país trasladó al extranjero.

La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska dictó sentencia a favor de los antiguos accionistas de YPF en 2023, cuyo monto, con intereses, ha superado los 18.000 millones de dólares. La jueza determinó que sus derechos fueron vulnerados durante la nacionalización de la petrolera por parte del gobierno argentino en 2012.

Argentina argumentó que Preska no debió haber dictado sentencia en este caso, ya que se rige por la legislación argentina. Los demandantes alegan que los inversionistas no habrían comprado acciones de YPF si hubieran creído que su único recurso sería ante un tribunal argentino.

Durante las audiencias orales de la apelación en octubre pasado, dos miembros del panel de tres jueces del tribunal de apelaciones expresaron escepticismo sobre la decisión del caso por parte de un tribunal estadounidense. El fallo del Segundo Circuito sobre la apelación de Argentina podría llegar en cualquier momento.

Mientras tanto, los demandantes han tenido dificultades para cobrar la sentencia. Han intentado embargar la participación del gobierno argentino del 51% en YPF. La jueza Preska ordenó a Argentina entregar las acciones, pero su fallo fue suspendido por el Segundo Circuito y es objeto de una apelación aparte.

En una declaración del miércoles, el presidente Javier Milei celebró la suspensión del proceso de presentación de pruebas como «un logro histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de 12 años, ha supuesto un enorme costo económico, judicial y reputacional para el país».

Burford y los demandantes no hicieron comentarios de inmediato.

La sentencia representa una suma enorme para un país que enfrenta problemas crónicos para acumular reservas de divisas y mantener su solvencia. Incluso bajo el mandato del liibertario Milei, quien busca reincorporar a Argentina a los mercados de bonos internacionales tras varios años de ausencia, el país ha luchado con uñas y dientes contra este caso.

La posición fiscal argentina se ha visto fortalecida por el presidente estadounidense Donald Trump, quien, respaldando su afinidad personal con Milei, le otorgó una línea de crédito de 20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense el año pasado, antes de unas cruciales elecciones de mitad de mandato. Milei ha amortizado los 2.500 millones de dólares que activó mediante el swap, aunque las condiciones para su uso futuro aún no están claras.

Burford esperaba que la sentencia pendiente complicara los planes de Argentina para regresar a los mercados de capitales internacionales, obligando al gobierno a llegar a un acuerdo. Argentina ya había resuelto las demandas de Paul Singer, de Elliott Management, quien compró bonos argentinos en mora y luego libró una batalla legal de 15 años para obtener un acuerdo de 4.600 millones de dólares.

Milei viajó a Nueva York la semana pasada para promover las inversiones en Argentina, pero ha decidido suspender su plan de acceso a los mercados en 2026, lo que genera dudas sobre cómo el gigante sudamericano afrontará el pago de 15.000 millones de dólares en servicio de la deuda este año, incluyendo 4.200 millones de dólares en bonos globales que vencen en julio.

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