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Un mes después del mayor escándalo de corrupción de la historia del Parlamento Europeo, las revelaciones del «Qatargate» siguen sacudiendo Bruselas.

Esta semana, la eurodiputada belga Marie Arena renunció a su cargo al frente de la subcomisión de Derechos Humanos tras admitir que no había reportado un viaje pagado a Qatar. Arena dijo que se trató de un error administrativo, pero que ella no está implicada en las investigaciones de las autoridades belgas.

Qatar ha sido señalado de sobornar a legisladores para influir en decisiones políticas de la Unión Europea. Y en medio de esa investigación, varias personas vinculadas al poder legislativo y ONG fueron detenidas el 9 de diciembre en la capital de la UE. Tras los operativos, en los que la policía incautó 1,5 millones de euros, algunos de los investigados fueron dejados en libertad.

Pocos días después se presentaron cargos contra cuatro sospechosos, entre ellos la exvicepresidenta del parlamento griego Eva Kailí, acusada de corrupción, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de dinero. La próxima plenaria del Parlamento Europeo comienza el lunes en Estrasburgo y se espera que se adelante el proceso para quitarles la inmunidad a cuatro legisladores.

Algunos eurodiputados trabajan ya en estrategias para reformar la institución y evitar que una crisis de legitimidad como esta se repita.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, presentará el lunes en Estrasburgo un plan que incluye la prohibición de grupos de amistad no oficiales entre legisladores y terceros países, dado que ya existen delegaciones oficiales en varias naciones no pertenecientes a la UE.

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