Nicaragua: Matrimonio del poder que nació con la guerrilla desde La Habana

INTERNACIONAL

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Presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo reciben delegación china / Foto: 總統府

Lectura: 13 minutos

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, comparte el poder con su esposa Rosario Murillo al menos hasta las próximas elecciones en noviembre del 2021 si es que decide convocarlas, sospecha la oposición democrática.

El Gobierno de Nicaragua acordó con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que visitó discretamente el país, reanudar un antiguo proyecto de reformas electorales frente a las elecciones presidenciales de 2021.

En las conversaciones llevadas a cabo en la capital Managua, las partes convinieron «avanzar en la ruta hacia las reformas electorales y hacia las elecciones presidenciales del 2021», de acuerdo con un comunicado emitido por la cancillería.

Ortega y Murillo nunca ratificaron públicamente las decisiones adoptadas en las reuniones con representantes de la OEA ni tampoco aceptaron diálogos con la oposición, desparramando la sospecha de maniobras para continuar al mando de país.

El clima político enrarecido que se vive en un país donde el gobierno continúa maltratando a la población con violaciones a los derechos humanos de los opositores, presión sobre la prensa independiente y agobio económico por el recorte de ayuda del régimen chavista de Venezuela, solo la voz de la comunidad internacional permite abrigar algún soplo de esperanza en el futuro inmediato.

La Internacional Socialista (IS) expulsó en enero pasado al Frente Sandinista (FSLN) de Nicaragua, tras acusarlo de violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

«El Consejo de la Internacional Socialista en República Dominicana ha decidido expulsar al FSLN de la organización por la violaciones a los derechos humanos y de los valores democráticos cometidos por el régimen de Daniel Ortega», anunció en Twitter el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

«El socialismo es incompatible con la tiranía», indicó la IS en un comunicado. Ortega es el presidente del FSLN, el grupo guerrillero que tomó el poder en 1979 después de un golpe revolucionario contra el mandatario Anastasio Somoza.

El triunfo sandinista de 1979, que contó con la abierta colaboración de Fidel Castro y grupos guerrilleros argentinos, tanto Montoneros como el Ejercito Revolucionario del Pueblo, abrió un breve momento de incertidumbre en la historia política nicaragüense.

El experimento revolucionario, como es bien conocido, desembocó en la polarización del país, la desarticulación de la economía y la guerra. La insostenible situación de fines de los 80 forzó a las partes en conflicto ─luchas internas entre fracciones marxistas y prodemocraticas─ a aceptar la paz y los sandinistas accedieron a celebrar elecciones bajo la supervisión de observadores internacionales.

 

La ayuda argentina

En 1990, Violeta Barrios de Chamorro, al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO), ganó los comicios con el apoyo del presidente argentino Carlos Menem. Violeta era la esposa del reconocido periodista Joaquín Chamorro, director del diario la Prensa asesinado antes de las elecciones.

En la reunión de los países de Iberoamérica, celebrada en la localidad balnearia de Ica, Perú, en febrero de 1990, la candidata opositora Violeta Chamorro contacto al presidente Menem para solicitar ayuda en vistas de unas elecciones que el régimen sandinista pretendía desconocer. Menem viajó directamente a Managua presionando a Ortega y los comandantes revolucionarios en una reunión que se llevó a cabo en el mismo aeropuerto de Managua. Ortega se comprometió a entregar el gobierno si Chamorro ganaba las elecciones, como fue el resultado del 25 de febrero de 1990. El compromiso de Ortega se transmitió por la televisión argentina.

 

El regreso al poder

Ortega y Murillo volvieron al poder en 2007. El concepto de un binomio político en el ejercicio del poder absoluto, representa un giro radical en relación al estilo colegiado del primer gobierno sandinista durante la revolución en los años ochenta. Entonces, las principales decisiones sobre los lineamientos de la política gubernamental y partidaria eran adoptadas en un consejo político colectivo: la Dirección Nacional del Frente Sandinista, al que pertenecía Ortega. La Dirección Nacional contaba con la Asamblea Sandinista como un cuerpo consultivo, y el gabinete de gobierno funcionaba como un espacio de discusión y coordinación, en el que los ministros, directores, delegados y secretarios tenían capacidad para tomar decisiones dentro del marco de las políticas acordadas.

El régimen está consciente del aislamiento internacional que soporta. El único apoyo internacional que recibe proviene de Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte.

Sin embargo, su diplomacia apunta a un trabajo defensivo, busca desmentir en foros internacionales la información sobre violaciones a derechos humanos, desestima los esfuerzos de la OEA, y se apoya en redes mediáticas internacionales (como RT News) para defender su causa. La apuesta es sencilla, para Ortega las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos son materia frecuente en la vida política, pasan con el tiempo, y el mundo se enfoca en amenazas que percibe más tangibles, como son los ataques militares de envergadura, terrorismo, o guerras comerciales.

Ortega calcula que la presión de OEA, que puede culminar con la suspensión del país en esta organización, tiene poca repercusión para el régimen. De ahí que para el régimen, la comunidad internacional juega un peso menor que el que se piensa.

Ajeno a la complejidad de los detalles y a poder mantener la concentración requerida para articular las políticas públicas, Ortega delegó siempre la administración en su vicepresidente Sergio Ramírez, pero nunca la responsabilidad última sobre las políticas.

