Alarma en Washington por ola de inmigrantes

INTERNACIONAL

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Foto: picryl.com

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El presidente estadounidense, Joe Biden, prevé una situación «caótica por un tiempo» en la frontera con México, cuando el jueves se levante la norma que permite expulsar de inmediato a la mayoría de los migrantes.

«Está por verse. Será caótico por un tiempo», respondió el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a periodistas que le preguntaron si su gobierno está preparado para un aumento significativo de migrantes cuando el jueves a las 23H59 hora de Washington (03H59 GMT) expire el llamado Título 42, una regla activada durante la pandemia que permite expulsar automáticamente a casi todos los que llegan sin visa o documentación necesaria para entrar.

Horas antes, Biden habló con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre las consecuencias del levantamiento de esa norma.

Ambos presidentes tienen que coordinarse porque una vez que se levante la norma sanitaria se usará exclusivamente el Título 8, que permite solicitar asilo siempre que la persona pueda convencer de que será perseguida o torturada si regresa a su país, pero también autoriza la deportación acelerada de los demás. Y una parte de los expulsados acabará en México.

«Discutieron la estrecha coordinación continua entre las autoridades fronterizas y las fuertes medidas de aplicación de la ley», en previsión del Título 8, cuyas consecuencias son «más graves» porque castiga con cinco años de prohibición de entrada a los deportados, afirmó la Casa Blanca en un comunicado.

Un previsible aumento de migrantes dejaría todavía más al descubierto las profundas divisiones en un país fundado sobre promesas de seguridad y refugio, pero donde la preocupación por la inmigración ilegal hace incierta su bienvenida.

Muchos de los que tratan de escapar de las crisis económicas y políticas en sus países ya han cruzado la frontera. Frustrados por la falta de opciones legales, algunos se colaron a lo largo de los 3.100 kilómetros que separan al país más rico del mundo de México.

Las ciudades tejanas de El Paso, Brownsville y Laredo han declarado el estado de emergencia y lidian con cientos de personas, la mayoría de América Latina, y otras de China, Rusia y Turquía.

En El Paso algunos migrantes duermen en las calles, se cubren del sol con sábanas o descansan sobre cartones. Hay niños pidiendo limosnas.

El alcalde Oscar Leeser advirtió que sus oficiales se preparan para la llegada de muchos más el viernes.

Un caso idéntico se desarrolla en Italia.

Para los inmigrantes en Italia, obtener el estatus de protección especial puede cambiarles la vida. Pero los legisladores han aprobado ahora una ley que restringe severamente el acceso.

El parlamento italiano acaba de aprobar una controvertida ley para reprimir la inmigración irregular. Conocido como el decreto Cutro, en referencia a la ciudad del sur de Calabria donde murieron más de 90 personas en un naufragio el pasado febrero, la legislación limita severamente el estatus de protección especial que las autoridades italianas pueden conceder a los migrantes que no reúnen los requisitos para obtener asilo.

Italia ha registrado más de 42.000 llegadas irregulares desde principios de 2023, cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado, y el gobierno italiano afirma que la protección especial incentiva a los migrantes a emprender peligrosos viajes al país.

«La protección especial crea condiciones atractivas para la inmigración y vamos a eliminarla», dijo Nicola Molteni, del partido derechista Liga y subsecretario del Ministerio del Interior.

El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, del partido ultraderechista Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, desató recientemente la polémica al advertir contra la «sustitución étnica» de los italianos por inmigrantes, noción ampliamente considerada racista.

Antes del decreto, las personas a las que se ofrecía el estatus de protección especial podían vivir en Italia durante dos años, renovar su permiso de residencia y convertirlo en permiso de trabajo. Se concedía a solicitantes de asilo que corrían el riesgo de ser perseguidos en su país de origen, a quienes huían de la guerra y las catástrofes naturales, así como a quienes tenían lazos familiares o un alto nivel de integración económica en Italia.

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