Periodistas perseguidos por Correa demandan a Ecuador

INTERNACIONAL

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Expresidente ecuatoriano, Rafael Correa / Foto: Gobierno Danilo Medina

Lectura: 8 minutos

Un grupo de periodistas reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condene al Estado ecuatoriano por la supuesta «persecución» de la que fueron víctimas desde 2011 por el entonces presidente del país, Rafael Correa, que derivó en una condena penal y civil.

El caso se refiere a una condena penal de 3 años privativa de libertad y una sanción civil por 30 millones de dólares contra el periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo, Carlos Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, a raíz de la publicación en febrero de 2011 de un artículo de opinión sobre una crisis política que vivió el país en septiembre de 2010.

«Espero justicia, que la Corte vea que a mí me destruyeron la vida. Tuvimos problemas médicos que no podíamos atender, el daño físico, psicológico para mí, mis hijos y mi esposa. Si no hubiese sido por mi esposa yo no hubiese sobrevivido», declaró Palacio en el inicio de la audiencia de dos días ante la CIDH que comenzó el lunes.

El periodista recordó que escribió un artículo de opinión en el que describió al Gobierno de Correa como una dictadura y en el que advertía que, en lugar de indultar a los responsables de un levantamiento policial, era mejor darles una amnistía. Palacio dijo que debido a ese artículo se intensificó una «persecución» y ataques verbales públicos de Correa hacia él y el medio de comunicación, lo que le obligó a irse al exilio en Estados Unidos.

«Me estaba enfrentando al ciudadano Correa, al presidente y a todo el aparato del Estado centralizado en una sola persona. Era una lucha completamente desigual», expresó.

En un proceso penal, el periodista y el medio fueron condenados por el delito de «injurias calumniosas graves contra la autoridad». Aunque posteriormente la ejecución de la sentencia fue anulada, los afectados dicen que sigue apareciendo en los registros oficiales del Poder Judicial.

Por su parte, el subdirector de El Universo, César Pérez Barriga, describió los ataques verbales del expresidente hacia la prensa y su diario. Pérez pidió a los jueces de la Corte Interamericana que emitan un fallo que ordene al Estado borrar de cualquier registro público la sentencia contra los periodistas y el medio y que «se haga justicia».

«Que profundice y siente jurisprudencia no solo para Ecuador, si no en la región, a favor del libre ejercicio de la libertad de expresión, que disuada a cualquier gobernante autoritario que intente callar a la prensa para que no denuncie los abusos que se puedan cometer contra las libertades», manifestó Pérez.

En la audiencia participó el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien afirmó que en este caso el Estado violó el derecho a libertad de pensamiento y opinión del periodista y los directivos de El Universo, así como las garantías judiciales, pues el proceso estuvo lleno de «irregularidades».

Vaca denunció una ambigüedad y amplitud de interpretación de los artículos del Código Penal con los que se emitió la condena y afirmó que «no existía interés social que justificara una severa sanción penal y civil», la cual calificó como «innecesaria, desproporcionada, con efecto amedrentador y silenciador contra Palacio y la sociedad ecuatoriana».

El Gobierno de Rafael Correa demostró una conducta hostil contra la prensa. En los últimos meses de su gobierno el presidente mantuvo una dura batalla contra los medios privados, a los que califica de «corruptos».

No contento con impedir que los funcionarios de su Gobierno concedan entrevistas a medios privados «de corte mercantilista», el presidente amenazó en su momento con el cierre de estaciones de televisión y emisoras de radio independientes alegando pretextos técnicos y legales.

En este contexto, el director de Reporteros sin Fronteras de Alemania (RSF), Christian Mihr, en declaraciones para Deutsche Welle, levantó la voz «ante lo que aparenta ser un ataque en toda regla a la libertad de expresión».

Rafael Maturana, secretario general de RSF en España, confirmó a DW que, efectivamente, el cierre de emisoras constituye una violación flagrante de la libertad de prensa, «ya que, en todos los casos, el Gobierno ha actuado en contra de aquellos medios “críticos con las líneas de actuación de Rafael Correa”». Maturana asevera, además, que, «desde su llegada al poder, el mandatario ha pretendido quitarse de en medio a la prensa libre para rodearse de una prensa pública servil».

Correa decidió cerrar durante su gobierno más de veinte estaciones de radio y televisión. Utiliza un gran dispositivo policial capitaneado por un fiscal y un funcionario de la Superintendencia de Telecomunicaciones que acuden a las emisoras de radio y televisión con la orden de cierre e impedir a los profesionales que sigan con su actividad periodística.

Rafael Correa declaró entonces que el cierre de estos medios de comunicación responde sólo a incumplimientos de carácter legal o técnico. Y para demostrarlo, se remite a la Ley de Radio y Televisión. Esta admite que se apliquen sanciones a aquellos medios que deban al Estado entre seis o más pagos referentes al arrendamiento de la frecuencia.

Pero en otras ocasiones, las autoridades han esgrimido como motivo de clausura el incumplimiento de parámetros técnicos exigidos en los contratos de concesión de licencias.

El Gobierno de Correa intentó disminuir el espacio radiofónico del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias. Envio una nueva Ley de Comunicaciones al Parlamento para reducir la presencia de «oligopolios mediáticos que distorsionan la realidad informativa» ─en palabras del Secretario de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado─ de un 85% a un 33%, para ampliar así el espectro radioeléctrico público y comunitario.

La cruzada particular del mandatario de Ecuador contra los «oligopolios mediáticos» comenzó con la prensa escrita. De hecho, el Jefe del Estado interpuso demandas millonarias contra el diario Universo y dos periodistas críticos que destaparon una presunta trama de corrupción que salpicaba al hermano del presidente Correa. En el primer caso, con la sentencia a su favor, el mandatario condonó al periódico la condena y en el segundo, simplemente desistió del proceso.

La Corte Constitucional de Ecuador que respondía a Correa decidió revocar la suspensión temporal del llamado Código de la Democracia, que incluye restricciones a la prensa en materia de cobertura electoral, en una medida que el rotativo Universo ha calificado de «mordaza a la prensa». Así, con las nuevas disposiciones ya vigentes, «casi todo trabajo periodístico que se difunda o publique durante la contienda» podría ser considerado ilegal, indico el Foro de Periodistas de Ecuador en un comunicado.

El secretario general de Reporteros sin Fronteras en España denuncio que el estado de la libertad de prensa en Ecuador dejaba mucho que desear. Así, en el ránking de libertad de prensa que elabora la organización, «Ecuador se encuentra en el puesto 104 en una clasificación que integra 179 países», concluye.

Rafael Correa gobernó el país entre 2007 y 2017. Se encuentra prófugo de la justicia por acusaciones de corrupción y peculado.

Otro artículo de interés: Conservador Lasso derrota a izquierda en Ecuador

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