Opina Calabrese: La Economía Justicialista (II)

OPINIÓN

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Fabrica Militar de Aviones en Cordoba, Argentina. / Foto: Unknown author

Por Antonio Calabrese, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar.

Lectura: 17 minutos

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO ELECTO ( PRIMER PLAN QUINQUENAL ): sobre la base de los datos recopilados por el «Consejo Nacional de Pos Guerra» que había reunido por primera vez en el país una completa y sistemática información y estadísticas de los principales problemas económicos y sociales se elaboró un plan para enfrentarlos.

El 21 de Octubre de 1946 el Presidente expone ante el Congreso el Primer Plan Quinquenal, más allá de cualquier crítica, fue la expresión rápida de un país que se encaminaba a la catástrofe de no producir un fuerte golpe de timón.

Estaba fundado en las siguientes medidas de política económica y social: 1) Concepción y ejecución de un plan de desarrollo integrado; 2) eliminar al máximo posible los factores de vulnerabilidad externa; 3) elevar el nivel de vida de la población; 4) destinar parte de las ganancias generadas por los términos del intercambio excepcionalmente favorables y utilizar las reservas de oro y divisas acumuladas durante la guerra para la financiación del programa; 5) Mantener una política autónoma frente a los organismos internacionales de posguerra; 6) acelerar la capitalización industrial, fomentar un mercado interno más importante y utilizar con fluidez el sistema bancario, para lo cual se había nacionalizado el Banco Central, apoyado en una política de comercio exterior muy vigorosa y dando a la industria el impulso que la Nación reclamaba.

Se anunciaba como complemento un vasto plan de inversiones estatales en el orden de los 6.662,70 millones de pesos del momento, en los siguientes rubros: Acción Social; Salud Pública; Acción agraria y forestal; Combustibles, energía y agua; Transportes y comunicaciones; Obras sanitarias; Edificios públicos.

LA POLÍTICA INDUSTRIAL: Si bien Carlos Pellegrini, en 1875 había comenzado con la prédica industrialista, abogando por la tesis proteccionista, recordándose que en el debate por un proyecto de Ley de Aduanas sostuvo, la síntesis de su pensamiento: «Todo país debe aspirar a dar desarrollo a su industria nacional; ella es la base de la riqueza, de su poder y de su prosperidad; y para conseguirlo, debe alentar su establecimiento allanando en cuanto sea posible las dificultades que se opongan a él» su propuesta no había prosperado hasta avanzado el siglo siguiente.

Recién fue en la primera guerra mundial donde se recibió el primer impulso para su desarrollo, lamentablemente destruido a la finalización de aquella.

Allí se percibió claramente que el conflicto, al suspender los abastecimientos, empujó a la creación de una industria, de productos manufacturados, aunque de manera desordenada.

Las alimenticias (frigoríficos, molinos, las aceiteras a partir del maní, en especial, crecieron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, etc.) así como las mecánicas y metalúrgicas, ampliaron su capacidad productiva casi obligatoriamente, constituyendo una verdadera columna vertebral para el complejo fabril.

Las medidas protectivas no existieron, no se previeron y terminada la guerra, todo volvió al tiempo anterior, aunque hubiera bastado, tal vez, una política aduanera más comprensiva.

Se les dio muerte deliberadamente pensando que con ello se impedía la desprotección del sector agrario.

Se empezaron a importar por ejemplo, maquinas agrícolas, o productos de ferretería, libres de derechos, compitiendo con la fabricación local, destruyendo a esta y a la inversa se gravaron los insumos necesarios para la producción nacional de cientos de productos.

Se importaron abiertamente aceites de Italia y de España, en el mismo momento que estos países rechazaban nuestras carnes, de manera inconcebible, mientras ocurría lo mismo con los lavaderos de lana, las fábricas de tejidos y de vidrios.

Se obvió deliberadamente una adecuada política crediticia y una educación tendiente a la formación de técnicos y a la capacitación de la mano de obra.

