Detallado informe sobre violación a derechos humanos en Cuba

INTERNACIONAL

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Protestas en Canadá en apoyo a rebelión popular de Cuba / Foto: lezumbalaberenjena

Lectura: 10 minutos

Human Rights Watch (HRW) denuncia una «brutal estrategia de represión» del Gobierno cubano tras las protestas del 11 de julio, con al menos 130 casos de detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos.

El director de la entidad Miguel Vivanco presento el 19 de octubre los resultados de la investigación en la universidad Miami Dade College, al cumplirse 100 días del estallido en las protestas en Cuba.

Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, subrayó que esa estrategia tiene como objetivo «infundir miedo» y lamentó que los cubanos hayan sido «sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa».

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, subrayó en un comunicado que la organización humanitaria con sede en Nueva York se basó para elaborar este informe en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares, activistas y periodistas realizadas entre julio y octubre.

Los 130 casos de violaciones de derechos humanos están relacionados con detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos a cargo de la seguridad del Estado, las fuerzas militares, la policía nacional y las «boinas negras», detalla el informe.

Subraya que las «brigadas de respuesta rápida», que son grupos de civiles organizados por el gobierno, «estuvieron implicados en varias golpizas». Además, detalla que los «jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos».

El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.

HRW denunció que en la mayoría de los casos, los detenidos estuvieron incomunicados, fueron arrestados con violencia y en algunos casos maltratados y obligados a hacer «sentadillas desnudos», privados del sueño, encerrados en celdas sin luz natural o amenazados con represalias contra familiares.

«Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo», consigna el informe. Detalla que muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales «sumarios» en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso.

«Fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como «desorden público», basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad», precisa.

La organización, que detalla el caso de cada una de las víctimas, señala sobre José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que fue detenido junto con su hijo el 11 de julio. Agrega que el líder opositor, acusado de «desorden público», «se encuentra en prisión preventiva y se le ha negado la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde su detención».

En agosto pasado la familia de Ferrer recibió un documento de un tribunal donde se indica que él cumpliría «una pena de 4 años y 14 días de cárcel por un incidente anterior no relacionado con su actual detención», indica el informe.

Según HRW, el 19 de agosto pasado, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas, en su mayoría a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa. HRW señala además que «varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención».

«Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus», indica el informe.

En las masivas protestas del pasado 11 de julio, muchos cubanos gritaron «tenemos hambre», o exigieron medicamentos y vacunas. Pero, sobre todo, repitieron gritos de «libertad» y «abajo la dictadura». Y los acompañaron con advertencias de «no tenemos miedo». Fueron «demandas de poder participar en las decisiones políticas que se toman en el país», dice a DW la artista visual y activista cubana Salomé García Bacallao.

La reacción inmediata del Gobierno y los medios estatales, desestima las protestas como «disturbios a escala muy limitada», protagonizados por «mercenarios», «vándalos» y «revolucionarios confundidos»: como consecuencia del «bloqueo» económico y de «operaciones comunicacionales» de EE. UU., pero jamás de la mala gestión de quienes se presentan como guardianes de «La Revolución».

«La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios», ordenó ese día el presidente Miguel Díaz-Canel. Y dio luz verde así ─tanto a las fuerzas del orden como a sus partidarios─ para la represión estatal y paraestatal, «ejemplarizante», recuerda el abogado Eloy Viera Cañive, dedicado a la educación jurídica de la ciudadanía cubana en la red.

Tras un apagón de internet de más de 48 horas, también en Cuba circularon imágenes y testimonios de golpizas, balazos, y el Gobierno reconoció al menos un muerto, en un enfrentamiento con agentes.

Esa primera respuesta se tradujo, además, en masivas detenciones de manifestantes durante y después de las protestas, usando videos de redes sociales y denuncias de simpatizantes del oficialismo para identificarlos. Así como en la celebración de más de 60 juicios sumarios, exprés y sin abogados defensores: «para dejar claro que los tribunales cubanos pueden entender la ocupación de espacios públicos como un acto delictivo», opina Cañive.

