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El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, que maneja el gobierno autoritario de Daniel Ortega, anunció la prohibición de actos públicos para las próximas elecciones presidenciales de noviembre. La campaña electoral que dio comienzo el sábado solo se podrá realizar a través de plataformas virtuales, de acuerdo a la decision oficial que fue rapidamente rechazada por la oposición.

El número de personas capturadas en el marco de la crisis política que vive Nicaragua, a quienes la oposición califica como «presos políticos», ascendió a 155 este septiembre, informó el viernes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De los 155 «presos políticos», 145 fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, mientras que 10 ya guardaban prisión desde antes, indicó el Mecanismo. Entre los privados de libertad hay 10 mujeres, dos de ellas bajo régimen de casa por cárcel.

Ocho opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega fueron arrestados entre el 12 de agosto y el 23 de septiembre de este año, dos de los cuales recuperaron su libertad, mientras que seis continúan encarcelados, según el informe.

Entre los 155 detenidos hay 37 opositores capturados desde mayo pasado, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia, exfuncionarios, empresarios y exguerrilleros sandinistas, entre otros.

La fuente destacó que la cifra de reos podría ser mayor, ya que el listado solamente incluye a personas cuyos familiares autorizaron la publicación de sus casos, indicó la fuente.

Actualmente 12 «presos políticos» permanecen en celdas de máxima seguridad, seis en calabozos de castigo, y seis en aislamiento, detalló el informe.

El Mecanismo señaló que el incremento de «presos políticos» refleja que «continúa el patrón de detención y criminalización en contra de liderazgos políticos y de sociedad civil. Así como también en contra de personas excarceladas políticas, muchas de las cuales se han visto forzadas a salir al exilio».

El informe también recogió denuncias de organismos defensores de los derechos humanos sobre supuesto maltrato y torturas en prisión, incluyendo la negativa a derechos como «permisos especiales en circunstancias de duelo, atención psicológica, atención ante síntomas de COVID-19, libertad de culto y de alimentación adecuada».

El Mecanismo está conformado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de «presos políticos» y «excarcelados políticos», abogados defensores, y redes territoriales de información.

El reconocido intelectual Sergio Ramírez, laureado escritor de proyección internacional, es uno de los castigados por el régimen, que el mismo contribuyo a crear mientras combatía junto al actual presidente Ortega, al punto de escapar del país y refugiarse por el momento en Estados Unidos.

A través de una misiva siete expresidentes de Costa Rica pidieron al Congreso «honre la lucha por la libertad» que representa el escritor nicaragüense Sergio Ramírez y a quien consideran perseguido político.

Siete expresidentes de Costa Rica pidieron el jueves al Congreso conceder la «ciudadanía de honor» al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien vive en el exilio desde que el Gobierno de Daniel Ortega emitiera una orden de captura en su contra.

A través de una carta, los expresidentes Oscar Arias Sánchez, Abel Pacheco, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, José María Figueres; Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, piden a la Asamblea Legislativa que «honre la lucha por la libertad» y reconozca a Ramírez, reconocido con el Premio Cervantes en 2017, como «ciudadano de honor de Costa Rica».

El escritor, acusado por el Ministerio Público de Nicaragua de «incitar al odio», en una entrevista con la Voa rechazó las acusaciones en su contra y las tildó «como una broma macabra»; asimismo, acusó directamente a la Administración Ortega de orquestar la medida.

Según Ramírez las acusaciones siguen el mismo patrón aplicado contra tantos nicaragüenses que quieren una Nicaragua distinta. «Solamente por reclamar democracia y por oponerse a la dictadura de la familia Ortega».

El novelista quien otrora fue opositor al régimen de Anastasio Somoza, también fue vicepresidente de Ortega en su primer Gobierno entre 1985 y 1990, año en que se desligó del partido Frente Sandinista.

En su cuenta de Twitter, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla hizo publica la carta de petición, de la cual es firmante, y escribió que se hacía «en nombre de la libertad y democracia que abrazamos los costarricenses».

Por su parte, el también exmandatario, Luis Guillermo Solís dijo que la solicitud «reconoce en la persona del ciudadano Sergio Ramírez Mercado a todas y todos quienes hoy persigue y reprime la dictadura en Nicaragua».

El artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica en su inciso 16 le confiere a la Asamblea Legislativa «conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones».

La petición de los exmandatarios deberá ser estudiada por la Comisión de Honores del poder legislativo costarricense la cual emitirá una recomendación al plenario.

Ramírez, quien dijo anteriormente que tenía pensado establecerse en Costa Rica, agradeció, en cualquier caso, a los exmandatarios y escribió «me honra y me conmueve» con relación a la solicitud.

El Gobierno de Nicaragua ha detenido, hasta ahora, a unos 34 opositores políticos acusándolos de conspirar contra el Estado.

A menos de mes y medio para las elecciones presidenciales de noviembre, las autoridades judiciales nicaragüenses han iniciado procesos contra 20 de esos opositores, incluidos cinco candidatos presidenciales, entre ellos Cristiana Chamorro, presidenta de la fundación Chamorro.

Ortega ha calificado de «terroristas» a todos ellos y afirma que «se está haciendo justicia contra los terroristas» que intentan repetir un golpe de Estado.

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