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Después que el presidente salvadoreño Nayib Bukele autorizara el uso de la «fuerza letal» entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del país, muchos consideran que la medida va en contra de los derechos humanos.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, señaló en una entrevista con la Voz de América que las medidas adoptadas por su gobierno para hacer frente a la grave crisis del coronavirus «son medidas extraordinarias», pero en ningún caso son «medidas extremas».

De hecho, el presidente Nayib Bukele, anunció la autorización del «uso de la fuerza letal» por parte de policías y fuerzas armadas con el objetivo de reducir los ataques de las pandillas mientras dura esta situación por la pandemia.

En ese sentido, Ulloa comentó que la decisión adoptada por el ejecutivo salvadoreño permitirá «mantener bajo control» la situación de violencia e inseguridad que se vive en muchas partes del país.

El presidente Bukele justificó esta decisión al indicar que «las maras están aprovechando que casi la totalidad de la fuerza pública está controlando» el brote de la COVID-19 y no se han destinado tantos recursos para frenar la violencia de las pandillas.

Entre el viernes y el domingo de la semana pasada, las autoridades del país centroamericano registraron 51 asesinatos, una situación que llevó a Bukele a permitir el uso de «la fuerza letal» por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Después de eso, dijo el vicepresidente, era necesario «responder a un ataque del crimen organizado contra la población salvadoreña y contra los elementos que garanticen el orden público: policías y fuerzas armadas».

El vicepresidente salvadoreño reconoce que el uso de la «fuerza letal no es lo primero que se recomienda» en esos tratados internacionales.

«Se recomienda que se tomen medidas disuasivas, que se apliquen instrumentos como chalecos o escudos, es decir, cualquier tipo de instrumento que no sea letal, pero dice que si, en casos extremos y en condiciones especiales, hay que hacer uso de las armas letales, hay que establecer» unas regulaciones que se recogen en los principios mencionados anteriormente.

En su opinión, «lo que despertó las alarmas fue cuando él (el presidente Bukele) dijo que se autorizara el uso de la fuerza letal», y fue esa palabra «letal» lo que hizo que, explicó Ulloa, mucha gente pensara que el mandatario autorizara a matar gente pero «no sé trata de eso».

«Si se revisa la normativa del derecho internacional de derechos humanos existe este concepto de fuerza letales o armas letales», insistió.

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