España: desconfianza en gobierno que debe gestionar fondos europeos

INTERNACIONAL

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Presidente español, Pedro Sánchez / Foto: La Moncloa – Gobierno de España

Lectura: 7 minutos

Una encuesta de la agencia Eurobarómetro publicada el viernes por el Parlamento Europeo revela la desconfianza de los españoles en la gestion del gobierno socialista de Pedro Sánchez para administrar los cuantiosos fondos proporcionados por la Unión Europea.

Un 49% de los españoles cree que «no se puede confiar» en el gobierno para gestionar de forma correcta los fondos europeos para la recuperación pospandemia, que llevarán a España 70.000 millones de euros en subvenciones directas en los próximos años.

La mayor parte del aporte europeo ─muy superior a los tradicionales fondos estructurales─ llegará entre 2021 y 2023. El calendario previsto marca un primer desembolso de 10.000 millones de euros para finales de este año siempre y cuando Bruselas apruebe los 50 artículos pactados con Madrid.

El porcentaje de españoles que están en desacuerdo con la afirmación «Se puede confiar en mi Gobierno para usar correctamente el fondo de recuperación» es superior a la media europea, donde un 41% desconfía de que sus Ejecutivos puedan hacer un buen trabajo en la gestión de esta inyección de fondos para recuperar la economía tras la crisis del coronavirus.

En España, un 40% de los encuestados están total o parcialmente de acuerdo con la afirmación de que el gobierno puede manejar bien dichos fondos frente a un 44% en la media europea.

Las principales observaciones en el terreno de la economía previstos por la Unión Europea se basa en el principio de que los gastos deben ajustarse a los ingresos, un inconveniente severo para los países «gastadores» que provocan alarma en los más «frugales» como Alemania y Países Bajos.

Los ciudadanos de Eslovenia, Eslovaquia, Hungría y Chipre son los que menos confían en sus gobiernos para usar correctamente el fondo de recuperación, mientras que la percepción más positiva se registra entre los encuestados de Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos.

Los españoles están también por encima de la media europea a la hora de reclamar transparencia y un control efectivo sobre cómo se gastan estos fondos ─lo piden un 88% de los españoles frente a un 85% en la UE en su conjunto─ y también son más favorables a involucrar a los gobiernos regionales, municipios y sociedad civil a la hora de decidir cómo gastar este dinero, por el que apuesta un 82% de los participantes.

En cuanto al sistema de respuesta de la población a la vacunación masiva contra la pandemia del covid, los españoles se sitúan a la cabeza de la Unión Europea entre quienes piensan que vacunarse contra el coronavirus es «un deber cívico» y todo el mundo debería hacerlo (81%), solo por detrás de los portugueses (86%) y empatados con los malteses.

En cuanto a la formación del fondo, la explicación llegó del primer ministro portugués en junio pasado.

La Unión Europea (UE) «ahora puede obtener la financiación necesaria para la recuperación económica y social europea», destacó en un comunicado, el primer ministro, António Costa, en la presidencia de turno de la UE.

Con esta ratificación de los Veintisiete, que se ha producido en un período de cinco meses, los gobiernos y los parlamentos nacionales han demostrado «un fuerte sentido de solidaridad y responsabilidad», según Costa.

Los últimos países rezagados completaron las notificaciones formales que permitan que la UE pueda empezar a inyectar fondos a disposición en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

«No podemos permitirnos perder más tiempo. Debemos asegurar la rápida aprobación de los primeros planes de recuperación y resiliencia para finales de junio», subrayó Costa.

Austria y Polonia, los últimos dos países de la UE que aún no lo habían hecho, ratificaron en junio la decisión sobre recursos propios, es decir, la legislación que permitirá a la Comisión emitir deuda con el respaldo de los márgenes del presupuesto comunitario en un volumen sin precedentes.

Pero quedaban algunas formalidades por completar, como la notificación oficial al Consejo de la UE por parte de esos dos Estados miembros y Países Bajos, Hungría y Rumanía, que ya cumplieron con las exigencias.

La ratificación de la decisión sobre recursos propios faculta a la Comisión Europea a pedir prestado hasta 750.000 millones de euros a precios de 2018 en los mercados de capitales en nombre de la UE ya a partir de junio y julio comenzaron a desembolsar las primeras ayudas.

Se trata de monumentales cifras de 312.500 millones de euros de subvenciones y 360.000 millones de préstamos que estarán disponibles para inversiones públicas y reformas presentadas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia elaborados por cada Estado miembro.

Previamente es necesario que la Comisión y el Consejo, que reúne a los países, den el visto bueno a los planes nacionales de reformas e inversiones que cada Gobierno nacional debe enviar a la CE.

Rumanía ha sido el último en hacerlo.

Junto a Rumanía han cumplido este requisito España, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda y Suecia.

Desde su recepción, Bruselas tiene dos meses para evaluar los planes, tras lo cual el Consejo cuenta con otras cuatro semanas para decidir si los aprueban por mayoría cualificada.

España presentó el suyo el 30 de abril. La Comisión verificará que los planes respeten los objetivos de destinar el 37 % de los fondos a transición climática y el 20 % a digitalización o que contribuyan a cumplir las recomendaciones de política económica que les hace cada año, entre otros criterios.

Los primeros pagos corresponderían al anticipo del 13 % que reciben las naciones cuando se aprueban sus planes, unos 9.000 millones de euros en el caso de España, que tiene derecho a unos 140.000 millones del fondo de recuperación, 70.000 millones de ellos en transferencias.

El resto de los fondos se desembolsará teniendo en cuenta el logro de los «hitos y metas» establecidos en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Una vez que la maquinaria esté en marcha, Bruselas prevé captar unos 150.000 millones de euros al año hasta 2026 e ir efectuando pagos a los países cada seis meses si cumplen lo pactado en sus planes.

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