INTERNACIONAL
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La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, anunció el sábado que vetó la controvertida ley de «influencia extranjera» que provocó protestas masivas en ese país del Cáucaso.
«Hoy, veto […] la ley, que es esencialmente rusa, y que contradice nuestra Constitución», declaró por televisión Zurabishvili, una dirigente proeuropea enfrentada al partido gobernante, aludiendo al texto aprobado esta semana por el Parlamento y que sus críticos compararon con la legislación rusa destinada a acallar las voces disidentes.
«Esta ley no puede ser objeto de ningún cambio, mejora o embellecimiento, por lo que es un veto muy simple. Esta ley debe ser revocada», afirmó.
Se trata, sin embargo, de un veto muy simbólico porque el partido gobernante Sueño georgiano, que ideó la ley, asegura tener suficientes votos en el Parlamento para revertirlo.
Aprobado por el Parlamento el martes, el texto es denunciado por sus detractores como destinado a alejar a Georgia de Europa y acercarla a Rusia.
Provocó manifestaciones masivas que duraron más de un mes en Georgia, en las que participaron miles de personas, jóvenes en su mayoría.
La OTAN, la Comisión Europea y la ONU condenaron esta iniciativa del gobierno de Georgia.
La ley exige que toda ONG o medio de comunicación que reciba más del 20% de su financiación desde el extranjero se registre como «organización que sirve a los intereses de una potencia extranjera» y se someta a control administrativo.
Sus detractores lo llamaron «ley rusa» por su parecido con una normativa utilizada en Rusia para reprimir a la oposición.
A Georgia se le concedió el estatus de candidato a la UE en diciembre de 2023, y a algunos les preocupa que la ley descarrile el camino del país hacia la membresía en la UE.
Las condiciones para ser miembro implican que los países candidatos implementen reformas anticorrupción, aumenten la transparencia gubernamental y promuevan la sociedad civil.
Al menos 20 personas fueron detenidas en Tiflis, la capital de Georgia, en una manifestación contra la ley «Sobre la transparencia de la influencia extranjera», que los opositores tachan de «ley rusa».
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