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Estados Unidos calificó este viernes al grupo paramilitar ruso Wagner como una «organización criminal transnacional», con lo que aumenta la presión sobre este ejército privado que combate en distintas áreas del terreno en Ucrania.

Wagner «es una organización criminal que continúa cometiendo atrocidades generalizadas y abusos contra los derechos humanos», dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

La agrupación es calificada por muchos gobiernos occidentales de mercenaria y acusada de protagonizar violaciones a los derechos humanos. Dirigida por Yevgeny Prigozhin, un allegado al presidente ruso Vladímir Putin, esta organización paramilitar es muy activa en la feroz batalla por la captura de la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania.

Estados Unidos considera que Wagner «tiene actualmente unas 50.000 personas desplegadas en Ucrania, incluidos 10.000 mercenarios y 40.000 prisioneros». Washington espera tomar más medidas contra el grupo tras incluirlo en su lista negra.

Asimismo, Kirby compartió imágenes satelitales que muestran a trenes rusos dirigiéndose a Corea del Norte para abastecer de equipos y suministrarlos al grupo Wagner, lo que representa una violación de las resoluciones de la ONU, indicó.

Prigozhin, varios de sus asociados y el Grupo Wagner ya están bajo el peso de las sanciones estadounidenses autorizadas en virtud de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA), que permite al Departamento del Tesoro congelar activos a su alcance y evitar la entrada de personas determinadas en Estados Unidos.

Dichas sanciones también permiten que el gobierno de los EE. UU. bloquee cualquier transacción que esté sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos y que involucre a personas y entidades sancionadas.

Las sanciones bajo IEEPA son más efectivas para disuadir a bancos con alguna presencia en Estados Unidos de participar en transacciones financieras con cualquier entidad sancionada. Por ejemplo, BNP Paribas se declaró culpable de violaciones de las sanciones y recibió una multa de US$8900 millones en 2014 por procesar transacciones financieras en nombre de entidades sancionadas en Sudán, Irán y Cuba.

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