Algo parecido estaba pasando durante el período de la segunda guerra, pero el gobierno de facto de 1944 dictó el decreto 14.630, limitando la importación de artículos para la venta interna, otorgando facilidades para la importación de materias primas y maquinarias utilizadas en la industria del país, fundando paralelamente el Banco de Crédito Industrial, que otorgaba créditos no en base a la solvencia del deudor sino atendiendo a la actividad a desarrollar, con los que durante el quinquenio 1946/1951 se crearon y ampliaron más de 20.000 establecimientos industriales, la garantía quedaba reducida al objeto de la acción y a los elementos incorporados a la producción (construcciones, instalaciones, maquinaria, etc.). El plan quinquenal, instalado el gobierno, en este aspecto se completaba con el régimen de cambios exteriores, con tipos de cambios diferenciales a la importación y exportación, apoyado en la Ley de Aduanas 12,964/47; se fomentaron las negociaciones bilaterales incluyendo listas de comercio reciproco con productos elaborados en el país; se dictaron medidas para facilitar la inversión del capital extranjero por decreto 3348/48 con la finalidad de seleccionar y encauzar la radicación de industrias; también se impusieron medidas especiales para el desarrollo de la industria aceitera; se fomentó la inmigración seleccionada de profesionales, técnicos y obreros especializados. Y también se instalaron escuelas técnicas para la instrucción de la juventud argentina en oficios que permitían una salida laboral adecuada.

Carlos Emérito González, hace una reseña de la actividad fabril del período marcando la preponderancia de la DINIE, constituida en 1947 y estatuida por decreto 8130 de 1948, ratificado por ley posterior.

Allí se centralizaron los controles de las distintas actividades industriales que había asumido el estado a las que convenía mantener en la órbita de empresas privadas. Se conformó entre otras con las industrias alemanas expropiadas por cuestiones del estado de guerra; con Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas; con la Destilería de alcohol anhidro y la Corporación de Tejeduría Doméstica que eran propiedad estatal.

En 1947 incorporó 25 empresas más, que estaban descapitalizadas hasta totalizar en 1949 cerca de 40 en distintos rubros: Químicas industriales y farmacéuticas; metalúrgicas; constructoras; y electromecánicas.

La DINIE pudo registrar en 1956 una utilidad de 200 millones de pesos y un patrimonio de 3.500 millones, aunque luego de los golpes de estado el auge privatista malvendió a muchas de aquellas empresas produciendo una perdida no solo patrimonial sino de impulso a la actividad.

En 1943 se creó la Dirección General de Energía; en 1946 la Dirección de Centrales Eléctrica del Estado que se fusionaba con la Dirección General de Irrigación; y en 1947 también, algunos servicios eléctricos provinciales originando con posterioridad a la empresa del Estado «Agua y Energía».

Se registró una intensa actividad en la fábrica militar de aviones de Córdoba, fundada en 1927 y sin contar las que mencionaremos en el segundo plan, se puede acreditar que se invirtieron en industrias manufactureras, minería y construcción en 1945: 16.656,80; en 1946: 17.074,10; en 1947: 19.963,20; en 1948: 22.783,40, todos ellos calculados en millones de pesos según cotización de 1950.

Luego señala un cuadro interesante en el que demuestra que las empresas creadas por el estado YPF; Agua y Energía; Gas del Estado; Adm. De Puertos; y Entel fueron superavitarias no así, en cambio, las adquiridas como Flota Marítima, Flota Fluvial; Aerolíneas; Subterráneos; Ferrocarriles; y la empresa carbonífera.

LA POLÍTICA AGROPECUARIA: El circulo vicioso que había atrapado al productor agrícola, generalmente inmigrante, colono, no tenía legislación protectiva y estaba a merced de una cadena diabólica que se apoderaba de sus posibles ganancias.

Esta comenzaba con la entrega de su producción al comerciante del pueblo, que servía de banquero y le proveía de vituallas, semillas y otras necesidades para su subsistencia y trabajo, todas ellas a precios que fijaba sin control alguno el comerciante, siempre por encima de la media. A su vez este compraba la cosecha al productor en nombre de algún acopiador que vendía a comisionistas, especuladores y exportadores de granos.

