Servicio públicos y tarifas

OPINIÓN

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Por Hugo Flombaum, analista político. Columnista de LaCity.com.ar

 

 

 

 

Hubo una época en la cual todo estaba claro en nuestro país, la llegada de las redes de agua, electricidad y gas a los barrios eran responsabilidad de los vecinos.

A nadie se le ocurría pensar que había un “dios estado” que con la varita mágica venía y le daba la posibilidad de contar con esos servicios sin la participación y la contribución del vecino. Estaba claro que el valor de la propiedad crecía con la llegada de los servicios y el que se beneficiaba era el propietario.

El mantenimiento y la calidad de servicio estaban claramente dictados por ese origen, era impensable que las empresas prestatarias no se preocuparan por la calidad de servicio, sabiendo que el que había pagado por tenerlo era el usuario.

La propiedad misma del servicio público la expresa su nombre, el único dueño de las empresas de servicio es el usuario, lo que determina este carácter es la imposibilidad de transar sobre las redes de las distribuidoras de servicios. No se pueden vender entonces, no tienen dueño, no son del estado, no son de los concesionarios, son de los usuarios.

No me voy a ir lejos para no extenderme, el gobierno kirchnerista se apropió de la caja de las empresas y usó las tarifas para su política de distribución, no eran dueños no debieron hacerlo, pero pudieron y ahí está el problema.

El actual gobierno apostó a que actualizando el valor de las tarifas se trasladaba la responsabilidad de la calidad de servicio a las empresas concesionarias y le dio el manejo de la caja. Gran error. No son dueños, no debieron, pudieron y cometieron un error.

Todos van a mirar en los balances de las empresas para ver cuanto ganaron con esos ingresos, pero eso es mínimo respecto de lo que significaron realmente para el crecimiento de sus empresas.

El manejo discrecional de la recaudación por parte de los accionistas de las empresas de servicio les permite apalancar inversiones en otras empresas, y ese es el mayor beneficio.

Las cajas de todas las empresas públicas de países serios son exclusivamente usadas para el mantenimiento e inversión. La propiedad de la misma es del público no de los accionistas del concesionario.

La expansión es tema de los nuevos usuarios o en el caso de que los gobernantes, por algún motivo, quieran promover una zona o barrio, el estado se hace cargo.

La compra de la energía, el gas o del agua si no la produce la misma empresa es un tema especial.

Ahí el gobierno tiene una participación, pero relativa, los costos de la energía como del gas son auditables y además son públicos.

El día que despoliticemos los servicios públicos, ya sean administrados por el estado o por un concesionario privado, y fortalezcamos a los usuarios como únicos dueños todo será más fácil y claro.

Las tarifas tienen un precio, no dos ni es materia opinable. Lo que sí es opinable es cuánto se paga al administrador por su trabajo, lo que sí es opinable es la calidad de servicio que se presta y de ella saldrá el importe a invertir, lo que sí es opinable es la tecnología que se usa para la medición, facturación, cobranza, corte y reconexión. Y todos esos temas deben ser resueltos por los usuarios.

Fortalecer a los usuarios es fortalecer las instituciones.

Luego podrán aplicarse políticas sociales directas, a través de municipios, provincias o de la nación.

Los primeros por su cercanía atienden problemas puntuales de usuarios o empresas en problemas.

Las provincias si quieren promocionar una zona o actividad determinada.

La nación si quiere impulsar corrientes migratorias internas para distribuir población o sectores productivos determinados.

Pero esto de que las tarifas sean tarea de un ministro de energía o de un ministro de hacienda o de ambos es un desvarío.

Claro, los estados pueden ayudar a través de organismos regulatorios a la participación de los usuarios. Son los estados en sus diferentes expresiones territoriales los que deben impulsar y ayudar a consolidar la participación de usuarios para que asuman la responsabilidad como dueños.

El ejemplo de Vaca Muerta es una síntesis de todos los errores posibles. El estado debía promocionar y ayudar a que los inversores desarrollaran la explotación del yacimiento, pregunto ¿Qué tiene que ver con eso las tarifas de gas de los consumidores? NADA.

Nadie puede ni oponerse ni objetar la decisión del Gobierno en apoyar al desarrollo del yacimiento, nadie duda de su importancia.

Lo que nunca debió hacer es comprometer el precio del gas de los consumidores. Fundamentalmente porque el resultante de la venta del gas a domicilio no es del estado, ni de las distribuidoras, es de los usuarios.

Si el gobierno hubiera ido al Congreso a pedir una partida para garantizar la inversión de los privados en la exploración de petróleo y gas, lógica condición pedida por los inversores teniendo en cuenta nuestra historia, seguramente se hubiera podido obtener y ejecutar.

Lo que no se puede es usar dinero ajeno, los usuarios tienen que pagar el precio del gas según costos y luego agregar los costos de transporte y distribución, que son claros y transparentes.

Las inversiones para la exploración y explotación de nuevos yacimientos nada tienen que ver con la prestación de un servicio público.

Cuando se confunden los roles, las misiones y los intereses las malas consecuencias no tardan en llegar.

Será tema de otro artículo, pero con el ahorro público resultante de los aportes jubilatorios, los gobiernos hicieron lo mismo.

Quebraron los servicios públicos y quebraron las Cajas jubilatorias.

De una inflación oculta en tarifas bajas pasamos a una inflación descontrolada que hace de cada aumento la necesidad de uno nuevo.

Hay que parar esta espiral sin destino, hacer borrón y cuenta nueva con los servicios públicos para poner cada cosa en su lugar.

Es increíble que hayamos llegado al desastre actual de que los usuarios dan de baja los medidores retrocediendo al uso de garrafas o leña. Una consecuencia impensada por aquellos que pensaron en actualizar tarifas para mejorar los servicios.

Renegociar contratos, dictar nuevas leyes regulatorias, más modernas, aplicando nuevas tecnologías disponibles, incorporando la auto generación de calor y electricidad con energías renovables.

Así como el país necesita una nueva matriz energética las familias necesitan una nueva relación con los servicios de su propiedad.

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