La Patagonia, especialmente la provincia de Neuquén, parece tener un magnetismo especial, por su desarrollo y la producción petrolera que la caracteriza, para centenares de ellos que comenzaron a llegar en los últimos meses en grandes oleadas.

Esta provincia es uno de los lugares de refugio elegidos, ya que se radican alrededor de tres por día, o 90 por mes, una cifra que desplazó a otras corrientes migratorias de países vecinos como bolivianos o paraguayos.

Sin embargo, este importante movimiento de ciudadanos que arriban a la Patagonia genera un sinnúmero de inconvenientes a la hora de la tramitación del permiso de residencia o la validación de títulos profesionales para poder trabajar.

Tal es el fenómeno -que también se replica en otras importantes ciudades-, que la Federación Ibeoramericana del Ombudsman (FIO) pidió a los gobiernos de la región que permitan el paso de venezolanos, aunque no cuenten con pasaporte, por tratarse de “un asunto de carácter humanitario y urgente.”

El pronunciamiento del organismo reconoce que esta situación genera un gran impacto regional y mucha preocupación en los gobiernos locales que tienen que recibirlos para darles asistencia.

En Neuquén es el caso más notorio de aquellos que llegan y no cuentan con documentación que les permita, al menos, obtener una residencia temporal para insertarse en el mercado laboral.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia neuquina recibió en una sola semana a más de 50 familias de ese país para tratar solucionar la ausencia de un trámite que el propio gobierno de Venezuela les niega: la apostilla, que es la certificación que le da validez a los títulos y a los antecedentes penales. Sin esos documentos, todo se vuelve difícil o casi imposible.