Coparticipación de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, opinión de Antonio Calabrese

OPINIÓN

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Por Antonio Calabrese, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar.

Lectura: 10 minutos

LA COPARTICIPACIÓN

La cuestión de la distribución de los ingresos es un nudo gordiano que se transformó en un verdadero galimatías.

Un laberinto intrincado que, en particular, a partir del fin del sistema de reparto previsional al ser absolutamente imposible que los activos tengan la capacidad de financiar a los pasivos; de que los impuestos o gravámenes no sean todos coparticipables, y en la misma medida, son entre otras, razones para que cualquier modificación parcial lo pueda hacer saltar por los aires.

El tejido de intereses entre las provincias y la nación y entre aquellas entre sí, provoca justamente, que la alteraciones sean intolerables.

No vamos aquí a discurrir si es mejor este sistema que los que hacen recaudar a los estados provinciales los recursos nacionales o aquellos que proponen otras alternativas.

Como sabemos, el total de los ingresos coparticipables, se dividen en la llamada coparticipación primaria. En ella se determina el porcentaje correspondiente a la nación y el que corresponde al total de las provincias y CABA. Con posterioridad se efectúa la división de estos últimos en la coparticipación secundaria con los porcentajes correspondientes a cada uno de los distritos.

Son múltiples las ponderaciones llevadas a cabo para determinar dichos porcentajes, primando siempre el criterio de solidaridad fiscal con las provincias más atrasadas.

Santiago del Estero, por ejemplo, tenía el 3,9%; Santa Fe el 8,7; Mendoza el 4,1; etc.

La primera ley se dictó durante el gobierno del General Perón con una duración de diez años y luego se ratificó en el período del Dr. Alfonsín por otros diez, con mínimas modificaciones.

En 1994 vencían los 10 años de la prórroga y la constitución reformada ese mismo año en el artículo 75 inc. 2 establecía que en dos años se dictaría una nueva «ley convenio».

Convenio o consenso que nuca se alcanzó a pesar de haber pasado 26 años y que la jurisprudencia de la CSJN en 2015 intimó vanamente, a que se efectuara.

LA MASA COPARTICIPABLE

Este es el centro del problema que implica que cualquier modificación afecte intereses adquiridos.

Los impuestos coparticipables más importantes son por ejemplo: a) el impuesto a las ganancias del que según las leyes 20.628 y 26.078 después de la detracción de una suma de dinero con fines determinados se destina: el 20% al ANSES; el 10% hasta un monto prefijado a la Provincia de Buenos Aires; el 2% a ATN (Aportes del Tesoro Nacional); 4% a las provincias menos Buenos Aires y el 64% a la nación y las provincias en los porcentajes correspondientes; b) el I.V.A. (leyes 23.966 y 26.078) detraídos los reintegros por exportaciones, el 11% es para el régimen previsional nacional del cual el 93,73% es para el ANSES y el 6,27% para las provincias y CABA; c) Otro grupo de impuestos como internos, Transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, sobre premios del juego y sorteos, etc.: el 80,645% se divide en los porcentajes señalados a la nación y las provincias; el 16,130% al Fondo para bibliotecas populares, el 3,225 al Instituto Nacional del Teatro; d) Del impuesto sobre el capital de las Cooperativas con una alícuota del 2% va: 1% a la coparticipación entre nación y provincias; el 42,34% que corresponde a la nación al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa; el 56,66% a las provincias; el 1% directamente al fondo antes mencionado.

A su vez hay una quincena aproximada de impuestos con asignaciones específicas pero que también se distribuyen en distintos porcentajes como el Impuesto sobre los combustibles líquidos, a la Energía Eléctrica, a los bienes personales, seguros, videogramas, entradas de espectáculos, fondo especial del tabaco, a los pasajes aéreos, el monotributo, de emergencia sobre los cigarrillos, el llamado al cheque, a los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria; sobre el gas natural y gas licuado; etc.

Ahora bien sobre el total se retiene una parte según leyes 24.130 y 26.078 para el pago de obligaciones previsionales y una suma determinada para ser distribuida entre los estados provinciales.

También existen los impuestos no coparticipables como la tasa de estadística y los derechos de importación y exportación que corresponden el 100% al Tesoro Nacional.

En General, de toda la masa, se había establecido la coparticipación primaria en el 42,34% para la nación y el 56,66% para las provincias reservándose el 1% para los ATN, lo que después se modificó quedando un 37,89% y un 57,36% respectivamente y un 3,75% para CABA, más el correspondiente porcentaje para ATN.

Como se ve, un verdadero incordio, debiéndosele sumar que con el tema del traspaso de alguna cajas previsionales provinciales a la nación, aquellas cedieron puntos coparticipables en compensación.

