Ortega retrasa elecciones en Nicaragua

INTERNACIONAL

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Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega / Foto: Presidencia El Salvador

Lectura: 6 minutos

El 25 de septiembre, fecha anunciada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua para arrancar la campaña de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, es parte de la ampliación del calendario electoral que originalmente deberia iniciarse el 21 de agosto.

Según el CSE, los magistrados que conforman el organismo acordaron «trasladar la fecha de inicio del período de campaña electoral para el 25 de septiembre próximo», 35 días más tarde de la fecha pautada originalmente. La campaña finalizará el 3 de noviembre, cuatro días antes de los comicios.

El organismo afirmó que para el cambió de fecha se tomó en cuenta la «solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral», así como en recomendaciones del Ministerio de Salud, para frenar contagios por COVID-19 debido a la pandemia.

Otras de las modificaciones que se incluyen en el calendario electoral y que fueron anunciadas en un documento oficial publicado en las redes sociales del CSE, es la que tiene relación a «renuncias y sustitución de candidatos, la publicación provisional de los mismos y el período de impugnaciones».

El anuncio sobre los cambios se dan apenas días después que EE. UU. afirmará que la elección presidencial programada para el 7 de noviembre en Nicaragua ha «perdido toda credibilidad». El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha denunciado maniobras «autocráticas» del presidente Daniel Ortega para derrocar a sus opositores políticos.

El presidente Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, de 70, luego de cancelar la personaría jurídica del único partido de oposición con opciones de presentarse, Ciudadanos por la Libertad (CxL), no enfrentarán candidatos viables en las urnas.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro sostiene que en los últimos 13 años de gobierno de Daniel Ortega han salido de circulación en Nicaragua al menos 20 medios independientes de comunicación, debido a leyes, persecución fiscal, asfixia económica, acoso y represión.

La noche del 20 de abril de 2018, Radio Darío ardió en las llamas que buscaban callar las voces de periodistas que recuerdan esa fecha por considerar el hecho un «acto terrorista» y un ataque a la libertad de expresión. Un comando político presuntamente dirigido por el oficialismo mandó a quemar las instalaciones donde se encontraban al menos 16 personas.

Los periodistas escaparon y las llamas no lograron su cometido porque los hombres y mujeres de prensa decidieron continuar trabajando «en la clandestinidad». ¿El plan? Seguir informando sobre la crisis sociopolítica que se encontraba en su momento más álgido, tras estallar protestas en todo el país contra el presidente Daniel Ortega.

Si bien la represión del Gobierno nicaragüense contra el periodismo independiente ha sido más visible desde hace tres años, tras el inicio de la crisis sociopolítica, periodistas y dueños de emisoras locales y comunitarias sostienen que los actos de represión son históricos en el país y ganaron fuerza con la llegada de Ortega al poder en 2007.

Las relaciones del presidente Ortega con la prensa independiente en Nicaragua fueron conflictivas históricamente, incluso desde su primer mandato en la década de 1980. Según los medios locales, esta época fue una de las más duras para la libertad de prensa. El diario La Prensa señala que al menos el 80 por ciento del material del periódico fue censurado día a día por el Frente Sandinista.

Apenas un mes después del retorno de Ortega al poder, en 2007, la vocera del gobierno y esposa del mandatario, Rosario Murillo, estableció la llamada «Estrategia de Comunicación». Esta estableció que la información oficial debía salir «incontaminada».

Para lograr esa pureza ─sostuvo─ informarían únicamente por los medios creados por el gobierno sandinista. Desde entonces, se prohibió el ingreso de la prensa independiente a conferencias de prensa de instituciones estatales e incluso a los eventos de los poderes del Estado.

La reforma a finales de la década de 1990 al artículo 29 de la Ley 200 o Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales significó un cambio de rumbo, que llevó a una apertura por parte del Estado para otorgar licencias a radios y canales de televisión. «Las licencias se otorgarán a personas naturales o jurídicas nicaragüenses o extranjeras de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley», indicó la reforma.

Sin embargo, a partir del 2007, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) informó que no podía otorgar nuevas frecuencias, con el argumento de que no contaba con espacios en el espectro radioeléctrico, un recurso natural limitado compuesto por el conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio y se utilizan entre otros en la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión.

«Esto es ilegal y violatorio a los derechos humanos de las personas», dijo sobre esta acción Wendy Quintero, periodista, cofundadora de Radio Camoapa y defensora de derechos humanos. «El Estado, el poder, venga de donde venga, sabe que una radio, así como puede desarrollar, puede también entorpecer las estrategias que tienen», agregó la periodista exiliada en Costa Rica.

«Desde ahí inició el bloqueo al acceso a la información pública, que es un derecho de la ciudadanía», dijo Quintero, quien argumentó que después de 2018, Ortega y Rosario Murillo pusieron en práctica otras formas de represión contra la prensa independiente: «Los cableros o algunas de las empresas de cable que dan este servicio en las localidades y municipios recibieron presión de Telcor de que les quitaban la licencia si le seguían otorgando el espacio a canales locales».

Otro artículo de interés: Senado de EE. U.U. exige elecciones libres y democráticas en Nicaragua

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