Pelea por asiento en Consejo de Seguridad de ONU

INTERNACIONAL

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Foto: UN Women

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Bielorrusia y Eslovenia compiten este martes por un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU para los próximos dos años, en unas elecciones en las que votarán los 193 estados miembros de la organización y que estarán marcadas por la guerra en Ucrania.

En los comicios se renovarán cinco de las diez plazas no permanentes del Consejo de Seguridad, el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas y donde cinco potencias (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido) tienen presencia fija y poder de veto.

Bielorrusia y Eslovenia aspiran a ocupar la plaza no permanente que dejará libre Albania cuando termine su mandato de dos años al final de 2023, en la que será la única elección competida, pues en los otros cuatro casos hay un único candidato para cada una.

La guerra en Ucrania se presenta como el factor clave en una votación que enfrenta a uno de los aliados más estrechos de Rusia con un país que es miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

La campaña bielorrusa ─que lleva más de una década en preparación─ ha denunciado que la que promueve Eslovenia ─que no se anunció hasta finales de 2021─ es un movimiento político impulsado desde Estados Unidos y la UE para neutralizar su presencia en el Consejo de Seguridad.

De imponerse Bielorrusia, Moscú contaría con un fiel socio en el máximo órgano de decisión de la ONU, donde a menudo cuenta con la complicidad de China, pero donde ha sufrido una clara mayoría hostil tras la invasión de Ucrania que sólo ha podido contrarrestar gracias a su poder de veto.

Ante ese bloqueo, las grandes votaciones sobre el conflicto se han trasladado a la Asamblea General, cuyas decisiones no son vinculantes, pero donde Rusia también se ha visto muy aislada.

Alrededor de 140 de los 193 han apoyado las resoluciones críticas con la invasión que se han aprobado en la ONU, mientras que apenas media docena de países ─entre ellos Bielorrusia─ han votado junto a Moscú.

La posible entrada bielorrusa en el Consejo de Seguridad ha sido además criticada por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW), que denuncian el historial de represión del Gobierno de Aleksandr Lukasheko.

A los otros cuatro asientos que se repartirá este martes aspiran, sin oposición, Argelia, Guyana, Corea del Sur y Sierra Leona, que reemplazarán a Gabón, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Ghana al término de 2023.

Mientras, otros cinco miembros no permanentes tienen por delante un año más de mandato: Ecuador, Japón, Malta, Mozambique y Suiza.

Estados Unidos impuso el lunes sanciones contra siete personas a las que vinculó con la Inteligencia rusa por intentar desestabilizar Moldavia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó en un comunicado que los sancionados forman parte de un grupo, bajo el control de Rusia, que organizó «una campaña de desestabilización» en Moldavia.

Dicho grupo, según Washington, es parte de una operación global de desinformación contra Ucrania y sus países vecinos, además de contra la Unión Europea (UE), el Reino Unido y EE. UU.

Washington vinculó las acciones de ese grupo con las manifestaciones antigubernamentales que se produjeron entre febrero y marzo de este año en la capital moldavia, Chisinau, y otras ciudades del país.

Las protestas fueron organizadas por el oligarca moldavo Ilan Shor, actualmente fugado y que en el pasado fue sancionado por Estados Unidos por injerencia en los asuntos internos de otros países en nombre de Rusia.

El Tesoro indicó que los sancionados intentaron aprovechar las manifestaciones para derribar el Gobierno de Moldavia.

El Gobierno de EE. UU. identificó a Konstantin Prokopyevich Sapozhnikov como el líder del grupo. El resto de sancionados son Yury Yuryevich Makolov, Gleb Maksimovich Khloponin, Svetlana Andreyevna Boyko, Aleksey Vyacheslavovich Losev, Vasily Viktorovich Gromovikov y Anna Travnikova.

Como resultado de las sanciones, quedan bloqueados las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense, y se prohíbe a los estadounidenses que mantengan transacciones con ellos.

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