Cárcel para políticos catalanes que intentan dividir España

ESPAÑA

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Juicio del «Procés» en Tribunal Supremo, Madrid / Foto: Juan Antonio Segal

Lectura: 4 minutos

El Tribunal Supremo de España ha condenado el lunes a penas de entre nueve y 13 años a los líderes independentistas de Cataluña.

Los acusados, fueron declarados culpables por el denominado «procés», un conjunto de acciones orientadas a la celebración de un referéndum de autodeterminación que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017.

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat (Gobierno regional de Cataluña) ha sido condenado a 13 años de prisión por sedición en concurso real con malversación de fondos.

Los que fueran consellers (consejeros al frente de distintos departamentos del Gobierno regional), Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, han sido condenados a 12 años cada uno por los mismos delitos.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña, ha sido condenada a 11 años y seis meses, mientras que los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull han sido condenados a 10 años y medio por sedición, pero no por malversación.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (exlíderes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural) han sido condenados a 9 años por sedición.

Cientos de personas realizaron cortes de carretera en distintos puntos de Barcelona en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de condenar por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

Los estudiantes universitarios bloquearon la avenida Diagonal de Barcelona.

La mayor condena recayó sobre el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición agravado por otro de malversación.

Los tres acusados por malversación que no estaban en prisión preventiva como el resto, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borrás, han sido absueltos de este delito, pero condenados por desobediencia a un año y ocho meses de inhabilitación, con una multa de 60.000 euros.

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha publicado un tuit para dejar sentada la posición del gobierno socialista, resaltando la fortaleza de la democracia española.

«España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros», escribió.

«Esta es la España de verdad. Y la hemos hecho juntos, ciudadanía e instituciones. Desde la convivencia, el respeto y la ley», añadió.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) que la sentencia no respondía a un Estado vengativo y resaltó la independencia del poder judicial.

«Tenemos un poder judicial independiente, con unos estándares homologables al nivel de las democracias más avanzadas y este es un Estado de derecho, no un Estado vengativo», dijo.

El ministro de Fomento manifestó su «respeto, acatamiento y cumplimiento» de la sentencia, al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

Las primeras reacciones desde Cataluña se han materializado con cortes de carreteras y concentraciones en varios puntos de la región.

La sentencia fue extensamente tratada en todos los diarios de España, y por supuesto en los países europeos.

El editorial del diario El País entiende que «La sentencia dictada resulta de la aplicación de las leyes en un Estado de Derecho no de un juicio parcial ni de una venganza».

«La versión del Supremo sobre el 1-O es que los dirigentes separatistas engañaron a unos ingenuos seguidores, haciéndoles creer que iban a proclamar una bonita república, cuando en realidad solo querían movilizarlos para así presionar al gobierno de España a sentarse a negociar la independencia de Cataluña» (Cristina Losada, opinión, Libertad Digital).

La justicia española además volvió a reiterar el pedido de captura del jefe de los rebeldes, Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña.

Exiliado en Bélgica, Puigdemont dijo después de conocerse la sentencia que «nada nos apartará de nuestras convicciones» y convocó a la población catalana a «movilizarnos sin miedo, tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz el 10-N», en referencia a las próximas elecciones regionales.

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