INTERNACIONAL

Lectura: 5 minutos

El Gobierno húngaro aseguró que ha gastado 1.800 millones de euros desde 2015 para proteger su frontera sur, una linde exterior de la Unión Europea, contra la llegada de inmigrantes, y que Bruselas apenas ha contribuido con un 1% de ese coste.

«Hungría ya ha invertido 1.800 millones de euros en la defensa de la linde del sur», afirmó el secretario de Estado de Interior, Bence Rétvári, en la inauguración de un nuevo tramo de 10 kilómetros de vallas en la frontera con Serbia, según recoge la agencia MTI.

El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán instaló en otoño una valla con concertinas a lo largo de 150 kilómetros de la frontera con Serbia, para detener a los refugiados que llegaban entonces por decenas de miles a Europa por la llamada ruta de los Balcanes.

El Gobierno de Orbán es criticado por la UE, así como por varias ONG por sus restrictivas políticas migratorias, por el trato inhumano de los refugiados y por hacer casi imposible la solicitud de asilo.

El papa Francisco hizo este domingo (30.04.2023) un llamado a favor de la acogida de migrantes durante una misa al aire libre en Budapest, a la que asistieron decenas de miles de personas, en el tercer y último día de su visita a Hungría.

«Por favor, abramos las puertas», urgió el sumo pontífice en presencia del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien defiende una línea dura contra los migrantes.

«Es triste y hace daño ver puertas cerradas: las puertas cerradas de nuestro egoísmo hacia quien camina con nosotros cada día (…), las puertas cerradas de nuestra indiferencia ante quien está sumido en el sufrimiento y en la pobreza», expresó.

Francisco mantuvo a lo largo de su visita en Hungría un discurso crítico con la política de Orbán, quien justifica su oposición a la acogida de migrantes o refugiados como defensa de la «civilización cristiana».

En este sentido, el papa había pedido el día anterior «erradicar los males de la indiferencia» durante un encuentro con refugiados, en su mayoría ucranianos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, juzgó este martes (6.06.2023) a Rusia por haber violado los derechos del opositor ruso Alexéi Navalny. En el caso del presunto envenenamiento de Navalny, no se investigó lo suficiente, sentenció el TEDH. Los abogados de Navalny habían presentado una demanda ante ese tribunal.

El suceso tuvo lugar durante el regreso del líder opositor ruso desde la ciudad siberiana de Tomsk, el 20 de agosto de 2020. Durante el vuelo, Navalny comenzó a sentirse enfermo y perdió el conocimiento. Entonces el piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde el reconocido crítico del Kremlin fue trasladado a un hospital estatal.
Presencia de agente nervioso químico

Un día más tarde, el 21 de agosto de 2020, Navalny fue trasladado a Alemania, y se le empezó a dar tratamiento en el hospital Charité, de Berlín. Luego de su retorno a Rusia, en enero de 2021, Navalny fue detenido y encarcelado.

Los representantes de Navalny denunciaron de inmediato lo sucedido al opositor ante las autoridades de Tomsk, y exigieron que se iniciaran las investigaciones pertinentes de intento de homicidio por envenenamiento, explicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en una primera investigación forense, no se detectaron indicios de envenenamiento, dijo el tribunal. Según informaciones del Gobierno ruso, tampoco las investigaciones subsiguientes demostraron lo contrario.

El 2 de septiembre de 2020, el Gobierno alemán, sin embargo, presentó resultados toxicológicos que proveyeron «pruebas concluyentes de la presencia de un agente nervioso químico del grupo Novichok». Según el TEDH, eso había sido confirmado por otros tres laboratorios especializados.

Pero la pregunta no era si Navalny fue realmente envenenado, sino si se violó «su derecho a la vida», tal como lo establece la Convención de Derechos Humanos. Según el artículo 2, toda persona tiene derecho a que su vida sea protegida por la ley. El TEDH dictaminó por unanimidad que ese derecho había sido violado por las investigaciones inadecuadas. Entre otras cosas, se desconoció el derecho de participación de Navalny en la investigación.

Además, el TEDH acusa a las autoridades rusas de no examinar la denuncia de que podría haber sido un acto de motivación política, y la posible implicación del Estado.

En general, las investigaciones no fueron suficientes para determinar los hechos esenciales e identificar a los culpables. Por ello, el tribunal condenó a Rusia a pagar una indemnización de 40.000 euros a Alexéi Navalny.

Otro artículo de interés: Rechazo europeo al acuerdo nuclear Rusia-Bielorrusia