Controvertido apoyo de España a Cuba

ESPAÑA

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Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell / Foto: Casa de América

Lectura: 3 minutos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fontelles se reunió con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, en New York en el marco de la semana de alto nivel de Naciones Unidas, en la que Borell reiteró el rechazo de España a la activación del Titulo III de la Ley Helms-Burton, que establece sanciones para los países que tienen relaciones económicas y comerciales con el régimen de La Habana.

El denominado Título III de la Ley que fue activada por el presidente Donald Trump, el pasado 17 de abril de 2019, autoriza a los propietarios o herederos de propiedades confiscadas en Cuba por el régimen comunista de Fidel Castro a partir de 1960, solicitar ante los tribunales de Estados Unidos una remuneración a todas las empresas que utilizaron con fines comerciales los patrimonios inmuebles confiscados por la revolución cubana.

La ley Helms-Burton fue aprobada en 1996, aunque todos los presidentes estadounidenses habían suspendido el Título III por objeciones de los aliados de Washington que obtuvieron negocios en Cuba y por los posibles efectos en futuras negociaciones de acuerdos entre Estados Unidos y el régimen de la isla.

La normativa incluye excepciones para propiedades residenciales, valuadas en menos de 50.000 dólares o relacionadas con viajes a Cuba considerados legales.

De acuerdo con el canciller español Borell, la Ley Helms-Burton «disuade y penaliza el comercio y las inversiones de empresas de terceros estados causando igualmente un grave perjuicio al bienestar de la población cubana», informó en un comunicado la cancillería española.

Cadenas hoteleras españolas como Meliá, Iberostar y Barceló son algunas de las empresas que enfrentan demandas.

El 25 de septiembre, el exiliado cubano en Estados Unidos José Ramón López Regueiro demandó en tribunales federales de Miami a las aerolíneas American Airlines y LATAM Airlines Group alegando que operan de manera ilegal en el Aeropuerto Internacional José Martí que el gobierno de Cuba confiscó a su familia tras la revolución de 1959, construido en terrenos de propiedad privada.

López Regueiro busca que las dos compañías aéreas dejen de operar sus aviones de pasajeros y de carga en esa estación aérea y le paguen un resarcimiento económico que podría alcanzar hasta 3.000 millones de dólares

Las empresas españolas serían las más afectadas si las demandas en los tribunales estadounidenses prosperan.

Los países miembros de la Unión Europea (UE) se han mostrado contrarios a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

«El Gobierno de España y la Unión Europea rechazan estas medidas coercitivas unilaterales y contrarias al derecho internacional, y trabaja junto con la Comisión Europea, el resto de los Estados Miembros y otros socios internacionales en la adopción de las medidas necesarias para paliar esta decisión», señaló el gobierno español en una comunicación oficial.

Las empresas europeas, especialmente españolas, se beneficiaron de las concesiones del gobierno cubano para explotar el turismo en la isla aprovechando la ausencia de las grandes cadenas de Estados Unidos que tenían prohibido los negocios con Cuba a raíz de la aplicación de la ley mencionada.

Artículo relacionado: UE refuerza apoyo al régimen comunista de Cuba

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