ESPAÑA

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La ministra española de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya, defendió el jueves (23.4.2021) la política realista que España debe mantener en Venezuela como única vía para lograr «modificar la situación» política del país.

«Para tener un diagnóstico preciso de la realidad hay que hablar con todos los actores implicados y para contribuir a modificar esa misma realidad es preciso tener interlocución con aquellos actores que tienen la capacidad de producir cambios», subrayó la ministra en el parlamento español.

En su opinión, la política que «se limita exclusivamente a reiterar declaraciones de principios tiene, lamentablemente, poco impacto en modificar la realidad», por lo que, para «ser verdaderamente eficaz», es preciso «ser realista» y reconocer que «la verdad es la que es y no la que nos gustaría que fuese».

González Laya explicó así la incomoda posición del gobierno socialista de dialogar con el Gobierno de Venezuela, pese al resultado de elecciones consideradas no democráticas ni justas por la Unión Europea.

La ministra española señaló que se trata de cumplir dos grandes objetivos: defender los intereses de los 150.000 españoles que residen en el país y de las empresas españolas y ocuparse de las decenas de miles de venezolanos residentes en España, y contribuir «de forma constructiva a una salida negociada que permita superar la grave crisis que atraviesa Venezuela y garantice su retorno a la democracia».

En ese contexto, explicó, es que tuvo lugar el reciente viaje a Caracas de la secretaria española de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, que ha servido para identificar tres áreas de preocupación: la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral que va a ser designado próximamente tenga una composición equilibrada y que se restituya el control de los partidos de oposición a sus legítimas autoridades; garantizar el acceso de Venezuela a las vacunas contra el coronavirus, como también de las ONG, y a las operaciones del Programa Mundial de Alimentos.

También preocupa la situación de los españoles que son presos «políticos», las necesidades de la colectividad española y que se permita que las compañías aéreas españolas que tengan «el deseo y la capacidad» de efectuar la ruta Madrid-Caracas lo puedan hacer en igualdad de condiciones entre sí.

La ministra no hizo referencia al nuevo ataque a la prensa del gobierno del presidente Maduro que pretende incautar los bienes de un histórico diario venezolano.

Los expresidentes y exjefes de Gobierno que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) rechazaron el lunes (19.04.2021) la sentencia judicial que ordena al diario El Nacional de Venezuela, pagar una indemnización de más de 13 millones de dólares por daño moral al número dos del chavismo Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen y efectivamente quien gobierna el país.

Los exgobernantes se refirieron en una declaración conjunta a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) contra el diario venezolano como compensación por el «daño moral» contra Cabello, indicando que el fallo es un sometimiento a «los designios del régimen dictatorial de Nicolás Maduro».

De acuerdo con la sentencia del pasado viernes emitida por la sala de casación civil, el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros ─una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos─ al valor de cambio del día.

Los expresidentes subrayaron que, «ante los fallidos intentos por acallar a un medio como El Nacional, se recurre hoy a la intervención de una justicia sometida a la voluntad del régimen para infligirle un grave daño económico».

En el mismo sentido se pronunció hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al calificar el fallo de «grave atropello» y «expoliación».

«No sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político y el gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida», resaltó el presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati, citado por El Nacional.

Para los exmandatarios, la decisión «sesgada» del «ilegítimo» TSJ «se origina en un juicio penal por difamación, que nunca avanzó».

Recordaron que la «Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido precisa al condenar por violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos las iniciativas judiciales contra el diario El Nacional y otros medios venezolanos, con las que se ha intentado censurarlos en el pasado».

En ese sentido solicitaron la «intervención de las distintas instancias de derechos humanos y de protección de la libertad de prensa a nivel regional e internacional».

Entre los firmantes están Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, de Ecuador, y Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Álvaro Uribe, de Colombia.

De igual forma José María Aznar (España), Mauricio Macri (Argentina), Eduardo Frei (Chile), Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

También suscribieron la declaración de IDEA Vicente Fox (México), Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá) y Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

El Nacional calificó el fallo como una «persecución política» y alertó de que Cabello tiene la «intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación».

Cabello demandó al diario en 2015 después de que el medio replicara un reportaje del diario español ABC en el que su exjefe de escoltas lo vinculaba con negocios de narcotráfico.

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