Israel acusa a Autoridad Nacional Palestina de ayudar a terroristas

INTERNACIONAL

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Tensión permanente en Franja de Gaza / Foto: Israel Defense Forces

Lectura: 4 minutos

El Gobierno israelí anunció este domingo que bloqueará parte de los impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en respuesta a la política palestina de brindar ayuda económica a atacantes o a sus familias. La decisión fue anunciada por la oficina del primer ministro israelí, Naftalí Bennett, tras ser aprobada por el Gabinete de Seguridad.

«La Autoridad Nacional Palestina transfirió 597 millones de shekels (unos 155 millones de euros) en apoyo indirecto al terrorismo en 2020», señaló en un comunicado, en el que detalló que esa misma cantidad será bloqueada y deducida mensualmente de futuras transferencias de dinero a la ANP.

El bloqueo de fondos en respuesta a subvenciones a atacantes palestinos o sus familias ya fue implementado en el pasado por otros Gobiernos israelíes, por considerar que este tipo de pagos representan una incitación al terrorismo. La legislación palestina, por otra parte, obliga a la ANP a hacerse cargo de ellos.

Una decisión similar en 2019, que incluía también el pago a presos palestinos en cárceles israelíes, generó una disputa con la ANP, que, en respuesta, rechazó durante varios meses la totalidad del dinero recaudado por Israel.

Estos fondos proceden de aranceles aduaneros sobre bienes importados o exportados por los palestinos a Cisjordania y Gaza que pasan por los cruces israelíes. Israel debe recaudar el dinero y posteriormente transferirlo a la ANP, según establece el Protocolo Económico de los Acuerdos de Paz de Oslo. Israel recolecta por este concepto unos 190 millones de dólares al mes.

Pese a un acuerdo de última hora entre los miembros de la dispar coalición para prorrogarla seis meses en lugar de un año, la abstención de dos diputados del partido árabe Raam y la oposición de uno del ultranacionalista Yamina ─del primer ministro Naftalí Bennett─ puso en evidencia las desavenencias ideológicas.

El texto, aprobado en plena ola de violencia durante la Segunda Intifada (2000-2005) por «motivos de seguridad» y con carácter temporal, pero que ha sido prorrogado desde entonces, afecta a los palestinos de Gaza y Cisjordania casados con ciudadanos en Israel o residentes en Jerusalén Este, al impedirles optar por la reunificación.

La ministra de Interior de Yamina, Ayelet Shaked, negoció con el izquierdista Meretz y el islamista Raam reducir la extensión a seis meses, supervisarla e incluir la legalización del estatus de cientos de familias de los decenas de miles de afectados, que no convenció a todos los diputados de las formaciones del Gobierno, aunque por diferentes motivos.

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu calificó desde la oposición el acuerdo de «corrupto»: «Bennett y (el ministro de Exteriores, Yair) Lapid querían comprar dos votos de Raam a cambio de miles de personas que comprometerían la identidad sionista y la seguridad del Estado de Israel», dijo.

La ley, considerada discriminatoria, ha sido objeto de debate desde que se aprobara en 2003 y el propio titular de Exteriores, el centrista Lapid, reconoció que «es una de las herramientas diseñadas para garantizar la mayoría judía del Estado de Israel».

«Israel es el estado-nación del pueblo judío y nuestro objetivo es tener una mayoría judía. Además, la ley tiene importancia para la seguridad. El Shin Bet (servicio interior de inteligencia) presentó datos según los cuales si esta ley no se aprueba hoy (lunes), habrá un daño sustancial a la seguridad de Israel», declaró durante las negociaciones.

La sesión parlamentaria se extendió toda la madrugada y el Likud de Netanyahu, ahora en la oposición, votó en contra y propuso convertir la medida en una Ley Básica, con rango constitucional. El partido «exige al gobierno que haga el acto sionista necesario y correcto que goza de una gran mayoría en la Kneset y apruebe la ley fundamental de inmigración de inmediato. La ley es una solución integral y real al desafío de unir familias, infiltrados y migrantes ilegales», instó Netanyahu.

La ley, que expiró hoy, afectaba a decenas de miles de matrimonios entre un palestino con ciudadanía o residencia israelí y otro de Gaza o Cisjordania, dado que el porcentaje de bodas entre árabes y judíos es ínfimo.

Otro artículo de interés: Israel responde a globos incendiarios lanzados desde Gaza

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