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El consorcio estatal chino Ecuagoldmining abrió una disputa contra el gobierno de Ecuador sobre un proyecto de oro que fue detenido por una orden judicial, una medida que podría llevar a una demanda de arbitraje por unos 480 millones de dólares, explicó el martes el viceministro Enrique Gallegos-Anda.

El proyecto Río Blanco, ubicado en la provincia andina de Azuay, se encuentra paralizado desde mediados del 2018 cuando activistas de la comunidad lograron que un juez local suspendiera sus operaciones, debido a que no fueron consultados previamente y por supuesta contaminación.

Esta es la primera notificación de disputa internacional en el sector minero que recibe Ecuador desde que comenzó a desarrollar la minería a gran escala, lo que ha atraído el interés de inversores, pero también la preocupación por el poder de grupos locales para detener los proyectos.

«Lo que ellos nos están poniendo es una disputa internacional, es el procedimiento normal que se establece para estos temas, demanda no hay todavía», agregó Gallegos-Anda, durante una entrevista con Reuters.

«En estos días nos toca oficialmente recibir la invitación a conversar y nos sentaremos, vamos a dialogar y vamos a buscar una solución», aseguró.

El período de seis meses de negociación es el primer paso en un posible arbitraje internacional, de acuerdo a lo establecido en un tratado de protección de inversiones suscrito con China, manifestó el funcionario.

«Ponen unos 480 millones de dólares, ese es el monto del impacto que tendría el hecho de no haber podido operar en los 11 años de concesión», agregó. «Esta va a ser una disputa fácil de manejar, no va a terminar en una demanda», dijo.

Hasta el momento Ecuagoldmining, integrado por los grupos Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group, han declinado hacer comentarios.

Gallegos-Anda dijo además que el gobierno espera que la Corte Constitucional (CC) resuelva un pedido para revisar la decisión previa de los jueces locales y poder retomar la operación de Río Blanco.

«Lo lógico es esperar que los magistrados de la Corte denoten que los jueces interpretaron mal la norma y entonces al haber resuelto un fallo con una interpretación errónea, no procede. El rato que suceda eso automáticamente la empresa puede reiniciar la actividad», dijo.

No hay una fecha para que la máxima corte se pronuncie.

La semana pasada medio centenar de indígenas de la Amazonía ecuatoriana llegaron a Quito para exigir a las autoridades del Estado que se respete su derecho a una consulta previa en proyectos extractivistas (petróleo y minería) y se cumplan fallos judiciales que les favorecen.

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