OPINIÓN

Por Hugo Flombaum, analista político. Columnista de LaCity.com.ar.

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Los servicios públicos en Argentina están en crisis, ahora se incorpora a ese estatus como tal y correctamente, a las comunicaciones, ¿las llevaremos a la misma crisis?

La relación de los estados con la defensa del usuario de un servicio esencial es imprescindible, lo que no se debe confundir es cuál es el rol en esa defensa.

El acceso a los servicios supone libre competencia en los actores, y si el monopolio es parte de la concesión lo que se debe garantizar es un precio transparente. Por eso las audiencias públicas, no porque en ellas se decida nada sino porque se puede explicar de manera pública la tarifa.

En el caso de la electricidad y el gas fueron servicios monopólicos desde que las grandes plantas de generación se concentraron en lugares alejados de los consumidores, y requirieron de grandes redes de transporte para acercarlos a los usuarios.

Recordemos que ambas eran producidas en sus comienzos por generadores propios o vecinales y envasadores locales con el gas.

En el caso del agua, las plantas potabilizadoras y la distribución domiciliaria son derivadas de las contaminación de las napas.

En el caso de las comunicaciones todo se desarrollaba más o menos bien mientras el estado garantizaba tanto en radio como en televisión un acceso gratuito a los contenidos básicos, luego llegó el cable. Mientras los cableros eran solo distribuidores de los contenidos de otros la cuestión no necesitó de la intervención de nadie.

Pero cuando el grupo Clarín comenzó a concentrar todo el negocio desde la producción, la emisión y llegó a la distribución, agregando la telefonía también, hizo que el estado debiera interceder en un problema que los gobiernos crearon.

El gran error fue permitirle comprar los cables, primero Cablevisión y luego uno a uno los cables del conurbano y muchos del interior. Usó como chantaje el monopolio de la emisión del futbol.

Si a eso le agregamos la compra de Telecom si hizo bingo.

Entonces ahora decimos el estado debe intervenir para controlar a las empresas concentradas, es decir las que el mismo estado permitió que se concentren. Todos Menem, De la Rua, los Kirchner y Macri. No es ideológico es simplemente corrupción generalizada.

Mientras tanto el estado que debía garantizar un servicio básico, lo que hizo es producir contenido partidario en algunos casos o crear herramientas, TVA, que no llegaban a cubrir las necesidades básicas.

En el caso de ARSAT que debía garantizar que la señal de internet llegara a todo el país lo hizo en cuenta gotas y comercializó el giga de enlace al precio más caro del mercado.

Por otra parte, en el caso de la banda ancha, en lugar de promocionar la llegada a través de la infraestructura, cañerías, redes ferroviarias, redes eléctricas, de agua y cloacas, etc. de redes de fibra neutras que llevaran la señal a cada casa y que de ellas los productores de contenidos se montaran para distribuirlos en forma competitiva, se ampararon monopolios, que abusan de su posición dominante y no permiten competencia.

Tanto en electricidad, como en agua y en comunicaciones el estado antes de pensar en congelar tarifas lo que debe es garantizar la competencia. Y lo que ha hecho en Argentina es garantizar la cartelización.

Todo para lograr colocar una casilla de peaje que intermedie, lo hace en todas las actividades ahora se agregan las comunicaciones.

En electricidad la aparición de la energía renovable nos dio la posibilidad de autogenerar en forma familiar o en comunidades pequeñas. Eso en el mundo ha generado un cambio de paradigma en el negocio.

En Alemania en 2016, los hogares y los agricultores eran propietarios del 42% de la capacidad instalada en renovables. Fondos de inversión, bancos y otros inversores poseían otro 41,2%.

Mientras que las mayores cuatro empresas de servicios públicos solo controlaban el 5,4%.

Aquí al gobierno la única idea que se les cae es congelar tarifas que luego pagamos todos a través de los subsidios que provoca o la de utilizar las mismas para recaudar fondos para garantizar el barril criollo y las inversiones de Vaca Muerta.

En el caso del agua, en lugar de impedir que se sigan contaminando las napas, renovando los caños obsoletos de las cloacas o controlando los residuos industriales, lo que permitiría que los hogares obtengan el agua desde las reservas naturales, se generan grandes empresas, ineficientes y caras.

En resumen, nada que no suponga corrupción o en el mejor de los casos empleo encubierto para militantes pagos.

Los servicios públicos en sí mismo requieren de un organismo especializado que se dedique a garantizar, competencia, acceso universal y costo bajo para toda la población.

De nada sirven secretarías como la de energía o de las comunicaciones para regular servicios, porque se convierten en cuna de corrupción a través del manejo de las multimillonarias cajas de recaudación que recogen las empresas de distribución.

La recaudación de las empresas públicas no importa si están administradas por el estado o por privados, son fondos dedicados a una sola actividad. No pueden ni deben ser usadas ni para inversiones en otras actividades ni para cobrar impuestos o servicios ajenos a lo específico.

Hablemos claro, las empresas de servicio público no son de nadie, ni estatales ni privadas, son del público.