VENEZUELA

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«Los médicos y personal profesional de salud ganan sueldos miserables y, en respuesta a las demandas socioeconómicas, el Gobierno les viola sus derechos laborales al negarse a discutir la contratación colectiva», señaló el presidente de la FMV, Douglas León Natera, en una nota de prensa.

Asimismo, dijo que los bajos salarios y la «persecución del Gobierno contra los trabajadores», provocó la «renuncia masiva» y la migración de médicos de todas las especialidades.

León Natera añadió que en los hospitales falla constantemente el servicio de agua, de electricidad, así como la dotación de medicinas, equipos quirúrgicos, camillas y el mantenimiento de los ascensores. Sostuvo que, en «distintas» oportunidades, pidieron al Ejecutivo implementar un plan de recuperación hospitalaria, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

El pasado 1 de marzo, la ONG Médicos por la Salud indicó, en su informe anual de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), que en 2022 los índices de atención hospitalaria en Venezuela registraron una «relativa mejoría» con relación a años anteriores, aunque la situación en el área «sigue siendo crítica».

La ONG detalló «un aumento discreto de 36,9 camas de emergencia promedio disponibles en cada hospital (2022), versus 35,1, en el 2021; y un promedio de 3,6 pabellones operativos en 2022, versus 3,5 en 2021».

En cuanto al personal, la encuesta reportó que «se ha visto un incremento discreto (al pasar de) 10,1 residentes, en promedio, en emergencia en 2019, a 11 en 2022», y que el número de médicos especialistas y enfermeras se ha mantenido estable.

El Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index), que mide de forma comparada las capacidades de 195 países del mundo para prevenir y hacer frente a amenazas sanitarias, le asignó a Venezuela en el 2021 un puntaje de 20.9 puntos sobre 100, lo cual coloca al país como el peor de América Latina y uno de los 10 peores países del mundo respecto a sus capacidades sanitarias.

Desde hace varios años, organismos internacionales y grupos de defensa de los derechos humanos, así como diversas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela dedicadas al seguimiento de la situación de la salud, han venido advirtiendo sobre el progresivo y grave deterioro del sistema de salud en el país.

En el año 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe «Respuesta para mantener una Agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela» alertó sobre la forma acelerada en la que se deterioró la capacidad operativa del sistema nacional de salud durante el período 2013-2018. Según este informe, esta pérdida de capacidad operativa afectó gravemente la gratuidad en la prestación de la atención de salud, así como el acceso a los medicamentos.

El progresivo colapso del sistema de salud venezolano no ha sido debidamente atendido por el Estado venezolano, por lo cual continúa agravándose. Durante el primer semestre de 2022, el desabastecimiento de insumos en las emergencias de los hospitales del país alcanzó en promedio un 46,8 por ciento, mientras que el desabastecimiento de insumos para los quirófanos alcanzó el 71,5 por ciento.

A esta falta de insumos se agrega la baja operatividad de los servicios de laboratorios, rayos X, ecografías y, en especial, los de tomografía y resonancia magnética, los cuales alcanzan un 79 por ciento de inoperatividad. Todas estas carencias llevan a que «para que un paciente sea atendido en un hospital, el enfermo debe llevar si no todos, la gran mayoría de los insumos que se necesitan para atenderlo», según se afirma en el Informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales.

Ello implica que, en la práctica, el cuidado de la salud en Venezuela se ha venido privatizando. Este mismo informe revela que, en promedio, las personas que llegan con infarto a los centros de salud públicos venezolanos deben esperar más de tres horas para recibir tratamiento. Ello explica el elevado número de lo que en este informe se analiza como «muertes evitables».

Durante la última década en Venezuela, se ha venido produciendo un éxodo masivo del personal de salud capacitado debido, entre otros factores, a los bajos sueldos, las difíciles condiciones de trabajo y la inseguridad reinante en los centros de salud. Para el 2014, se estimaba que el 33,26 por ciento de los médicos registrados en el país habían migrado fuera de Venezuela. De acuerdo con el último informe de la ONG PROVEA, la salida de personal médico había aumentado para el año 2021 a un 70 por ciento y la salida del personal de enfermería a un 80 por ciento.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha colocado especial atención a la grave situación de la salud en Venezuela. En su último informe presentado el pasado 24 de junio, Bachelet destacó en sus conclusiones que en Venezuela la pandemia de COVID-19 ha agravado el frágil sistema de salud existente:

«Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes».

La consecuencia directa de esta lamentable situación ha sido el deterioro notable de importantes indicadores de salud del pueblo venezolano. Datos recientes recogidos del Estudio del Centro Johns Hopkins sobre la crisis de salud de Venezuela (2021), revelan que en Venezuela se ha producido una disminución de 3,5 años en la esperanza de vida en comparación con la generación anterior.

Durante la última década, la mortalidad infantil de menores cinco años ha aumentado más de 40 por ciento. Entre el 2012 y el 2016 se duplicaron las muertes maternas. En el año 2018, Venezuela representó el 48 por ciento de los casos de tuberculosis de la región y en el 2019 el 70 por ciento de los casos de malaria.

Según José Félix Oletta, médico internista y ex ministro de salud, el colapso del sistema de sanitario venezolano tiene su origen en el año 2004 con la creación de la misión «Barrio Adentro», diseñada con la intención de remplazar al sistema de salud venezolano: «Barrio Adentro fue un modelo de Atención Primaria de Salud importado de Cuba que Chávez estableció en el país, de forma abrupta e improvisada, sin controles, y sin ningún tipo de integración técnica, administrativa, ni financiera con el sistema sanitario preexistente, lo cual condujo a fragmentar y debilitar todo el sistema de salud venezolano».

*Imagen ilustrativa.

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