Siete espías de Venezuela fueron acusados por Unión Europea

INTERNACIONAL

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Jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini / Foto: European Parliament

Lectura: 5 minutos

Los acusados de violación a los derechos humanos no podrán utilizar ningún tipo de activo en Europa ─al menos en los países de la UE─ ni tampoco trasladarse por alguno de los mismos, con prohibición de utilizar el sistema financiero aun cuando tengan movimientos en los bancos.

Cuatro de ellos están relacionados directamente con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, un militar de la Marina venezolana que sufrió torturas mientras estaba bajo custodia del estado, según el informe que dio a conocer Bruselas.

La Unión Europea afirma que los espías de la inteligencia venezolana son responsables por «graves violaciones de los Derechos Humanos», incluido torturas, uso excesivo de la fuerza y maltrato a detenidos, y cuatro de ellos fueron encontrados directamente implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, que murió en junio bajo la custodia de las autoridades venezolanas.

Las sanciones ─que implican la congelación de sus bienes y activos bajo jurisdicción europea y la prohibición de entrada en la UE y han sido aprobadas formalmente este viernes por los Veintiocho─ están vigentes de forma inmediata tras la publicación en el Diario Oficial europeo.

Las sanciones recaen sobre el mayor de la Guardia Nacional Bolivariana Néstor Blanco Hurtado; el director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Rafael Ramón Blanco Marrero; uno de los cuatro agentes relacionados directamente con la muerte del capitán Acosta; y al alto mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Carlos Calderón; así como al jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONDOFT) Alexis Enrique Escalona Marrero, que fue jefe del Comando Nacional de Secuestros.

La UE también han sancionado a otros tres mandos responsables de la muerte del capitán Acosta. Se trata de los agentes del SEBIN Rafael Antonio Franco Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares, que ejercieron ambos como jefes de Investigación de la DGCIM, y del director de Asuntos Especiales de la DGCIM, Alexander Enrique Granko Arteaga.

La UE ya denunció «la trágica muerte del capitán Acosta mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela» como «un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los Derechos Humanos» en el país y respaldó los hallazgos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en cuyo reciente informe «confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas de Venezuela».

«A la luz de la grave situación que persiste en Venezuela, de la que también ha informado la ACNUDH, y la responsabilidad de las graves violaciones de los Derechos Humanos, en particular la tortura, cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de Inteligencia de Venezuela en apoyo al régimen, siete personas deben ser incluidas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas» aclara la UE.

«El impacto regional de la crisis no tiene precedentes, con graves riesgos para la estabilidad regional», dijo la alta representante de Exteriores del bloque, Federica Mogherini.

La UE está lista para ampliar las sanciones destinadas a conseguir una transición política y la celebración de elecciones, agregó Mogherini, añadiendo que estas medidas podrían suavizarse si se registran avances.

Con esta decisión, el número de altos cargos venezolanos, políticos y militares, sancionados por la UE se eleva a 25, entre ellos el número dos del «chavismo» y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

La UE impuso en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobó la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a éstos.

Las sanciones han sido prorrogadas, un año más, hasta el 14 de noviembre de 2019. Se trata de una severa posición de los países europeos que no registra antecedentes en el combate a los gobiernos no democráticos acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Todavía la sanción no ha sido comunicada a las Naciones Unidas, tampoco Estados Unidos ha reaccionado hasta el momento pero sin lugar a duda entienden los comentaristas internacionales que el régimen venezolano ha encontrado un nuevo escollo muy difícil de superar.

Rusia e Irán, con Cuba, son los países que mantienen un sistema de solidaridad política y económica con el régimen de Nicolás Maduro que aparece cada vez mas aislado de la comunidad internacional.

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