Bajo el nuevo régimen que se estableció en 2007, antes de tomar por asalto los poderes del Estado y demoler las instituciones democráticas, Ortega y Murillo acabaron con la precaria institucionalidad política que existía en el FSLN. La Dirección Nacional, la Asamblea Sandinista o el mismo Congreso Nacional del FSLN, pasaron a ser una extensión de la pareja presidencial, al extremo que Ortega como Secretario General del partido es también el Secretario de Organización y delegado por mandato del Congreso para elegir a todos los candidatos para las votaciones de elección popular. En consecuencia, tampoco existe una bancada parlamentaria con una mínima capacidad deliberativa, y tampoco se tolera la autonomía municipal, o un gabinete de Gobierno que haga las veces de un cuerpo consultivo.

El presidente tiene por lo menos veintitrés asesores en la planilla del Estado registrados en decretos publicados en La Gaceta. Unos pocos tienen funciones específicas, la mayoría son exministros que jugaron algún papel relevante en la revolución, o funcionarios destituidos a los que se les ha asignado un cargo ficticio de consuelo, como el “ex número dos” del Ejército, mayor general Óscar Balladares, nombrado «asesor en asuntos de infraestructura» con rango de ministro, cuando se abortó su proceso de ascenso a la jefatura de la institución.

Solamente unas veinte personas, entre ellos por lo menos cuatro hijos de la pareja presidencial, quienes mantienen aceitada la maquinaria transmitiendo las órdenes y las líneas del poder.

Intelectuales de peso como Orlando Núñez Soto, el creador del emblemático programa Hambre Cero, o experimentados cuadros políticos como William Grigsby Vado, han sido apartados sin miramientos; mientras otras figuras que detentaron grandes cuotas de poder como el exviceministro de Cooperación Externa, Valdrack Jaentschke, y el secretario político del FSLN en Managua, Edgardo Cuaresma, fueron reubicados en cargos de menor relevancia. El 10 de enero de 2017 comenzó un nuevo período de gobierno con el afianzamiento del poder de la pareja presidencial cada vez mas cercano a un régimen dictatorial.

El operador familiar más conocido es Laureano Ortega Murillo, asesor en temas de inversiones en ProNicaragua. Al margen de la agencia de inversiones, Ortega Murillo actúa como el enlace personal del presidente Ortega con Wang Jing, el concesionario chino del canal interoceánico, y como representante del Estado en las relaciones económicas y políticas con la Rusia de Vladímir Putin.

Los programas sociales de impacto político que ejecutan distintos ministerios (el Bono Productivo, Usura Cero, Plan Techo, Calles para el Pueblo) en coordinación con las estructuras partidarias territoriales del FSLN se distribuyen con una clara orientación política.

Hasta el año 2014, la administración de la millonaria cooperación venezolana a través de los canales privados de las empresas logísticas y petroleras Caruna y Albanisa, representaba la principal fuente económica de poder político en el régimen de Ortega. La caída de los precios del petróleo, provocó un declive en los flujos de la cooperación, pero los montos acumulados siguen siendo extraordinarios.

Fuera del control de este pequeño círculo de poder, no existe ningún registro público o rendición de cuentas al pueblo de Nicaragua, a PDVSA de Venezuela, a Petronic (accionista de Albanisa), al Banco Central de Nicaragua, o al Fondo Monetario Internacional, sobre cuál ha sido el destino y la utilización de más de 3.700 millones de dólares.

Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y al colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, considero la crisis en Nicaragua «una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional».

En una orden ejecutiva, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se afirma que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su «responsabilidad» y «complicidad» con los «serios» abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen orteguista, que suma 325 muertos confirmados desde abril pasado a la fecha.

«Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza», detalla la orden ejecutiva.

«La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. Esta Administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Todos los «bienes», «intereses» y cuentas bancarias de Murillo y Moncada en Estados Unidos «están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagado, exportado, retirado o tratado de otra manera», según la orden ejecutiva.

Mnuchin añadió que «el Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que los empleados internos del régimen Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense».

En una nota, el Departamento del Tesoro señala a Murillo de ser una líder con «acceso e influencia» sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional, que son «entidades que han cometido graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, o cuyos miembros han cometido graves violaciones de derechos humanos».

Indica que la Policía Nacional «ha sido parte de los “escuadrones de la muerte” que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas. Además, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, matando a seis, incluidos dos niños pequeños».

«Finalmente, Murillo tiene una larga historia de participar en actos de corrupción relacionados con Nicaragua», según la nota del Tesoro estadounidense.

Funcionarios públicos ligados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al partido indígena YATAMA están relacionados al tráfico ilegal de tierras en territorios indígenas, prohibido por la Ley 445, que garantiza la propiedad comunal de esos territorios. Este tráfico ilegal afecta principalmente a las poblaciones de la comunidad indigena miskitas del Caribe, que se enfrentan a invasores o «colonos» y denuncian lo que consideran la «inacción» del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

La revolución sandinista que comenzó con el empuje de Fidel Castro en el corazón de Cuba ha destrozado a la población de Nicaragua, hoy envuelta en un panorama de incertidumbre y decepción por el futuro inmediato. Las elecciones del 2021 constituyen una mínima esperanza aunque el régimen está dispuesto a impedir la presencia de un partido opositor en las urnas.

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