LA COPARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A CABA

A todo esto debemos agregar que los porcentajes fijados a las provincias, a veces no son inalterables porque estas comprometen a la coparticipación futura como garantía en obligaciones que toman a crédito.

Un gran adelanto, para un país con inflación endémica, fue la automaticidad de los giros sobre los fondos percibidos, lo que es de data más moderna.

Cuando nosotros ocupamos el Ministerio de Economía de la Provincia de Santiago del Estero, en la hiperinflación de la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, debíamos ir todos los meses y perder días, en Buenos Aires tratando de lograr que el Secretario de Hacienda que era el Dr. Mario Brodersohn autorizara el giro los fondos, teniendo en cuenta que, una semana de atraso o días en hacerlo, representaban millones de pesos en pérdida de valor adquisitivo.

Era una herramienta política para domar opositores.

En la coparticipación llamada secundaria que era la división de los porcentajes por provincia a CABA le había tocado el 1,9 % reducido en 2003 al 1,4%.

Ello se había establecido de acuerdo, según las pautas de la ley teniendo en cuenta las competencias de cada gobierno y los recursos a percibir propendiendo a una división igualitaria y solidaria con el fin de lograr un grado equivalente de desarrollo, de la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.

Solo analizaremos el conflicto de CABA con la nación con motivo de la quita de puntos previamente concedida.

El porcentual de CABA se determinó, entre otras razones, en virtud de cuestiones que eran insoslayables, por ejemplo, que si bien la tributación de CABA podría ser mayor que la de otros distritos debía tenerse en cuenta que la mayoría de las personas de existencia física o ideal (sociedades) cuyas actividades se desarrollaban en el interior, en las provincias, muchas veces, en varias de ellas a la vez, fijaban domicilio en Capital Federal, por eso tributaban allí, engrosando el aporte de esta.

Por eso la cuestión aducida de una mayor tributación en relación a su coparticipación secundaria es relativa.

Por otra parte el área metropolitana, que incluía a CABA por cierto, se veía beneficiada en grandes cantidades de sumas de dinero en carácter de subsidios a los servicios.

Los ciudadanos capitalinos pagaban mucho menos por la luz, el gas, el transporte, etc. que los del interior, en muchos casos hasta tres, cuatro y cinco veces menos, durante años.

Esto hacía que la transferencia de recursos de la nación a la zona supuestamente más poderosa del país se hizo en detrimento de las zonas más necesitadas y vulnerables, pues de haber sido igualitarios podrían haber superado numerosas deficiencias estructurales de estas.

Era tal el importe de los subsidios que hasta se supuso, en algún momento, que se debía excluir a CABA de la coparticipación secundaria, pues con aquellos la recibía en exceso.

Por ello es que el decreto del Gobierno del Presidente Mauricio Macri nº 194 del año 2016 concediéndole el 3,75 % se consideró excesivo teniendo en cuenta que el gasto del traspaso de la Policía a la jurisdicción de la ciudad, (que era el «hecho nuevo» aducido con preferencia) era notablemente inferior a las sumas que esos puntos adicionales le acordaba.

Nunca se midió con exactitud el costo del traspaso pero se estima, según algunas fuentes cercanas al gobierno, que ronda los 24.000 millones de pesos y según fuentes cercanas a CABA, unos 35.000 millones, cifras ambas lejanas a los puntos acordados.

Si bien estos no disminuían a los que recibían las provincias porque pertenecían a la nación, no era menos cierto que representaban un beneficio injusto a favor de un distrito, el más poderoso económicamente, en detrimento de los otros más carenciados, acreditando una mayor injusticia.

Otro punto es la forma, tanto en la que se los otorgó, como en la que se los quitó. A decretazo limpio.

Parece imposible que en un gobierno republicano compuesto de tres poderes, solo uno de ellos, el P.E., disponga con tanta liberalidad de semejantes recursos.

En todo caso debió requerirse no solo el acuerdo legislativo posterior para validar los actos unilaterales autoritarios de la toma y quita, sino los acuerdos entre todas las partes como es el espíritu de la constitución en el artículo 75 inc. 2.

En la actualidad, parece también injusto que se otorgue el beneficio de la recuperación de los recursos nacionales a una sola provincia, para solucionar fundamentalmente un conflicto en la administración de ese estado, la Provincia de Buenos Aires, asolada por las huelgas y motines policiales, del personal de salud, administrativo, etc., con origen sin duda en sus deficientes gobiernos.

En ambos casos parece que la vara mágica del poder beneficia a uno y perjudica a todos los demás, privándolos de la distribución proporcional y razonable de los recursos.

Por estas razones creo que el fallo de la Corte Suprema es de final incierto, teniendo en cuenta especialmente, los juegos políticos, a los que nos acostumbró.

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