ARGENTINA

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En una sesión impulsada por el kirchnerismo para intentar destruir nuevamente al Gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados rechazó una serie de decretos clave impulsados por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apuntaban a modernizar el Estado, reducir el gasto público, terminar con el despilfarro y eliminar organismos obsoletos llenos de ñoquis kirchneristas.

Lejos de acompañar la política de déficit cero que devolvió a la Argentina al sendero del superávit después de décadas de despilfarro, la mayoría de los diputados eligieron blindar estructuras plagadas de cargos superpuestos, empleados militantes y gastos innecesarios.

En este contexto, los legisladores kirchneristas y sus aliados decidieron frenar decretos emitidos bajo las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases y, como si fuera poco, aprobar leyes que buscan aumentar fuertemente el gasto público para quebrar al Estado y generar una nueva crisis económica.

Entre los decretos rechazados se encuentra el 345/25, que proponía la disolución de organismos como ARICCAME (Cannabis), INASE (Semillas) e INAFCI (Agricultura Familiar), cuyas funciones pasarían a ser absorbidas por el Ministerio de Economía.

Otro, el 351/25, reordenaba entes como el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP, para integrarlos de forma eficiente en estructuras existentes.

El decreto 461/25, muy importante, habilitaba la eliminación de cargos duplicados, la fusión de estructuras y la disposición de bienes estatales ociosos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Este decreto, orientado a racionalizar el aparato estatal, fue rechazado por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, a pesar de su impacto positivo en la eficiencia y el ahorro público.

Además, el Congreso votó en contra del decreto 462/25, que reformaba el INTA e INTI, sacándole poder a cúpulas kirchneristas enquistadas y dotando al Ejecutivo de herramientas para designar funcionarios con verdadera capacidad de gestión. También fue rechazado el DNU 340/25, que introducía medidas urgentes de ajuste y racionalización presupuestaria, indispensable para preservar el superávit e impulsar el crecimiento económico.

Como si esto no fuera suficiente, la oposición avanzó con la aprobación de proyectos que amenazan directamente la estabilidad fiscal. Uno de ellos es el aumento del presupuesto universitario y de los salarios docentes, sin ninguna fuente de financiamiento clara.

Otro es la llamada Emergencia Sanitaria Pediátrica, que pretende incrementar el gasto en salud infantil ignorando que el Hospital Garrahan ya recibió un aumento del 247% desde diciembre, superando en más de 120 puntos la inflación.

Ambas iniciativas, lejos de preocuparse por la sociedad, buscan destruir el superávit fiscal logrado por el Gobierno de Milei, quebrar al Estado, generar una nueva crisis económica y mandar a millones de argentinos a la pobreza. Mientras la administración libertaria se esfuerza por recortar privilegios, ordenar las cuentas y eficientizar el Estado, el Congreso parece decidido a preservar el statu quo que hundió al país durante décadas.

Pese al golpe institucional, los decretos rechazados aún siguen vigentes, ya que para su anulación se requiere el voto también del Senado. El Gobierno de Milei ratificó que continuará con su agenda de transformación, a pesar de una clase política que, una vez más, elige defender privilegios.

En un contexto marcado por la crisis en el hospital Garrahan y el conflicto con los residentes de salud, la Cámara de Diputados dio media sanción a la llamada «Emergencia Sanitaria Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud». La iniciativa, impulsada principalmente por el kirchnerismo y sectores aliados, fue aprobada con una mayoría agravada de más de dos tercios: 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. Esta cifra significa una contundente victoria para la oposición que, sin embargo, profundiza el desequilibrio fiscal en un momento crítico para el país.

El proyecto obliga a la asignación «prioritaria e inmediata» de recursos para el sector pediátrico por dos años, incluyendo mejoras salariales para el personal de salud y la garantía del «funcionamiento pleno y sostenido» de hospitales como el Garrahan, declarado hospital de referencia nacional en alta complejidad. Sin embargo, esta medida representa un golpe directo al superávit fiscal que el gobierno de Milei logró mantener desde su asunción.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la recomposición salarial inmediata para equiparar los sueldos al nivel real de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de $65.573 millones sólo entre julio y diciembre, y una cifra anualizada que alcanzaría los $133.433 millones. Además, la ley prevé la exención del impuesto a las Ganancias para el personal que realice actividades críticas, horas extras o guardias, elevando aún más el costo fiscal.

Los libertarios y aliados del oficialismo se opusieron firmemente al proyecto por su elevado costo y falta de sustento técnico, advirtiendo que se trata de una maniobra para reforzar burocracias ineficientes y legalizar privilegios sectoriales. La diputada Juliana Santillán alertó que «esta ley promueve el gasto sin control y carece de fundamentos sólidos, siendo una amenaza directa a la estabilidad económica lograda por este gobierno».

La oposición, en cambio, defendió el proyecto con discursos emotivos. El neurocientífico Facundo Manes señaló que «la salud pública está vinculada con el desarrollo económico y humano», mientras que Pablo Yedlin, titular de la comisión de Salud, advirtió que el hospital Garrahan corre riesgo de cierre, señalando que «atendió a 355 mil niños en 2024 y no hay alternativa para los casos de alta complejidad».

No obstante, la realidad objetiva muestra que el presupuesto del Garrahan aumentó un 247% desde que asumió el gobierno actual, cifra que supera en 124 puntos la inflación acumulada. Además, los sueldos de los médicos ya tuvieron un incremento del 63% en lo que va del año, evidenciando que la oposición no sólo desatiende la realidad fiscal sino que responde con medidas populistas que amenazan la sostenibilidad económica.

Tras la media sanción, la ley ahora pasará al Senado, donde el peronismo ya adelantó la intención de convocar a sesión rápidamente para su aprobación definitiva. Desde la Casa Rosada, sin embargo, dejaron en claro que el gobierno de Milei vetará el proyecto en su totalidad si llega a convertirse en ley.

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