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El acuerdo UE-Mercosur se concluyó sorpresivamente hace un año. Pero faltaba el informe de impacto ambiental. Cinco organizaciones llevan el caso ante la Defensoría del Pueblo.

«¿Qué sentido tiene presentar un informe sobre el impacto que tendrá el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea después de firmado? Estos informes, obligatorios, están pensados para nutrir las negociaciones», explica a DW Lindsay Duffield, encargada de campañas de Fern, organización ambientalista.

Por eso, a comienzos de este año, Fern decidió llevar el caso a la Defensoría del Pueblo Europea, junto con otras cuatro organizaciones de la sociedad civil ─ClientEarth, Veblen Institute, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)─. A comienzos de julio, la Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly, dio luz verde a la investigación.

«Es una queja por cómo se llevó el proceso, no por el acuerdo en sí mismo. La Comisión Europea se ha saltado sus propias reglas», puntualiza Duffield.

Cabe recordar que la parte comercial del acuerdo ─que llevaba dos décadas de negociación─ fue concluida, sorpresivamente, en junio de 2019. En febrero de 2020 se publicó un primer esbozo de informe sobre sus impactos.

Luego, el 1 de julio de 2020 se selló la parte política del tratado. Y, apenas, el 10 de julio se publicó el informe definitivo de su impacto. Según la Comisión Europea, la publicación del preliminar y luego del definitivo es prueba de su voluntad de transparencia.

«El propósito de plantear esta queja es sentar precedente, para todos los acuerdos que negocia la Comisión Europea», explica a DW, por su parte, Amandine Van Den Berghe, abogada de Client Earth, especialista en comercio y medio ambiente.

«No se puede cerrar un acuerdo sin saber, previamente, si va a conllevar degradación medioambiental o violaciones a los derechos humanos. La Comisión Europea tendrá que explicar cómo va integrar los resultados del informe en un acuerdo ya cerrado», agrega.

Queda claro que la queja es de procedimiento (por saltarse el Código de Buena Conducta Administrativa). En caso de confirmarse el acto de mala administración, la Defensoría del Pueblo hará recomendaciones para enmendar.

No es la primera vez

«Lo malo es que no es la primera vez que sucede», puntualiza Duffield. «El acuerdo de libre comercio con Vietnam se firmó sin un informe de impacto en los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo constató malas prácticas y la Comisión se comprometió a revisar sus procedimientos en el futuro», agrega. En el caso de Vietnam, en septiembre de 2014 se dio curso a la queja y en febrero de 2016 la Defensoría concluyó fallos en el procedimiento institucional.

*En foto de izquierda a derecha: Emmanuel Macron, presidente francés; Pedro Sánchez, presidente español (detrás); Angela Merkel, canciller alemán; Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo; Jair Bolsonaro, presidente brasileño; y Jean-Claude Juncker, (2014-2019).

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