Como el comercio era de ultramar, el precio final flotaba hasta la adquisición del comprador externo, luego cubierta esa larga cadena de intermediación quedaba el mínimo de redito final para el productor.

El régimen adquiría una característica medioeval. El volumen final de la exportación de granos estaba solo en manos de cuatro firmas: Bunge y Born Ltda., el 30,90%; Luis Dreyfus y Cía. 24,20%; La Plata Cereal Co. El 14,80%; y Luis De Ridder Ltda. El 17,50%.

Sobre un total de 44,5 millones de toneladas, en el lapso de 1936 a 1939 esas cuatro empresas habían exportado el 82,5% o sea 36,8 millones de toneladas.

Esto establecía una especie de oligopolio o control de la demanda en que quedaban atrapados todos los intermediarios de la serie y en especial el productor.

Sin embargo y a pesar de que no habían cubierto las expectativas, gobiernos anteriores, ante la irregularidad del sistema en 1933 crean por decreto la Junta Nacional de Granos, transformada luego en Junta Reguladora de la Producción Agrícola, y en 1935 se sanciona la Ley de Granos y Elevadores 12.253.

La fijación entonces de un precio mínimo a la cosecha no benefició a los productores sino a los dueños de la tierra, porque mientras se depreciaba el valor de los granos, por ejemplo, aumentaba el valor de los arrendamientos.

En este sentido, preparando el ingreso del primer plan quinquenal, el gobierno de 1944, sancionó el decreto 10.107/44 que declaró de utilidad pública el uso de levadores de granos, cargadores, galpones, tinglados, maquinas, utilajes, y demás dependencias portuarias que se utilizan en la recepción, almacenamiento, acondicionamiento, y embarque de granos.

El panorama se vio complicado además por la segunda guerra mundial pues los beligerantes habían organizado sus abastecimientos de productos primarios mediante la creación de organismos estatales que operaban solos o combinados, como el «Combined Food Board» constituyendo verdaderos «carteles».

Finalizada la guerra, los triunfadores montados sobre una ola inflacionaria suben los precios de los productos manufacturados, pero no de los primarios y los países productores de estos no tienen otra solución que crear monopolios estatales en defensa de sus productores y así por ejemplo Canadá lo hace mediante la «Canadian Wheat Board» (Junta Canadiense del trigo); Australia con la «Australian Wheat Board» (Junta Australiana del trigo); y la propia Estados Unidos mediante la «Commodity Credit Corporation» (Corporación del Crédito Agrícola).

En la Argentina ese organismo fue el IAPI, por lo que la crítica al monopolio estatal de la comercialización de la producción agrícola, no se justificaba a tenor de los ejemplos internacionales.

De las ventajas pueden enumerarse: 1) el productor al encontrar un comprador único y a precio oficial y uniforme se independizaba de la perniciosa cadena de intermediación; 2) Para el país representaba un importante instrumento para defender los términos del intercambio; 3) el estado se hacía de las ganancias que en otra época quedaban en poder de los grandes monopolios internacionales, pudiendo reinvertir las mismas en fomento de la actividad. En los años 1946/47 las utilidades en la comercialización del trigo ascendieron a 363 millones de pesos; en el año 1948: a 532 millones de pesos, y el maíz, por su parte 89 y 464 millones de pesos respectivamente.

Los precios de compra se fijaban previamente teniendo en cuenta la estructura de costos.

No obstante, al cambiar las condiciones del mercado internacional superadas las vicisitudes de las posguerra, no fue la misma en los años siguientes.

A partir de 1953, las actividades del IAPI se fueron trasladando a las cooperativas agrarias, las que comercializaban antes de la cosecha 1952/53 el 28% de la producción y ya en la de 1954/55 se llegó al 51,40% mientras el número de entidades que en 1949 sumaban 258 hacia el final del período creció a 696 pasando a tener en su integración de 85.000 a 223.724 asociados.

