Solida marcha de economía en Perú pese a dramáticos desajustes políticos

INTERNACIONAL

Formalización de la pequeña minería y  minería artesanal
Foto: Presidencia Perú

Lectura: 7 minutos

En un escenario de alta tensión política que parece no tener fin aunque por el momento hay cierta tranquilidad, la economía peruana completó 20 años consecutivos de crecimiento y estabilidad, aseguran economistas locales con respaldo de las cifras de los organismos internacionales.

Es decir, ni la caída del expresidente Pablo Kuczynski, quien fue sustituido el año pasado por su vicepresidente, Martín Vizcarra, tampoco impactó significativamente sobre la salud de la economía peruana.

Según los expertos entrevistados, una de las razones para esa trayectoria de crecimiento es el hecho de que Toledo, García, Humala y Kuczynski mantuvieron los principales pilares económicos del país: apertura de mercado, ambiente de previsibilidad para inversiones extranjeras, libre comercio, inflación y gastos bajos.

Otra clave para la estabilidad ha sido el comercio exterior.

Con cerca de 32 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) de cerca de US$211.000 millones, según datos oficiales, Perú diversificó su lista de exportaciones en los últimos años.

Más allá del histórico sector minero, Perú pasó a exportar oro ─gracias a las empresas chinas instaladas en su territorio─ y productos del ramo agroindustrial, el país es hoy uno de los mayores exportadores mundiales de aguacate (palta), espárragos y uvas.

El gobierno peruano acaba de anunciar, además, un memorando de entendimiento con China para unirse a su programa la Franja y Ruta, que prevé nuevos corredores terrestres y una ruta de navegación para uso comercial que van desde Asia hasta África, pasando por Europa Oriental.

«Hay quien dice que el problema es que dependemos demasiado del mercado asiático, a donde se envía el 47% de las exportaciones del país. Y cerca de 30% de ese total van solamente a China», explica el economista Carlos Aquino, de la Universidad San Marcos, de Lima.

«Pero también es verdad que en estos 20 años pasamos a exportar a otros mercados como el europeo, por ejemplo. La economía peruana ganó diversidad en esos años de estabilidad».

Según Aquino, al contrario de lo que ocurre en Venezuela, que depende del petróleo, y de México, que se apoya en Estados Unidos para sus exportaciones, la economía peruana diversificó su producción y mercados.

Otro sector que creció fue el turismo.

Con todo, el economista cree que Odebrecht sí tuvo un impacto en el rumbo de la economía del país.

Si no fuese por el caso Odebrecht, «podríamos estar creciendo en torno al 6% y no al 4%», señala.

Aquino destaca que el sector de obras públicas no está entre las principales actividades del país, pero que no deja de ser un motor para el crecimiento.

«El sector de obras públicas no llega ni siquiera al 3% del PIB peruano y este es uno de los motivos para que la economía continúe creciendo, aunque menos de lo que podría alcanzar (si no fuese por el caso Odebrecht)».

Una fuente del gobierno indicó que las obras afectadas por el escándalo eran fundamentales para mejorar la débil infraestructura del país. «Con más carreteras y puertos, el país podría ampliar sus exportaciones», dijo.

El analista político Alfredo Torres, director del instituto IPSOS de Perú, cree, sin embargo, que «se hicieron obras que no eran prioritarias».

«Se generaron empleos, pero en carreteras poco usadas, por ejemplo. Ahora, con las investigaciones, algunas obras fueron paralizadas y el proceso de licitación se volvió más complejo, lo que estancó la inversión pública y las asociaciones público-privadas en el área de infraestructura».

Para Torres, este freno tiene «naturalmente» consecuencias económicas y sociales.

«Un punto menos en el Producto Interior Bruto (PIB), como resultado de este freno en las obras públicas, significa menos empleo y menor recaudación fiscal para programas sociales, por ejemplo», dice el analista.

Pese al crecimiento estable, Perú enfrenta problemas profundos, que van más allá de la falta de infraestructura, como los altos índices de pobreza y de informalidad, aún cuando existe un ambiente propicio para las inversiones y tasas bajas de inflación (cerca de 2% anual).

En 2004, el índice de pobreza era de 58,7% en el país, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El año pasado este índice fue de 21,7%, mucho más bajo que en 2004, pero superior al 20,7% de 2016, lo que generó preocupación en sectores públicos del país.

Otro desafío permanente para los peruanos es el mercado del trabajo informal. En 2004, la informalidad llegaba al 80%. El año pasado estaba en el 65%, según datos oficiales.

«La informalidad estaba cayendo todos los años desde 2004. La mala noticia es que paró de caer en 2018», dijo el economista Elmer Cuba, de la consultoría Macroconsult, al periódico El Comercio de Lima.

Entre las obras de Odebrecht citadas en casos de corrupción en Perú está la autovía Interoceánica Sur, que une al país y a Brasil y fue concluida en 2010.

Varios presidentes están bajo acusación y pedidos de prisión preventiva por, supuestamente, recibir millones de dólares en sobornos de Odebrecht, por adjudicación de obras públicas, entre ellas la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

Además de la Interoceánica y del metro de Lima, por los que se señalaba al expresidente Alan García, Odebrecht tiene «unas veinte obras públicas en todo el país», según fuentes del gobierno peruano.

La lista incluye el gasoducto de Casemira y el puerto petroquímico, cuyas obras quedaron congeladas después del inicio de las investigaciones contra la empresa.

Fuentes del gobierno dijeron que la empresa «está frenando» sus inversiones en Perú desde que las autoridades empezaron a investigar el llamado «Club de la Construcción», como se conoce al grupo que involucra a la constructora brasileña y a representantes locales del sector de obras públicas.

Odebrecht admitió haber pagado US$29 millones de sobornos en Perú entre 2005 y 2014 a cambio de la obtención de contratos.

En febrero de este año, la constructora firmó un acuerdo de colaboración mediante el que se comprometió a dar información y pagar una indemnización de cerca de US$230 millones.

Para el analista Alfredo Torres, «es una novedad» el hecho de que la justicia no haya tenido que hacer frente a «interferencias» de los sectores políticos.

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