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Los organizadores de la marcha cívica en Cuba convocada para el 15 de noviembre anunciaron este martes que mantendrán el llamado, a pesar de la amenaza del gobierno comunista de la isla.

Las autoridades de La Habana prohibieron la manifestación que consideran una «provocación» que busca un cambio de régimen en la isla con el apoyo del gobierno de Washington.

«El 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos», anunció en Facebook el grupo opositor de debate político Archipiélago, organizador de la marcha. «Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo», dijo la organización unas horas después de recibir la notificación que la marcha estaba prohibida y tras reunirse para tomar una decisión.

En una carta de respuesta a su pedido para realizar la manifestación el 15 de noviembre, el Gobierno había señalado que «los promotores» de esta «así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba».

La marcha anunciada en La Habana, pero que será simultánea en otras provincias, «constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen» para Cuba, añade la respuesta que destaca el carácter constitucional e «irrevocable» del sistema social-comunista cubano.

La misma respuesta se dio en otras seis provincias (Holguín, Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Santa Clara y Guantánamo) donde se solicitó autorización para una manifestación «contra la violencia» y por el «cambio».

La convocatoria, lanzada en septiembre, apeló al artículo 56 de la nueva Constitución que reconoce el derecho a manifestación. Pero «el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva», advirtió el gobierno.

«Manifestarse es un derecho. Nos dijeron que no van a respetar ese derecho a pesar de que sea un derecho humano y a pesar de que esté en la Constitución. Nos han dicho que es ilícita nuestra solicitud», declaró temprano Yunior García, dramaturgo y líder de Archipiélago, al salir de una reunión con autoridades.

García lamentó las acusaciones sobre financiamiento de Estados Unidos: «Siempre, cualquier cosa que el cubano haga, van a decir que se le ocurrió a alguien en Washington. Es como si no pensáramos, no tenemos cerebro los cubanos», expresó y aseguró que «cualquier cubano sensato quiere cambio para bien».

Inicialmente, Archipiélago había convocado a la marcha para el 20 de noviembre, pero ─luego que el Gobierno decidió la semana pasada declarar esa misma jornada el «Día Nacional de la Defensa»─ el grupo anunció que la adelantaría para el 15.

La Marcha Cívica por el Cambio, una iniciativa en Cuba que decenas de activistas apoyaran solicitando permiso, recibió la negativa oficial de las autoridades cubanas, que generó preocupación y rechazo en Washington.

El gobierno de Estados Unidos pidió a las autoridades cubanas que respeten los derechos fundamentales del pueblo cubano, a raíz de la prohibición que los organizadores de la protesta recibieron en horas tempranas del martes.

«Hacemos un llamado al gobierno de La Habana para que respeten las libertades y los derechos fundamentales del pueblo cubano», dijo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.

Price rechazó la violencia con la que el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel respondió a las manifestaciones espontáneas del pasado 11 de julio, que se llevaron a cabo en más de 60 ciudades y pequeños pueblos en toda la isla caribeña.

«Nos unimos a los defensores de los derechos humanos de Cuba y a personas de todo el mundo para pedir la liberación inmediata de todos los detenidos, todos los que fueron arrestados o desaparecidos simplemente por ejercer sus derechos humanos fundamentales», zanjó Price.

El dramaturgo Yunior García Aguilera, unos de los organizadores de la marcha, anunció desde la plataforma Archipiélago la negativa, compartiendo en redes sociales la carta oficial, firmada por Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de la Administración de la Habana Vieja, un municipio capitalino.

«En cuanto a la licitud, no se reconoce la legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», indica la misiva oficial.

La marcha fue proyectada inicialmente para el 20 de noviembre, pero el gobierno cubano anunció para esa misma fecha una especie de maniobra militar de corte popular conocida como el «Día Nacional de la Defensa», lo que fue tomado como un claro desafío a los manifestantes.

Los organizadores habían cambiado la fecha para el 15 de noviembre.

«Ante el civismo de nuestra marcha convocada en tiempo y forma para el 20 de noviembre, responden con la amenaza de los tanques», declaró Aguilera ante la noticia. «Por si alguien todavía tenía dudas sobre el carácter autoritario y violento de quienes controlan el poder en Cuba… Ahí tienen: militarización total del país del 18 al 20 de noviembre. Nosotros seguiremos firmes en el camino del civismo y la paz. Armas, no. ¡Derechos!».

La iniciativa, que usó un canal oficial para solicitar aprobación de la manifestación, recibió críticas por parte de quienes consideran que es un trámite innecesario, debido a la histórica respuesta que el gobierno comunista ha dado a las muestras de inconformidad ciudadana.

El gobierno de Cuba ha censurado todas las actividades que vayan en su contra, dijo a la Voz de América el director de la productora audiovisual Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, desde su casa en Guantánamo, a más de 800 kilómetros de La Habana.

«No es disputarse si es preciso, si es necesario pedir un permiso o no porque en sí, en todos los países del mundo hay derecho a manifestarse», indicó Lobaina.

En una relación sobre hechos de censura a los derechos humanos, Lobaina, quien fue detenido por varios días tras los sucesos del 11 de julio, dijo que «el régimen cubano es un sistema ilegal».

«Los cubanos no tienen la herramienta ni la posibilidad de elegir directamente a su presidente, porque todos responden a los intereses de una línea partidista única que existe en la isla», concluyó.

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