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La huelga general convocada este viernes por los sindicatos brasileños para protestar contra la reforma al sistema de jubilaciones y los recortes en la educación propuestos por el Gobierno de Jair Bolsonaro no tuvo el impacto esperado por las centrales obreras de Brasil.

Miles de personas se manifestaron desde temprano en los 27 estados de Brasil y, aunque las centrales obreras en su último balance registraron protestas en más de 300 ciudades del país, los medios locales señalan que la huelga solo afectó 111 municipios.

Carreteras y vías de las principales ciudades brasileñas amanecieron bloqueadas este viernes con neumáticos y marchas de sindicalistas en la primera huelga general convocada contra el Gobierno de Jair Bolsonaro y su propuesta de reforma del sistema de pensiones, que aumenta de 35 a 40 años el tiempo de las contribuciones.

La huelga, que también protesta contra recortes en el presupuesto de la educación, coincidió con el estreno de la Copa América de fútbol, que comienza el viernes en Brasil.

El transporte público se paralizó en 19 capitales y parcialmente en buena parte del país. Hubo incidentes de violencia y de represión policial con gases lacrimógenos en Sao Paulo, Belo Horizonte y en Río de Janeiro, donde se registró uno de los incidentes más graves.

Un hombre que conducía un pequeño volkswagen rojo, aceleró en una calle bloqueada por centenares de profesores y estudiantes de universidades públicas de Río. Tres estudiantes fueron atropellados por el conductor que se fugó.

Las protestas ocurren cuando el Gobierno presiona al Congreso para la aprobación de la reforma que busca elevar las edades de jubilación a 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, que podrán recibir la pensión integral sólo después de 40 años de cotizaciones, lo que ocurre cada vez menos, en función de la informalidad. La propuesta, presentada por el ministro de economía, Paulo Guedes, sigue el modelo de capitalización individual, similar al que fue implantado en Chile.

«La capitalización propuesta pretende recoger la contribución del trabajador para un ahorro individual», difundió en una nota la Asociación Jueces para la Democracia, que critica la ausencia del estado en el futuro sistema, destacando que 37 millones de brasileños ya trabajan en la informalidad, sin posibilidad de jubilarse. «La reforma de Guedes y Bolsonaro pretende poner fin al sistema solidario de la seguridad social, perjudicando a la población económicamente más vulnerable», informa el comunicado.

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