También a partir de 1953 se redefinió la política agropecuaria de los estados, y se adoptaron distintas soluciones: los países más liberales dejan al productor a las contingencias del mercado que con sus fluctuaciones y tendencia a la baja de los precios se vieron afectados; otra solución fue la que se adoptó, en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se aplicó una política compensatoria a fin de que el productor no se viera damnificado por las oscilaciones del precio; a diferencia de ellos la Argentina prefirió adoptar una política coordinada que incluía una serie de medidas para incrementar la producción por hectárea que llevara a una reducción de los costos. 1) hubo una política de precios básicos atendiendo a los costos de producción, para lo cual no se modificaron los tipos de cambio para la adquisición de insumos importados (combustibles, arpillera, hierros y su manufacturas, etc.) y se procedió a subsidiar directamente la exportación cuando el nivel de precios internacional decaía; 2) Se organizó un plan de inversiones estatales que iban desde la producción de semillas a su entrega o venta en precios promocionales, hasta la difusión del uso y adquisición de fertilizantes y abonos; 3) se dispuso un plan general de distribución y almacenamiento a granel de las cosechas con la construcción de 26 elevadores de campaña; 31 plantas de silos subterráneos; se fomentó la construcción de silos en chacra; e incrementar el desarrollo del cooperativismo; iniciándose un vasto plan de mecanización rural.

En materia ganadera después de las graves sequías de los años 50/52 se dieron créditos para la repoblación de los campos, se impedía el sacrificio indiscriminado de vientres, se tendió a una estabilidad de los costos que se alcanza hacia 1952, y se sostuvo un nivel de precios remunerativos.

En el período de ambos planes se llegó de 32.211.855 cabezas de vacunos en 1930 a 46.940.280 hacia 1956 habiéndose superado la crisis de las sequías del año 1952 que hizo perder dos pariciones casi completas.

Solo como un ejemplo, después del auge de los planes quinquenales el gobierno que le siguió en el período 1959/1960 apenas llegó en el trigo a una superficie cultivada de 4.740.000 has. la más baja registrada en el país en los 40 años anteriores.

También no debe dejar de recordarse a fin de evaluar las críticas al IAPI y su funcionamiento que tanto en los procesos judiciales que se iniciaron después de 1955 como en las investigaciones de la llamada Junta de Recuperación Patrimonial, de decidido carácter revanchista, no solo quedaron levantadas, sin cargo alguno, las acusaciones formuladas de favoritismos o negociados, sino que no se pudo acreditar la comisión de ilícito o delito alguno.

Como una reflexión final cabe recordar la expresada por Archibaldo Lanús , en una de sus importantes obras «La Argentina Inconclusa»: «El Primer Plan Quinquenal contiene preceptos en ese sentido inspirados en las más modernas doctrinas del Derecho Público, que imponían “nuevos conceptos sobre las obligaciones del Estado”. El plan de 1947 se inspiró en experiencias como el Plan Marshall del Canadá, los planes Warren de la Junta de Seguridad Social y la Junta de Planificación de los Recursos Naturales de los Estados Unidos y del muy célebre plan Beveridge de Gran Bretaña. También fueron permanentes las inspiraciones en New Deal de Roosevelt y la doctrina pontificia de León XIII. Perón buscaba una doctrina superadora del individualismo capitalista y del socialismo colectivista».

CONCLUSIÓN: El quinquenio fue absolutamente revolucionario y cambio la fisonomía del país. La industrialización había dado trabajo al crecimiento demográfico y había cambiado con salarios dignos y justos los niveles de vida de la población, agregándole los derechos sociales que brindaban cobertura a sus necesidades de salud, esparcimiento y educación. La distribución del ingreso neto interno llegó a los picos máximos de su historia, según el Boletín Estadístico del Banco Central, alcanzando en 1952 la remuneración del trabajo el 61% y el capital el 39%, reconocido por otra parte en el informe Prebisch, aunque fue tratado de ocultar por los gobiernos posteriores.

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