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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el sábado nacionalizar la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), una empresa que controla casi el 40% de las ventas de combustibles en el país y que fue sancionada recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusándola de lavar dinero.

La empresa era manejada por el hijo mayor del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, Rafael Ortega Murillo, y estaba registrada a nombre de reconocidos empleados o allegados a la familia presidencial, según medios periodísticos locales.

«Se declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa Distribuidora Nicaragüenses de Petróleo sociedad anónima», estableció la ley aprobada por los legisladores y que fue propuesta por el presidente Daniel Ortega.

Edwin Castro, jefe de bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene mayoría absoluta en la Asamblea, dijo que la nacionalización aseguraba «el suministro de combustible a los nicaragüenses».

Las sanciones impuestas el jueves por el Departamento del Tesoro a DNP son el más reciente esfuerzo de Washington de presionar al gobierno izquierdista de Daniel Ortega por mejorar la situación de la democracia y el respeto a las libertades públicas.

Estados Unidos sancionó el jueves a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, y dos compañías que dirige, por «lavado de dinero» para financiar el gobierno de su padre, Daniel Ortega.

En un comunicado oficial el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la nueva acción «promueve el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al gobierno de Daniel Ortega por actos de corrupción y violaciones desmedidas de los derechos humanos».

El objetivo, subrayó Pompeo, es «apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por un retorno a la democracia».

Asimismo, el comunicado señaló que «insta al régimen de Ortega a reanudar el diálogo con la oposición y restablecer la democracia en el país» para que cumpla con ello «las obligaciones bajo la Carta Democrática Interamericana».