Piñera envía militares para frenar violencia mapuche en el sur de Chile

INTERNACIONAL

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Foto: Tomás Flores Saavedra

Lectura: 8 minutos

Una consulta que incluyó cerca de 150 mil personas convocada por el gobernador de La Araucanía, el conservador Luciano Rivas, dio como resultado una mayoría concluyente en reclamo de fuerzas militares en la zona del extremo sur de Chile para frenar la violencia de grupos indígenas de origen mapuche, según la prensa de la zona.

Más del 80% de los consultados aprueba el mantenimiento del estado de excepción que decretó el Gobierno para militarizar la zona, cargada de violencia por el denominado conflicto mapuche especialmente en el ámbito rural con incendios de viviendas familiares, comerciales y vandalismo salvaje.

La consulta promovida por el gobernador ─que no es vinculante─ tuvo el propósito no solo de conocer la percepción pública ante un eventual aumento del estado de excepción constitucional que rige actualmente las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía, y la de Arauco en el Biobío hasta el 11 de noviembre, debate que se dará en el Congreso a más tardar el 9 de noviembre.

También incluye el interés, no manifestado públicamente, de recibir un apoyo de la población a las medidas cada vez más necesarias para limitar un conflicto que tiene visos de verdadero enfrentamiento civil entre los pobladores indígenas de la zona y los gobiernos locales.

La encuesta ses realizó los dos primeros días de la semana con la participación online de 145.000 personas que habitan dentro de las 32 comunas involucradas en el proceso, bajo el interés del gobernador Rivas y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA).

«Le pedimos a los políticos, en especial a todos los diputados y senadores de Chile, que se escuche nuestra voz, no se hagan los sordos», dijo Rivas una vez publicados los resultados y agregó que, desde su cargo, busca impulsar un «pacto nacional» que considere extender el estado de emergencia en la zona para garantizar la seguridad, así como establecer diálogos con «todos los quieran, sin armas ni fusiles en la mesa».

El presidente Sebastián Piñera, decretó a mediados de octubre pasado el estado de excepción constitucional en el territorio, que en la práctica implica el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público en un intento de reducir en el sur de Chile la ola de violencia (que también se propaga hacia la Patagonia argentina) que se enmarca en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a diversas empresas agrícolas y forestales.

A principios de noviembre el presidente Piñera, anunció el propósito de solicitar al Congreso la prórroga del estado de excepción y la militarización en el sur de país, la zona en la que existe un histórico conflicto territorial entre un violento grupo de indígenas que se reivindican mapuches y empresas forestales, marcando la diferencia con otras comunidades también del mismo origen que conviven pacíficamente y sin ningún tipo de controversia con la actividad pública y privada.

«Estamos plenamente preocupados por la grave alteración del orden público y la seria amenaza a la seguridad ciudadana que generan los violentos atentados a manos de bandas criminales que han sucedido en esta zona del país», dijo Piñera, un presidente que soporta ataques permanentes de sectores de la izquierda radicalizada de Chile.

El propósito es que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a la Policía «para poder enfrentar con mejores herramientas el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado que afecta a estas regiones». El decreto, que lleva vigente desde el 12 de octubre, abarca la militarización de las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía.

La ola de violencia recae sobre maquinaria agrícola, predios rurales, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales en una crisis que parece muy dificil de solucionar, frente a la angustia de la mayoría de la población que reclama la intervención del gobierno.

La presencia militar ha permitido «reducir prácticamente a la mitad los incendios y a la décima parte las usurpaciones de propiedades», dijo el presidente.

Al mismo tiempo del anuncio presidencial, un grupo de encapuchados hizo descarrilar un tren cargado de mercadería y quemó al menos cuatro vagones a la altura de Victoria, en La Araucanía.

La medida de militarización de la región en el sur es otro intento del gobierno por frenar el conflicto con un grupo de indígenas mapuches, que piden recuperar sus tierras, entre otras reivindicaciones que también incuyen indemnizaciones y resarcimientos.

«Queremos comunicar hoy que […] hemos decidido decretar estado de excepción» en cuatro provincias de las regiones sureñas de Biobío y La Araucanía, que «contempla la designación de jefes de la defensa nacional» para controlar el orden público, expreso Piñera.

«Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos», aclaró el mandatario.

Entre las nuevas competencias que tendrán las Fuerzas Armadas se encuentran el apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje «a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia», dijo el presidente.

«Los habitantes de estos territorios viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos», añadió.

Una «Marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos», en el centro de la capital chilena, Santiago, convocó a un reducido número de manifestantes pero terminó con violencia y heridos.

La Policía dispersó la protesta con un fuerte contingente de efectivos apoyados con carros lanza-agua y gases lacrimógenos. Los manifestantes respondieron con palos y piedras en enfrentamientos que se extendieron al menos por cuarenta minutos.

En la marcha se observaron carteles con leyendas como «Wallmapu (territorio mapuche) libre» o «no detendrán nuestra legítima lucha», en alusión al histórico conflicto que el pueblo aborigen tiene con el Estado chileno, al que reclama la restitución de tierras en el sur del país que considera propias por derecho ancestral.

El líder del grupo activista mapuche Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, dijo a Efe que el Gobierno de Chile «arremete contra las comunidades» que luchan «contra el gran capital», respecto a la intención de dos partidos del oficialismo de querellarse contra la CAM, a la que definen como «organización terrorista».

La reivindicación territorial mapuche y la necesidad de reconocimiento de parte del estado chileno cobraron fuerza en las protestas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile. La Convención Constituyente ─que el martes cumple 100 días desde que comenzó para labor de redactar una nueva Constitución─ es presidida por la académica mapuche Elisa Loncon y 17 de sus 155 miembros son representantes de 10 pueblos originarios.

Siete constituyentes representan al pueblo mapuche, quienes esperan resolver las demandas indígenas en la nueva Carta Magna. La falta de solución a los reclamos mapuches ha provocado una escalada de violencia en la última década en las regiones sureñas de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, con ataques incendiarios a predios privados y camiones.

Otro artículo de interés: Presidente Piñera bajo fuego de izquierda en parlamento chileno

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