Guerrilla comunista de Filipinas acosada por pandemia

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La guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), brazo armado del ilegalizado Partido Comunista de Filipinas, adoptará un alto el fuego tras el llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha pedido el lunes una tregua mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus.

Jose Maria Sison, líder de la formación ilegalizada y del NEP, anunció este martes (24.03.2020) que ha recomendado un alto el fuego unilateral a sus tropas tras la petición de la ONU.

Las bases del NEP deben «abstenerse de lanzar ofensivas tácticas para poder luchar contra la pandemia de COVID-19 y velar por la salud y bienestar general», indicó Sison en un comunicado.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, declaró la semana pasada un cese el fuego unilateral en su lucha con el NEP para que el Ejército se centre en la respuesta a la pandemia de COVID-19, pero Sison rechazó entonces corresponder la medida al considerarla una trampa para cometer violaciones de derechos humanos.

Ahora Sison ─autoexiliado en Holanda desde hace tres décadas─ ha cambiado de opinión tras el llamamiento este lunes de Guterres a un «alto el fuego global entre partes beligerantes» en medio de la amenaza del coronavirus.

«Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común: el COVID-19», defendió Guterres en una conferencia de prensa virtual, en la que subrayó que es momento de parar todos los conflictos para centrarse en «la verdadera lucha de nuestras vidas» y que los países afectados por guerras, con sistemas de salud destruidos y con multitud de desplazados y refugiados, son especialmente vulnerables al virus.

El anuncio se produce después de que el Congreso de Filipinas aprobase este martes una ley que declara la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 y otorga poderes especiales a Duterte, quien podrá adoptar medidas urgentes sin consultar al Legislativo e incluso intervenir algunas empresas privadas.

Después de intensas deliberaciones que comenzaron la víspera, la Cámara de Representantes y el Senado unificaron sus versiones de la ley, que ha generado una gran controversia y suscitado críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos.

Filipinas ha confirmado 501 casos de COVID-19 y 33 muertes, aunque se estima que hay miles de casos sin detectar ante la falta de medios en un país donde millones de personas viven hacinadas.

Con 106 millones de habitantes, Filipinas sólo ha realizado desde enero unas 1.600 pruebas de diagnóstico.

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