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«Implementar reformas a una velocidad vertiginosa, sin más demoras». Eso fue lo que Volodimir Zelenski prometió cuando se convirtió en presidente de Ucrania. Hasta ahora, los observadores en el país y en el extranjero han aplaudido su enfoque, pero hay señales de que Occidente ya no acepta benevolentemente todos y cada uno de los movimientos de Zelenski.

Esta semana, por ejemplo, los embajadores de la UE y Canadá criticaron un proyecto de ley en el que Zelenski propuso reducir a la mitad el número de jueces de la Corte Suprema, es decir, del máximo actual de 200 a 100. Dicha propuesta normalmente debería ir precedida de un análisis exhaustivo. Así lo detallaron los embajadores en una carta dirigida a los comités parlamentarios, y tenían razón.

La Corte Suprema es una de las pocas instituciones relativamente independientes de Ucrania, que vio su mejor momento durante la «Revolución naranja» de 2004, cuando dictaminó que las elecciones presidenciales manipuladas tenían que repetirse. El ganador en ese momento era Viktor Yushchenko. Cuando el derrotado candidato, Viktor Yanukovich, se convirtió en presidente más tarde, se vengó de la Corte despojándola de sus poderes. Bajo el mando de su sucesor, Petro Poroshenko, se restableció la Corte y se instalaron jueces adicionales. Zelenski ahora quiere deshacerse de la mitad de ellos, lo que debilitará a la Corte Suprema.

Los diplomáticos occidentales también han criticado los movimientos del presidente con respecto a una comisión de selección judicial. Zelenski propone aplicar una ley similar a los miembros de esa comisión, así como a varios otros jueces que ocuparon el cargo durante el mandato de su predecesor, Poroshenko. Para algunos jueces, esto significaría despido y una prohibición ocupacional. Zelenski no ha podido proporcionar una justificación satisfactoria para esta medida.

La «Ley de Lustración» de 2014 se dirige a los funcionarios que ocuparon cargos durante el mandato de Yanukovich. Su propósito aparente es la «limpieza de autoridad». Durante el verano, Zelenski propuso aplicar dicha ley a todos los funcionarios de alto rango de la era de Poroshenko, despojándolos también de su poder. Pese a las críticas, el proyecto fue aprobado el jueves (12.09.2019). La nueva regulación se presenta como el intento de Zelenski de implementar gradualmente el controvertido concepto «todos somos iguales».

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