Opina Flombaum: ¿Un impuesto o una inversión?

OPINIÓN

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Por Hugo Flombaum, analista político. Columnista de LaCity.com.ar.

 

 

 

Lectura: 3 minutos

La pandemia da lugar a que tomemos conciencia de cosas en las que no pensábamos, pero, que hoy la situación las muestra descarnadas.

Los precios de los combustibles tienen una presencia en nuestras vidas de enorme relevancia. Desde las más directas, las naftas de nuestros vehículos; hasta las más indirectas, tarifas de gas, electricidad, costo de fletes de todos los productos, etc.

El precio del barril de petróleo bajó espectacularmente hasta en una de sus expresiones llegó a un valor negativo y se presume que para que vuelva a precios anteriores a la crisis pasará mucho tiempo, si llega.

En la declaración que copio a continuación, baso una propuesta que hace tiempo pregono pero que en este momento se puede comprender más claramente por las consecuencias de la crisis.

«Más allá de la caída de ayer, creemos que el impacto a la baja no va a ser inmediato en el precio del surtidor en la Argentina. Hay una negociación pendiente entre las petroleras y el Gobierno por un precio de barril criollo que será clave para la ecuación del negocio petrolero en el país», dijo Vicente Impieri, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra).

Lo mismo podrían decir los representantes de la distribución de gas, electricidad y por cascada cada uno de los productores de bienes que contengan en sus costos participación del combustible.

Frente a esta realidad estamos los consumidores, que en el caso de los servicios públicos o de las naftas, siempre hemos sido los sostenedores, con nuestras tarifas, de las empresas productoras y distribuidoras de esas actividades.

Cuando uno paga un bien, cualquiera sea, paga el costo del producto atendiendo a la competencia del mercado. Pero en este caso en el que el producto tiene un precio regulado, todo cambia.

Si pagamos más que su costo, en realidad pueden pasar sólo dos cosas, o estamos manteniendo con nuestros aportes a la cadena de valor de esas actividades y/o estamos pagando un no explícito impuesto.

Ante ambas situaciones se corresponden sólo dos consecuencias.

O ponen, a nombre de los consumidores, bonos de deuda de los actores de cada actividad, o dan una PPP (participación público privada) proporcional a nuestros aportes, o la diferencia se descuenta en los impuestos que pagamos.

No se puede continuar utilizando la recaudación compulsiva a través de los servicios o bienes con precios regulados, sin compensar a los usuarios y consumidores que los pagamos.

Hacer esto es directamente un delito, para ponerle un símil marco penal es una asociación ilícita entre el estado y la cadena de valor de esos bienes y servicios públicos en el robo a los consumidores.

Los únicos aportantes a esa economía que agrupa a petroleras, transportistas de gas, electricidad y petróleo y distribuidores somos los consumidores rehenes por la voluntad del estado al fijarnos las condiciones de nuestras contrataciones.

Los precios y tarifas regulados no son herramientas para redistribuir la renta ni un ahorro forzoso para sustituir las inversiones de los productores.

Si se comprende esta matriz comenzaremos a resolver desde la cabeza a los pies el tema tarifario, sino seguiremos haciéndolo desde los pies a la cabeza, enredados en debates sin ningún sentido.

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