La Corte Suprema y el «medio embarazo»

OPINIÓN

cortes
Jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti / Captura Youtube

Escribe Roberto Jordan, abogado constitucionalista, colaborador de lacity.com.ar.

 

 

 

Lectura: 3 minutos

El tema de la relación de los impuestos y el poder se llevó todos los impulsos de nuestra civilización.

En su lucha cayeron los absolutismos, el colonialismo y las tentativas de concentrar el poder del Estado.

Para no ir a épocas remotas recordaremos por ejemplo, la lucha de los barones ingleses contra la corona por las imposiciones feudales, que terminó con la Carta Magna, del siglo XII, en la que se puso en claro que nuca más el príncipe «per se», arbitrariamente, impondría nuevos gravámenes o aumentaría los existentes, que no fueran aceptados por una cámara de los comunes, es decir los representantes del pueblo, sujetos pasivos de los impuestos.

Este es el antecedente histórico que se impuso en la mayoría de las constituciones desde entonces para limitar el poder del absolutismo, en la nuestra figura en el artículo 52 que otorga a la Cámara de Diputados, que se integra con los representantes del pueblo, a diferencia de la de Senadores que representan a las provincias, el derecho de ser la Cámara de origen en los proyectos que prevean contribuciones y al Senado en la ley convenio de coparticipación de impuestos, que es la forma de distribuirlos (art. 75 inc. 2).

Pero la cuestión impositiva estuvo presente y fue causa de la lucha en todo el mundo contra el avance de quienes detentaban el poder, en nuestro caso tanto en la independencia norteamericana como así también en Hispanoamérica en cuyas guerras independentistas, el monopolio del comercio, las aduanas interiores y el contrabando tuvieron un lugar prominente.

Por eso cuando el Poder Ejecutivo tiñendo de electoralista a la medida dada la época, establece la reducción del IVA o del impuesto a las ganancias por decreto creemos que es inconstitucional y provoca un retroceso en el sistema de división de poderes, que además de designar para ello especialmente las Cámaras de origen, establece mayorías especiales para su sanción, con lo que los constituyentes pretendieron encerrar el tema y hacerlo de interpretación restrictiva.

Ahora, cuando la Corte Suprema falla, lo comprenderíamos si fuera que se fundamenta en su inconstitucionalidad, y deja sin efecto dicho decreto, pero no lo hace, deja vigente las medidas pero las carga a una sola de las partes de la puja distributiva entre la Nación y las Provincias, para no quedar mal popularmente, con toda seguridad, desbordándose demagógicamente y ordena que la Nación se haga cargo de la diferencia entendiendo que las disminuciones y exenciones son un alivio para el castigado pueblo en crisis, retorciéndose entonces como un ofidio y reptando se aferra a un rebuscado argumento para declarar constitucional la inconstitucionalidad.

El decreto es constitucional o inconstitucional, no medio constitucional.

Si es inconstitucional no se debería aplicar.

Es como decían mis abuelos, la niña está embarazada o no lo está, no puede estar medio embarazada.

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