La encrucijada de los servicios públicos

OPINIÓN

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*Por Hugo Flombaum especial para lacity.com.ar

Las distintas y erráticas políticas que los gobiernos establecieron con los servicios públicos en nuestro país, lo convirtieron en un laberinto del cual, parece, no logran escapar.

Responsabilidad municipal, provincial, nacional, cooperativo o privado, una permanente calesita que no tuvo nunca una resolución.

Todas las alternativas tienen en definitiva un actor ausente y en definitiva el único y verdadero dueño y responsable del servicio, el público, el usuario.

Lo que define una propiedad es la posibilidad de enajenarlo, alguien piensa que el Estado, el concesionario o alguien puede vender los caños, los cables o las instalaciones de un servicio público, nadie puede hacerlo, lo que hace difícil definir la propiedad de este tipo de bienes.

Ahora bien, definido que los servicios no son ni estatales ni privados, sino del público, abordemos lo único que sí está en discusión en el mundo y es quién administra la concesión.

Tenemos, en el mundo, todo tipo de ejemplos, los estados nacionales, las provincias o estados y los municipios a cargo de administrar el servicio también cooperativas o empresas privadas. Pero hay algo que se respeta en todo el mundo, los fondos de las empresas públicas son del público, ni el estado, ni las cooperativas ni los privados puede hacer uso de los mismos.

Ese es justamente el punto clave para abordar el tema en nuestro país. Desde que las empresas públicas se hicieron deficitarias en la década del 80, por manejos tarifarios inconvenientes, en adelante todo se distorsionó, en los noventa fueron utilizadas para rescatar los bonos de deuda externa a través de las concesiones y en los 12 años de gobierno kirchnerista fueron utilizadas para una supuesta redistribución de ingresos, que de redistribución tuvo poco y mucho de mala distribución.

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Hoy tenemos un camino difícil pero único. Devolver la propiedad de los servicios públicos a los usuarios, como en todo el mundo, definir en cada municipio o provincia si el concesionario es el estado o una cooperativa o una empresa privada y luego establecer un control estricto de los fondos por parte de los usuarios.

Ni el Estado ni las cooperativas ni los privados podrán utilizar los fondos de la recaudación para otra cosa que no sea cumplir con su cometido aprobado por las organizaciones de usuarios que deberán aprobar los planes de mantenimiento y expansión que se propongan.

Los concesionarios deberán pactar un honorario por su cometido que será lo que pueden llevar a sus arcas.

Tanto las empresas públicas francesas que tienen equipos técnicos que son los administradores con contratos programas trianuales. Como las utilities estadounidenses con administradores privados que son controlados por asambleas de usuarios y sus honorarios en general se pactan en un porcentaje de la facturación. Con premios por mejor administración.

Hay algo que es definitivo, el organismo del estado que debe regular los servicios públicos nada tiene que ver ni con la secretaría de energía ni con la secretaría de recursos hídricos.

Regular el servicio público es una actividad en sí misma, si los últimos gobiernos hubieran entendido esto los fondos de los servicios no se hubiesen usado ni como herramienta política ni como garantía de inversiones. No es ese su rol.

De las encrucijadas no se pueden salir si no repensamos el problema desde su propia concepción.

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