ARGENTINA

Lectura: 5 minutos

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, revocó la sentencia de un tribunal de distrito en el prolongado juicio por la expropiación de la petrolera estatal YPF.

Argentina está exenta de pagar una suma superior a los 16.100 millones de dólares a Burford Capital, un fondo de inversión británico que demandó al país en 2015. En 2023, la jueza Loretta Preska de Nueva York dictaminó que Argentina había incumplido su contrato.

En una sentencia de 56 páginas publicada el viernes, a la que tuvo acceso el Herald, el tribunal declaró que la demanda de Burford Capital, basada en los estatutos de YPF, estaba desestimada por la legislación argentina sobre expropiaciones.

Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford, calificó la sentencia de «obviamente muy decepcionante y un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York».

En un comunicado, afirmó que, «a menos que los demandantes logren revocar esta lamentable decisión del panel», la firma podría recurrir al arbitraje de tratados de inversión, un mecanismo que permite a los inversores extranjeros demandar directamente a los Estados anfitriones por incumplimientos de tratados internacionales ante tribunales independientes.

Las acciones de Burford cayeron un 40% tras hacerse público el fallo.

«Actualmente, el negocio de Burford se basa en una amplia cartera de asuntos, además de YPF. Este negocio principal sigue teniendo un sólido desempeño», declaró.

Las acciones de YPF subieron más del 5%.

Burford indicó que el fallo es «lo suficientemente extraordinario como para que preveamos que los demandantes solicitarán una nueva audiencia en pleno ante el Segundo Circuito, aunque estadísticamente el Tribunal rara vez concede tales solicitudes». En pleno significa una sesión en la que todos los jueces de un tribunal se reúnen para escuchar un caso, y no solo un panel.

Tras esta decisión, la firma «considerará otras medidas, incluyendo la posibilidad de solicitar una nueva revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos». El Tribunal Supremo debería admitir primero el caso.

El caso

El caso se remonta a 2012, cuando el Congreso argentino expropió el 51% de las acciones de YPF a la multinacional española Repsol, que era la accionista mayoritaria en ese momento, otorgando al Estado el control mayoritario de la empresa.

Argentina expropió la empresa sin realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, tal como lo exigen los estatutos de YPF.

En 2015, Burford Capital demandó a Argentina ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York tras adquirir el derecho a litigar en nombre de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos empresas pertenecientes a la familia local Ezkenazi, propietaria de parte de las acciones restantes.

Obtuvieron los derechos de litigio financiando la demanda para Armando Bentacor Álamo, el administrador concursal designado por el tribunal para las empresas Petersen.

El año pasado, Preska incluso ordenó a Argentina entregar sus acciones de YPF como pago parcial a los demandantes.

El fallo del tribunal de apelaciones concluyó que las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato contra la República no son admisibles conforme a los códigos civiles y la legislación pública argentina en materia de expropiación.

El gobierno estadounidense ha respaldado consistentemente a Argentina en este caso. Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. apoyó una moción de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de presentación de pruebas, considerándolo excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía y reciprocidad internacionales.

Burford intentaba obtener comunicaciones de funcionarios argentinos con el fin de encontrar activos que pudiera embargar como pago parcial por el juicio.

Reacciones políticas

El presidente Javier Milei celebró el fallo durante un acto en el centro de formación del Ministerio de Capital Humano.

«Hemos vencido a Burford en Estados Unidos», declaró. Agradeció al director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, y a la Fiscalía del Tesoro.

«Hemos logrado evitar que Argentina tenga que pagar 18.000 millones de dólares», afirmó, refiriéndose al capital y los intereses que el juez Preska también ordenó pagar al país.

El presidente añadió: «Como soy Milei, lo diré a mi manera. Tuvimos que intervenir y arreglar el desastre que dejó ese inútil, idiota e incompetente [Axel] Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y encarcelada [expresidenta] Cristina Fernández de Kirchner».

Kicicillof, líder peronista y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de la toma del poder por las YPF como viceministro de Economía en 2012. Muchos lo consideran ahora el principal rival político de Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

A lo largo de los años, los distintos gobiernos nacionales mantuvieron la misma estrategia legal, sin cambiar el bufete de abogados que representaba al país: Sullivan & Cromwell LLP.

Sebastián Soler, quien se desempeñó como fiscal adjunto de Hacienda durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023), señaló que existe consenso político en que la renacionalización de YPF benefició al país, pero que algunos insistieron en que la empresa fue «expropiada indebidamente».

«A partir de hoy, no pueden decirlo», afirmó en una publicación en X.

«El caso se ganó porque la expropiación se llevó a cabo correctamente, en cumplimiento de las únicas leyes que importan: las de nuestro país», escribió. «Y porque, a pesar de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que la defensa argentina ya había planteado durante la administración anterior».

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó en una publicación de X que Sullivan & Cromwell LLP «respaldó los argumentos legales de Argentina de que las disposiciones de los estatutos de una corporación no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país».

Agregó que la posición de Argentina fue respaldada por el gobierno de Estados Unidos, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas.

«También es evidente que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, iniciado en 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene un superávit de miles de millones de dólares en su balanza energética», concluyó.

Otro artículo de interés: Tribunal de Apelaciones da respiro a YPF