ARGENTINA

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La pulseada entre el equilibrio fiscal y el populismo clientelar volvió a quedar en evidencia esta semana, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por amplia mayoría un proyecto de la oposición que dispone un aumento excepcional del 7,2% en las jubilaciones, la actualización automática del bono previsional a $110.000 y la restitución de la moratoria jubilatoria por dos años, sin recorte alguno que lo respalde.

Javier Milei fue tajante: si el Senado convierte en ley esta iniciativa, la vetará sin miramientos. «Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin», sentenció el presidente en su cuenta de X, dejando en claro que el superávit no se negocia.

El proyecto, impulsado por Unión por la Patria y acompañado por sectores dialoguistas como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y algunos radicales, fue aprobado en la Cámara baja con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Entre los votos a favor también se alinearon aliados provinciales del oficialismo como el Movimiento Popular Neuquino, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los sanjuaninos de Producción y Trabajo.

La iniciativa propone un aumento único del 7,2% para todos los jubilados, en adición a los incrementos ya previstos por el DNU 274/2024, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación. Además, el bono de $70.000 que perciben los jubilados de menores ingresos ─congelado desde el kirchnerismo─ pasaría a $110.000 y se actualizaría cada mes por inflación de manera acumulativa.

Esta medida, combinada con la restitución de la moratoria previsional ─que permitiría acceder a jubilaciones sin los años mínimos de aportes─, representa un impacto fiscal significativo. El Gobierno, comprometido con el equilibrio de las cuentas públicas, advirtió que este tipo de propuestas rompen el sendero de orden fiscal logrado tras años de déficit y descontrol presupuestario.

El vocero presidencial y diputado electo Manuel Adorni también se expresó en duros términos: «El presidente de la nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino. Fin», sentenció, cerrando filas con la postura firme del Ejecutivo.

En un intento de disfrazar el impacto, el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) propuso una serie de artículos complementarios para justificar el gasto, entre ellos la eliminación de exenciones impositivas a directores de empresas y a sociedades de garantías recíprocas, así como la reafectación de $32.616 millones del presupuesto reservado de la SIDE. También se planteó usar los fondos que el Estado ahorró gracias a la baja de recargos del FMI y nacionalizar recursos provenientes de los registros del automotor (ACARA y CSA).

Sin embargo, estas fuentes son insuficientes, irregulares o de dudosa legalidad, según señalaron técnicos del oficialismo. No existe garantía de que dichos ingresos sean permanentes o alcanzables, lo que haría inviable el sostenimiento de la medida en el mediano plazo.

Por otro lado, el proyecto establece que la ANSES deberá transferir automáticamente a las provincias no adheridas al sistema nacional un anticipo mensual equivalente a una doceava parte de lo girado el año anterior, medida que también implicaría un incremento automático del gasto público sin correlato en los ingresos.

El operativo de seguridad liderado por la ministra Patricia Bullrich volvió a mostrar resultados positivos: la reciente marcha hacia el Congreso Nacional se desarrolló sin incidentes ni agresiones a edificios públicos, en particular al Palacio Legislativo, un blanco que en manifestaciones anteriores fue objeto de ataques por parte de grupos ultra kirchneristas y de izquierda.

Esto fue solo posible gracias al protocolo antipiquetes, un instrumento que la ministra instauró desde su ingreso a la gestión de Milei a cargo de la cartera de Seguridad.

Prevención firme y sin excesos

Gracias a la aplicación del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, las fuerzas federales desplegaron un dispositivo preventivo que logró disuadir posibles actos de violencia sin restringir el derecho a manifestarse. A lo largo del operativo, se garantizó que la protesta permaneciera dentro de un perímetro controlado, lo que impidió desbordes y preservó la integridad de las instituciones democráticas como así también permitió la libre circulación de vehículos por la zona.

En otras oportunidades, este tipo de movilizaciones derivaron en ataques con piedras, bombas molotov, fuegos artificiales dirigidos al Congreso y destrozos a bienes públicos, así como en enfrentamientos con la policía. Esta vez, el panorama fue radicalmente distinto.

El edificio del Congreso permaneció protegido y libre de agresiones gracias a la presencia estratégica de efectivos de la Policía Federal y de otras fuerzas nacionales. Tampoco se registraron destrozos en los alrededores ni intervenciones violentas por parte de grupos radicalizados, que en ocasiones anteriores actuaron con impunidad.

Una política de orden que muestra resultados

La estrategia liderada por Bullrich ha marcado un antes y un después en la forma en que se gestionan las protestas en el espacio público. Frente a años de caos, bloqueos y ataques a instituciones, el actual enfoque del Ministerio de Seguridad busca poner límites claros, defender el orden público y proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a la ciudadanía en general.

El Gobierno nacional reafirmó que este modelo continuará vigente, con el objetivo de garantizar que ninguna movilización vuelva a convertirse en una excusa para atacar al Congreso o al patrimonio de todos los argentinos.

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