«En lugar de libertad, hemos tenido cientos de personas encarceladas, muchas de las cuales estuvieron en algún momento en desaparición forzada», denuncia por su parte Bacallao, quien colabora desde España en la elaboración y verificación de un registro de casos, ante la escasez de cifras oficiales.

Tras controlar las protestas y sometido a presiones internacionales, el Gobierno matizó su discurso con una campaña oficial para «ponerle corazón» a Cuba, y reuniones de Díaz-Canel con sectores afines al oficialismo, como los periodistas estatales y líderes de determinadas denominaciones religiosas.

Además, cambió los mecanismos de judicialización, observa Cañive, centenares de detenidos empezaron a ser liberados y cesaron los juicios sumarios.

Pero, según el registro independiente, de al menos 1020 personas detenidas, 505 continúan aún en esa situación, incluidos 12 adolescentes de entre 15 y 18 años, que pueden ser juzgados como adultos desde los 16 en la isla. De 416 personas excarceladas, muchas esperan juicio bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Y la situación actual de las otras 97 ni siquiera se ha podido establecer.

Producto de la colaboración de un grupo de mujeres como Bacallao y la ONG de asesoría jurídica Cubalex, esta lista recoge, sobre todo, denuncias publicadas en medios independientes y redes sociales, o enviadas por correo electrónico, teléfono o Whatsapp. Las activistas han conseguido verificar poco más del 60 por ciento con familiares, amigos o los propios detenidos excarcelados. Y, en muy pocos territorios, con reportes de la prensa estatal local o autos de fiscalía.

Se trata de un subregistro, «con un sesgo económico muy grande», advierte a DW la periodista independiente María Matienzo, que colabora con el registro en La Habana. Muchas familias, especialmente entre la población negra y mestiza, carecen de acceso a la tecnología informática o las redes sociales, precisan las activistas.

Así, mientras un expediente de investigación filtrado a la prensa independiente indica que en el popular barrio habanero de La Güinera hay 161 personas acusadas, la lista solo registra 99. Y aunque los familiares de detenidos en una prisión del también habanero municipio del Cotorro consultaron listados de 800 nombres, Bacallao y Matienzo solo tienen referencias de 10 personas que pasaron por ese centro, y de casi 300 detenciones en toda La Habana.

El grueso de los liberados son «personas con cierta visibilidad: artistas, estudiantes, universitarios, gente con redes de apoyo», agrega Bacallao. Por el contrario, entre los aún encarcelados, incluidos los menores, abundan residentes de barrios marginalizados. Y entre los cargos que se les imputan sobresalen los de desórdenes públicos, desacato, o instigación a delinquir (por llamar a sumarse a las protestas). Eso contradice la versión oficial de que la mayoría está siendo juzgada por delitos violentos, insiste la activista.

Entretanto, muchas denuncias se han realizado desde fuera de Cuba. Dentro, a no pocos detenidos y familiares los ha vuelto a frenar el miedo: han sufrido interrogatorios, amenazas y multas por aparecer en el registro y en reportes de la prensa independiente o extranjera. «Tenemos noticias de personas detenidas que piden dejar de mencionar su nombre, porque les han amenazado con que su situación podría empeorar», relata Bacallao.

Quienes continúan detenidos enfrentan hoy procesos penales ordinarios. Se les imputan delitos más graves, como desorden público agravado, atentado o delitos contra la Seguridad del Estado. Eso les permite «esperar que bajen las tensiones políticas y utilizar la prisión provisional (de 60 días) como mecanismo de sanción anticipada», señala Cañive. El objetivo: que sirvan de «escarmiento», aunque luego haya quienes no sean llevados a juicio, opina.

Por eso, Cañive celebra también la activación, «en silencio», de un sector del clero al que ha apoyado como jurista: la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR), que gestiona recursos financieros y asesoría espiritual, psicológica y legal para los detenidos y sus familiares en todas las diócesis del país. Y que no ha contado con apoyo explícito de la jerarquía católica, pero sí con la tolerancia pragmática del Gobierno, evitando enfrentarse a esta institución, mediadora en procesos políticos importantes como la liberación de los presos políticos de la llamada Primavera Negra de 2003.

Otro artículo de interés: EE. UU. pide respeto a libertades y derechos del pueblo cubano

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