Crisis político-institucional en Ecuador bajo violenta presión de grupos indígenas

INTERNACIONAL

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Foto: Twitter

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Pese a los destrozos y la violencia callejera protagonizada por manifestantes de dudoso origen político, con policías lastimados y ocho de ellos secuestrados, la poderosa organización Amnistía Internacional reclama moderación al gobierno de Ecuador.

En un comunicado, la organización internacional denunció que hay casos de arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y tortura cometidos contra detenidos en las manifestaciones, que estallaron tras la eliminación del subsidio a los combustibles y otras políticas de austeridad. «Las autoridades ecuatorianas deben poner inmediatamente fin a la fuerte represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, e investigar de una forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias», señaló en el comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las protestas en Ecuador comenzaron el jueves pasado por el aumento de precio de la gasolina y la aplicación de otras medidas de ajuste, después de un acuerdo crediticio del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en marzo pasado.

Tras el inicio de las manifestaciones, el presidente Lenín Moreno declaró el Estado de Excepción, como marca la Constitución, para abrir paso a la intervención de las Fuerzas Armadas frente a una violencia desatada por grupos armados, encapuchados y enfrentando a la policía.

La sede del Gobierno ubicada en Quito, fue trasladada la capital, a Guayaquil, la ciudad más poblada del país. Hasta el momento hay, al menos, 824 detenidos por la ola de violencia en el país.

Amnistía Internacional también acusó a los «elementos de seguridad» de disparar de manera indiscriminada gases lacrimógenos contra la multitud y escopetas de perdigones, que incluso han afectado a mujeres embarazadas, menores de edad y personas mayores, cuya presencia en las violentas manifestaciones no se pudo explicar.

Aunque reconoció que también hay denuncias de actos violentos cometidos por manifestantes, la agrupación pidió a las autoridades tomar las medidas correspondientes para afrontar esos hechos sin dejar de garantizar el derecho a una protesta pacífica.

«Asimismo, deben respetar la libertad de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de una forma segura», añade Guevara Rosa en el comunicado. En el último episodio violento, una persona murió este miércoles tras choques entre manifestantes y fuerzas del orden en el centro de Quito durante una huelga nacional en la que participaron sindicatos, organizaciones sociales e indígenas y que se tradujo en masivos. Esa muerte se suma a otra ocurrida el fin de semana cuando un ciudadano que estaba en una manifestación fue atropellado en el sur del país y a la de tres personas que cayeron de un puente en Quito, según la Defensoría del Pueblo.

La Confederación de Nacionalidades Indígena de Ecuador (Conaie) se declaró este jueves «de luto» por esa muerte y en un mitin en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presencia de miles de indígenas, retuvo a ocho policías.

Decenas de manifestantes intentaron ingresar de forma violenta a la base militar de la Balbina ubicada en la ciudad de Sangolquí, a unos 30 kilómetros al norte de Quito, la noche del miércoles, según reportaron varios medios locales y confirmaron las Fuerzas Armadas de Ecuador.

El comandante de la Brigada de la Balbina, Edison Mogollón, dijo a Ecuavisa, afiliada de CNN, que luego de que circulara información en redes sociales de que el presidente Lenín Moreno se encontraría en la base, los manifestantes se organizaron para irrumpir en el lugar. Según Mogollón, el presidente no se encontraba en el recinto militar.

La cadena de televisión de Buenos Aires TN denunció el secuestro de un equipo de tres periodistas de televisión que se encontraba cubriendo las noticias en el Parlamento de Quito por un comando indígena que pretendía censurar el material grabado.

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