ARGENTINA

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En vísperas de Navidad y en medio de un clima de tensión, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron este viernes en distintos puntos de Argentina contra el paquete de reformas del Gobierno del liberal Javier Milei para desregular la economía y el sector público mediante un decreto de necesidad urgente (DNU) que aún debe ser aprobado por el Parlamento.

Por medio de asambleas, paro de actividades y ollas populares, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ─gremio que agrupa a empleados estatales de toda Argentina─, marchó hasta la sede de la Jefatura de Gabinete en Buenos Aires, y también se concentraron en el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano (antiguo Ministerio de Desarrollo Social).

«No nos corresponde a nosotros evaluar si pasaron sólo doce días desde que el Gobierno asumió. Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados», indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

El nuevo Gobierno argentino sufrió su primer revés en una corte federal de Nueva York, que negó su petición de una prórroga para depositar una garantía por los 16.100 millones de dólares que el pasado septiembre le ordenó pagar al fondo buitre Burford Capital por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF.

La corte también rechazó la petición de las autoridades argentinas de una prórroga para presentar los documentos de apelación.

De acuerdo con la orden del tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Argentina debe cumplir con las fechas previstas del 10 de enero para presentar esa garantía y del 30 de enero para la apelación de la sentencia.

«Si el tema es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que la nueva Administración le prestaría atención inmediata», indicó en su decisión la jueza Loretta Preska, que preside el caso, debatido durante ocho años en esta corte.

«Se niega la solicitud de más tiempo», afirma el escrito de cinco páginas de Preska.

El nuevo Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, que juró al cargo el pasado 10 de diciembre, pidió a la jueza una prórroga de 30 días para apelar la sentencia, en una carta que le envió el pasado 19 de diciembre.

El nuevo Gobierno de Milei asegura que «circunstancias extraordinarias» justifican esta ampliación del plazo hasta el 22 de febrero.

«La apelación de la sentencia de 16.100 millones de dólares, que creemos que es la más grande jamás presentada en esta corte, requerirá que el nuevo Gobierno argentino tome decisiones críticas sobre la apelación en sus primeros días de mandato», indica la carta.

También indica que esa cifra representa el equivalente al 32 % del presupuesto del país para 2023 y que la nueva Administración «necesita ponerse al día con las cuestiones de apelación, comentar el escrito inicial e instruir a los abogados», por lo que no puede presentar los documentos para apelar antes del 30 de enero.

En 2012 Argentina compró el 51 % de las acciones de YPF a Repsol sin hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados.

El fondo buitre consideraba que el Gobierno argentino debía pagarle 16.000 millones de dólares, pero este país consideraba que esa cifra debía ser de 5.000 millones de dólares.

En la capital, los manifestantes rodearon cada uno de los puntos de encuentro desde las aceras para evitar cortar las calles e incumplir con el protocolo «antipiquetes» establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno minimizó la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales y aseguró que apenas 470 personas participaron en las protestas en distintos sitios de la capital argentina y alrededores del conurbano bonaerense, 635 se manifestaron en ciudades de la provincia de Buenos Aires, 150 lo hicieron en la provincia de Tucumán (norte) y unos 50 en Santiago del Estero (centro).

El dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado criticó con duresa el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Milei: «es un retroceso institucional que de un plumazo nos devuelve a 1976. Se intenta instaurar en el país el programa económico de la última dictadura militar», dijo.

Las reformas del Gobierno para buscar la estabilidad económica incluyen desde ceses de contratos laborales con el Estado, hasta privatizaciones de empresas estatales, pasando por la reforma de las leyes del trabajo.

En la tarde del viernes, trabajadores ferroviarios se sumaron a las protestas en el vestíbulo de la estación de trenes de Constitución, en Buenos Aires, contra la posible privatización de sus puestos de trabajo.

Sin alterar el normal funcionamiento del servicio y al grito de «los trenes y la patria no se venden», los empleados advirtieron de que podrían volver a la década de los año noventa, con despidos, cierre de ramales y elevados costos del transporte público.

Ante esta situación, el sindicato presentó un amparo ante la Justicia pidiendo la «inconstitucionalidad y nulidad absoluta» del decreto, ya que ATE alegó que «el presidente Milei se atribuye facultades extraordinarias que atentan contra la división de poderes de la República Argentina».

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