Régimen nicaragüense de Daniel Ortega acusado de violaciones a derechos humanos fue intimado por ONU

INTERNACIONAL

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Alta comisionada de ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet / Foto: UN Geneva

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La ONU pidió este viernes (06.09.2019) poner fin a la «impunidad» en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo «graves violaciones» de los derechos humanos en un contexto de crisis política.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado «graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas» en el país centroamericano.

«Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas», precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.

La ONU observa que «se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo».

Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, está dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega.

El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en la exigencia de que Ortega deje el poder por la represión ejercida contra los manifestantes.

A más de un año de que comenzara la crisis sociopolítica en Nicaragua, madres de jóvenes víctimas de la violencia, continúan demandando justicia por los asesinatos de sus hijos. Hasta la fecha ningún paramilitar, agente policial, o miembros de grupos de choques, a los que estos grupos de la sociedad civil considera responsables, ha sido procesado por estos presuntos delitos, según la Asociación de Madres de Abril.

Lizeth Dávila, madre del adolescente Álvaro Conrado, muerto en las protestas, aseguró que no han desistido en la búsqueda de justicia.

«Sabemos que la ruta de nosotras como madres en la exigencia de nuestros derechos es larga, y necesitamos de apoyo de cada uno. Pero el tema que nos compete más a nosotras como madres es el tema de verdad y justicia».

Las madres de las víctimas firmaron un acuerdo con la opositora Alianza Cívica y otras organizaciones sociales, donde las partes se comprometen a no suscribir ningún tipo de acuerdo que obstaculice o pretenda dejar en impunidad la muerte de sus seres queridos, explicó Carlos Turnerman aseguró.

«Estos familiares verán un día esclarecerse los crímenes. Y los criminales irán a la cárcel, hasta que tengamos el cambio que el pueblo demanda. En Nicaragua habrá algún día la justicia suficiente para que estos familiares vean que se esclarecen los crímenes».

El gobierno de Nicaragua aprobó una Ley de Amnistía que incluye un perdón para todas las personas involucradas en actos violentos, en el marco de las protestas, a partir del 18 de abril del año pasado. Con la medida se logró la libertad de varios de los considerados presos políticos. El presidente Daniel Ortega dio por concluidas las negociaciones con la opositora Alianza Cívica en el mes de junio.

Artículo relacionado: OEA: Presidente de Nicaragua rechaza nueva comisión para investigar crisis social del país

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