La constructora brasileña Odebrecht demandó al Estado argentino, acusándolo de imponer un «doble estándar», según se trate de aplicar sanciones contra ella o contra las empresas locales involucradas en la investigación fundada en los cuadernos de la corrupción.

De acuerdo con su acusación, le impusieron una suspensión preventiva en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) a mediados de 2017, lo que le impidió a partir de ese momento competir en nuevas licitaciones.

Esta decisión se basó en las noticias provenientes de Brasil y de Estados Unidos y en los balances que la propia constructora le presentó.

Transcurridos 14 meses y una semana -y ante el silencio del Estado-, la constructora pidió su rehabilitación, pero chocó con una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos, en curso o concluidos, que afronta en la Argentina o en el exterior, «haciéndose tales requerimientos extensivos a cualquier compañía del grupo económico, sean subsidiarias o controladas, sucursales o filiales».

Ante ese panorama, Odebrecht decidió pasar a la ofensiva. Solicitó a la Justicia que le ordene al Registro Nacional de Constructores que informe cómo actuó ante otras «empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades».