INTERNACIONAL
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Cuba, China y Rusia son los nuevos miembros. La Asamblea General de Naciones Unidas eligió el martes a los nuevos 15 integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una votación a la que la mayoría de los candidatos, con excepción de los que concurrían por el grupo de Asia y el Pacífico ─China, Arabia Saudí, Nepal, Pakistán y Uzbekistán─, tenían prácticamente su plaza asegurada al no contar con competidores.
Cuba se presentaba sin oposición junto a México y Bolivia a las tres plazas vacantes para el conocido como grupo de Latinoamérica y el Caribe, que ya había mostrado el respaldo a los tres países y que únicamente esperaban la confirmación oficial de la Asamblea General.
A pesar de esto, la opositora cubana Rosa María Payá urgió el viernes a la comunidad internacional, especialmente a los países europeos y americanos, a votar contra la candidatura de La Habana. «Les urgimos a votar contra la dictadura cubana para el órgano más importante de derechos humanos», señaló Payá, en un acto virtual organizado por la ONG UN Watch.
El mismo caso se dio con Rusia, que junto a Ucrania, concurría a una de las dos plazas reservadas a los países de Europa Oriental, con lo que su lugar estaba casi garantizado.
HRW había solicitado a los 192 países con derecho a voto que no respaldaran las candidaturas de estos tres Gobiernos, además de la de Arabia Saudí, que, finalmente se quedó fuera al no conseguir los apoyos suficientes dentro del grupo de Asia y el Pacífico, el único en el que había más candidatos (cinco), que plazas disponibles (cuatro).
Las denuncias contra los nuevos miembros son constantes.
A fines de 2016, el gobierno comunista chino comenzó a actuar con mayor rigor contra los uigures, una minoria de culto musulmán. Desde entonces, se ha construido una red de campos de trabajo y cárceles.
Se estima que al menos un millón de personas se encuentran internadas en estos recintos.
Literalmente, desaparecen del mapa. Muchos son repartidos en fábricas para realizar trabajos forzados. Cualquier persona que sea liberada del campamento, será vigilada al centímetro por el gobierno.
En Nicaragua la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denuncio el mes pasado al Estado de Nicaragua de seguir violando los derechos humanos de la disidencia y de mantener ataques contra la Iglesia Católica y los medios de comunicación, en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La UNAB, uno de los organismos que conforma la Coalición Nacional, advirtió en un informe que esos abusos a opositores «apuntan a agudizarse en el 2021», cuando está previsto que se celebren elecciones generales en Nicaragua.
