Ortega pretende convertir a Nicaragua en otra Cuba según fuentes diplomáticas vinculadas con OEA

INTERNACIONAL

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Pedido de justicia y manifestación en la Catedral de Managua / Foto: Jorge Mejía peralta

Lectura: 3 minutos

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) conoció el lunes un informe que detalla violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y concluye como «inviable» el funcionamiento democrático en el país bajo el actual gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007.

Elaborado por una comisión de alto nivel de la OEA, el informe denunció una «alteración del orden constitucional» en Nicaragua y pidió convocar a un período extraordinario de sesiones, un paso que para algunos aproximaría al país a una suspensión del organismo hemisférico.

El texto fue calificado como «contundente» e «irrebatible» por voceros de la oposición, pero desacreditado enfáticamente por la representante nicaragüense en la OEA, la exministra de Defensa Ruth Tapia, que lo rechazó por considerarlo «injerencista».

El exembajador de Nicaragua en la OEA Mauricio Díaz comentó a la prensa que Ortega pretende «convertir a Nicaragua en una isla en tierra firme… “cubanizar” el país, presentarse como el Fidel Castro del siglo XXI». Opinó que, de seguir por esa ruta, «veremos a la nación hundirse dramáticamente».

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 328 civiles murieron a manos de la Policía y paramilitares desde que estalló la crisis en abril de 2018, a partir de protestas estudiantiles que se multiplicaron por el país. Durante la sesión del lunes, la CIDH reiteró su alarma por las persistentes denuncias de persecución y ejecuciones extrajudiciales, especialmente en zonas rurales.

Ortega ya había desconocido a la comisión formada por representantes de Argentina, Canadá, Jamaica, Estados Unidos y Paraguay, a quienes les prohibió ingresar al país en septiembre pasado. El grupo viajó a San Salvador y a Washington para reunirse con familiares de víctimas, excarcelados políticos y activistas de derechos humanos.

La comisión recomendó al CP que «convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General». Sin embargo, la eventual suspensión del Estado nicaragüense en la OEA, vía aplicación de la Carta Democrática, es algo que según analistas todavía llevará tiempo, mientras el gobierno seguirá respondiendo «con más represión».

«Daniel Ortega se sabe acorralado y frente a cada presión externa reacciona escalando la ola represiva», declaró el político Mauricio Díaz, exembajador alterno de Nicaragua en la OEA (2004-2006), en una entrevista con DW.

Según Díaz, tras la divulgación del informe de la comisión especial, la semana pasada, el gobierno encarceló a 16 activistas por llevar agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre. La víspera se denunciaron cuatro allanamientos en la ciudad de León y la detención de una familia de opositores, luego exhibidos en videos declarando a favor del gobierno. Los afectados denunciaron que fueron golpeados, amenazados y maniatados antes de la grabación.

«Esa fue la respuesta del presidente Ortega a la sesión en la OEA: para mí no existe más que mi ambición de seguir en el poder y no van a moverme», comentó el diplomático.

«Pareciera que el comandante quiere provocar una guerra civil, quiere que la población reaccione. Ahora lo que hay es una guerra unilateral no declarada del propio Estado contra el pueblo», afirmó Díaz.

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