OPINIÓN

Por Hugo Flombaum, analista político. Columnista de LaCity.com.ar.

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Cuando el debate público se reduce a consignas, conviene volver a pensar el equilibrio entre individuo, Estado y comunidad.

Desde la última guerra mundial hasta hoy, el debate sobre el rol del Estado y la libertad individual ha sido una constante. Primero se expresó en la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre soviéticos y capitalistas; más tarde, bajo nuevas formas, entre regímenes autoritarios y democracias republicanas.

En la actualidad, parecería que el capitalismo ya no está en discusión. Sin embargo, lo que ha triunfado ─más que por consenso─ ha sido la convicción, nacida del agotamiento de alternativas, de que la administración de los recursos resulta más eficiente cuando está en manos privadas.

Esta idea no es exclusiva de las democracias occidentales. Incluso gobiernos catalogados como autoritarios, por no adoptar la democracia representativa como norma, delegan la administración de recursos estratégicos a actores privados, aunque bajo supervisión estatal.

El contexto global atraviesa hoy una etapa de extrema tensión. Ya no es la democracia el emblema que se esgrime en los conflictos. Al correrse cierto velo de hipocresía, quedan al descubierto los verdaderos intereses en disputa: la economía y el dominio del comercio global.

Tal vez esto ocurra porque la democracia representativa no atraviesa su mejor momento. Lo cierto es que, pese al asombro y la resistencia de muchos, los conflictos actuales se libran por intereses concretos. En ese escenario, la eficiencia en la administración de los recursos ocupa el centro del debate.

Algunos presentan esta confrontación como una lucha ideológica entre Estado o libertad. No comparto esa mirada. Ninguno de los dos conceptos puede sostenerse ni ser eficaz sin una comunidad organizada que les dé sentido y estructura.

Para que la democracia sea verdaderamente representativa, la comunidad debe organizarse (ya sea en partidos políticos o en organizaciones sociales) para elegir auténticos representantes. De lo contrario, el sistema degenera en una oligarquía legitimada por elecciones formales pero vacías de representatividad.

Lo mismo ocurre en los sistemas verticales: sin una organización social que garantice sus objetivos, terminan siendo ineficientes, incluso en términos productivos.

Más allá de la forma institucional que se adopte, hay tres factores centrales que toda organización social debería considerar.

El primero es el individuo, que no puede ser coartado ni limitado. De él surgen la innovación, la creatividad, la responsabilidad y la libertad. El individuo busca autonomía y oportunidades para sí y para su familia.

El segundo es el Estado, que debe cumplir un rol fundamental, pero solo puede hacerlo con legitimidad social. Su función es regular, arbitrar y proteger.

El tercero es la comunidad. Sin una comunidad activa y participativa, nada fluye. La comunidad construye normas, identidad, cooperación y confianza entre los actores. Genera hábitos, valores y capital social en el espacio donde actúa.

No se trata, en definitiva, de oponer lo estatal a lo privado. El verdadero sostén de una sociedad organizada es lo común: aquello que pertenece y compromete a todos.

Son muchos los países que ratifican que los tres factores garantizan su desarrollo y éxito. Italia del norte (Putnam), Japón, Escandinavia, Israel, entre los países con democracia representativa, China y Vietnam, países denominados autoritarios, son ejemplos de Estado, comunidad y una libertad individual restringida.

Nuestro país, en las últimas décadas, ha roto en forma explícita la relación entre las organizaciones comunitarias y la política representativa. Los partidos perdieron vigencia; las organizaciones civiles, en su mayoría, se convirtieron en satélites del Estado que las sostenían, las organizaciones gremiales de trabajadores por haberse hecho cargo de las obras sociales se corrompieron y perdieron legitimidad, las organizaciones empresariales se convirtieron en lobistas en lugar de ser propulsores de actividades rentables.

Los ciudadanos quedamos a merced de políticos profesionales que sin arraigo asaltan al estado para ponerlo al servicio de sus intereses.

El Estado perdió legitimidad y hoy se ve sometido a un debate estéril entre libertad y Estado cuando ni la primera es legítima porque no tiene organizaciones que le den volumen y representación. Así, el Estado se convirtió en una corte oligárquica.

Si no recuperamos la organización comunitaria el destino de nuestro país, lo tenemos frente a nuestros ojos mirando a Perú o Colombia.

La anunciada bonanza macroeconómica será aprovechada por una parcialidad de los habitantes, no por ausencia del estado como algunos pretenden predicar, sino por la ausencia de una comunidad que garantice representación para tener un estado con legitimidad.

Un Estado sin representación genuina es un Estado propenso a corromperse.  La corrupción es consecuencia directa de la falta del control social, si los controladores son parte de la corte o nombrados por ella no controlan, negocian.

El control social es la que garantiza que los funcionarios tengan que rendir cuentas diariamente en su comunidad. Si no son parte de ninguna no deberían ser parte del estado. Estado, comunidad y libertad las tres partes que garantizan el desarrollo

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