Crisis diplomática de Argentina con Venezuela

VENEZUELA

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Canciller de Argentina, Diana Mondino (extracto) / Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Presidencia de la Nación)

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El Gobierno de Javier Milei denunció este martes que la dictadura de Nicolás Maduro cortó la luz en la residencia oficial de la Embajada argentina de ese país en Caracas tras acoger a varios opositores perseguidos por el régimen chavista.

En un comunicado, firmado por la Oficina del Presidente, se explicó que el lunes 25, mientras Maduro inhabilitaba a toda la oposición de competir en las elecciones de este año, se registró el corte del suministro eléctrico en la Embajada.

«La República Argentina manifiesta su preocupación por el incidente ocurrido ayer, que resultó en la interrupción del suministro eléctrico en la residencia oficial en Caracas», reza el comunicado del presidente Javier Milei.

La presidencia advirtió al régimen venezolano «sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección».

Argentina le recordó a Maduro sus obligaciones en base a la Convención de Viena, y también señaló a Venezuela que es su deber «resguardar» estas instalaciones diplomáticas o enfrentar las consecuencias.

«El presidente Javier Milei insta al socialista Nicolás Maduro a asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo», aseguró.

Esta decisión ha sido adoptada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a instancias de la canciller, Diana Mondino. Las autoridades argentinas han confirmado que varios disidentes venezolanos se encuentran refugiados en su Embajada en Caracas en medio de las tensiones a nivel político.

Además, el gobierno argentino reiteró su «inquietud ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución contra figuras políticas de Venezuela».

El Gobierno de Milei no reveló la identidad de los opositores que están resguardados en la Embajada, pero según el diario La Nación, que consultó a fuentes de la Cancillería, se encuentran importantes dirigentes de la oposición al régimen chavista.

Dentro de la Embajada de Argentina en Venezuela se encontrarían Magalí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu y Omar González, todos pertenecientes al partido Vente Venezuela, de María Corina Machado. Estos dirigentes están con un pedido de captura por la dictadura.

Corina Machado, quien había sido elegida como candidata de la oposición en unas primarias, no ha podido presentarse luego de que Maduro la inhabilitara a presentarse a elecciones. Tras ello, Machado optó por impulsar la candidatura testigo de Corina Yoris, pero ella tampoco ha podido presentar formalmente su candidatura antes de que venciera el plazo.

Quien sí ha podido presentar su candidatura fue Eduardo González Urrutia como aspirante de Mesa de la Unidad Democrática, absorbida por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y se espera un acuerdo con Maria Corina Machado para formalizar una candidatura.

Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei respondió a la prohibición impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro, la cual impide que los aviones argentinos sobrevuelen el espacio aéreo venezolano, con una medida diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Argentina ha iniciado acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, liderado por el dictador Maduro, en reacción a su decisión de prohibir el sobrevuelo de aeronaves argentinas en su espacio aéreo. Esta medida, además de ser perjudicial para nuestro país, se considera un acto de extorsión por parte de Venezuela», afirmó el portavoz.

«Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo», completó Adorni, quien contó los hechos en su conferencia diaria y no tuvo pudor de llamar a Maduro por lo que es, un dictador asesino que no gana una elección democrática hace más de una década.

La decisión de Caracas, explicó Adorni, está vinculada al caso del avión Boeing 747 venezolano que fue retenido en Argentina desde junio de 2022 y recientemente enviado a Estados Unidos en febrero, para su investigación en relación a posibles vínculos con el terrorismo iraní.

Aunque las cuestiones específicas de las acciones diplomáticas no fueron detalladas, fuentes han confirmado que Argentina presentó una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo, expresando su descontento por la suspensión de los permisos de sobrevuelo para las aerolíneas argentinas en el espacio aéreo venezolano.

En dicha nota, Argentina anunció su intención de tomar medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debido a la violación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como Convenio de Chicago (1944), por parte de Venezuela.

El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que en su momento fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y luego pertenecía a Emtrasur, una filial de la aerolínea venezolana Conviasa, fue confiscado en Argentina en junio de 2022 debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos al terrorismo. En febrero de este año, el avión fue enviado a Estados Unidos en respuesta a una solicitud de decomiso.

La tripulación, compuesta por cinco iraníes y catorce venezolanos, que había llegado a Argentina en junio de 2022, fue inicialmente detenida por la justicia argentina, pero posteriormente puesta en libertad debido a la falta de evidencia sobre su presunta participación en actividades terroristas.

El avión, que había llegado a Argentina desde México y había hecho una escala en Venezuela, intentó partir hacia Uruguay dos días después de su llegada a Argentina para cargar combustible, pero fue obligado a regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires debido a la negativa de Uruguay a permitir su aterrizaje, y fue incautado por la Justicia argentina.

La reclamación de Estados Unidos se basa en el hecho de que una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio transfirió el avión, de fabricación estadounidense, a un tercero, lo cual está prohibido según las sanciones impuestas.

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