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La oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el viernes pasado a cuatro funcionarios de Nicaragua, incluido Gustavo Porras, quien ocupa el cargo de presidente de la Asamblea Nacional desde enero del 2017.

De los doce funcionarios del Estado sancionados por Estados Unidos, solo dos han renunciado a sus funciones.

Tras anunciarse nuevas sanciones contra cuatro funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, diputados opositores piden su renuncia asegurando que estas medidas inhabilitan a este funcionario para cumplir su trabajo.

En tanto, el diputado del partido Conservador y expresidente del Banco Central, Alfredo César, señaló que los fondos de las instituciones multilaterales continuarán bloqueados asestando un duro golpe a la economía del país, y añadió que la sanción contra el legislador Gustavo Porras le impedirá administrar los fondos de la Asamblea Nacional.

«Si no se le sustituye al presidente, los bancos donde tienen las cuentas la Asamblea Nacional proceden a cerrar las cuentas, y la Asamblea se queda sin cuenta en los bancos porque así son las sanciones», explicó el parlamentario.

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