Piloto iraní, imputado en Buenos Aires

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Mahan Air, compañía considerada que colabora con organizaciones terroristas / Foto: Alan Wilson

Lectura: 4 minutos

La fiscal federal argentina Cecilia Incardona decidió investigar la relación del piloto del avión venezolano-iraní, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo.

Amplió la imputación, al resto de los tripulantes de la aeronave que se encuentra retenida en el aeropuerto de Ezeiza.

El gobierno argentino salió rápidamente al cruce de las denuncias sobre el avión irani-venezolano, con una defensa pública en los medios oficialistas de comunicación donde resaltó la posición del jefe de los espías Agustín Rossi quien manifestó que se trata de un vuelo de entrenamiento para preparar a las tripulaciones venezolanas.

Otro miembro del oficialismo, el piquetero Luis D’Elia, acusó a Israel y Estados Unidos por una supuesta operación contra Irán y Venezuela. La prensa destaca que D’Elia viajó a Irán en distintas oportunidades, país con el que mantiene relaciones amistosas, para avanzar en algún tipo de acuerdo político y comercial con el gobierno argentino.

Argentina sufrió dos atentados terroristas en 1992 y 1994 que destruyeron la embajada de Israel en Buenos Aires, el centro comunitario AMIA, y dejaron decenas de muertos y heridos.

«Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», dice el dictamen de la fiscal.

La fiscal solicita al juez Federico Villena que determine «la posible relación» del piloto con «actividades de terrorismo internacional».

Reclamó además que se siga manteniendo en Argentina a los tripulantes iraníes y venezolanos, que se retengan sus pasaportes y pedirle a Estados Unidos (EE. UU.) que amplíe lo ya informado sobre Ghasemi, es decir, si está investigado en alguna causa, como también si el avión está embargado en ese país.

La fiscal encuentra «inconsistencias» en la información de los miembros de la tripulación y pidió que se profundice la investigación sobre este aspecto.

El piloto imputado del avión Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, llegó al país a principios de junio.

«Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», afirmó la fiscal.

En su dictamen, sostuvo: «Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».

Tras recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana «para delimitar el objeto procesal».

Incardona pidió que se acredite de modo fehaciente la titularidad de la aeronave de Emtrasur y confirmar si la firma Mahan Air tiene aún algún tipo de vinculación con la misma.

«Mahan Air es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera, y Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, que hoy continúa al mando del nombrado avión», destacó en su requerimiento.

«Aún con la salvedad de los alcances del informe del FBI ya señalados, de allí surge que Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable», agregó.

Sobre el resto de la tripulación, 4 iraníes y 14 venezolanos, Incardona señaló que «existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación».

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